El Grupo Vasco apoya las medidas contra ETA explicadas por González en el Congreso, "aunque no nos gustan"
El presidente del Gobierno, Felipe González, explicó ayer ante el Pleno del Congreso, en sesión informativa, las medidas que su Gabinete ha decidido adoptaar para la lucha contra la reciente escalada del terrorismo. En las intervenciones posteriores a las palabras del jefe del Ejecutivo, el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Marcos Vizcaya, expresó el apoyo de su partido, el Partido Nacionalista Vasco, a las actuaciones emprendidas por el Gobierno. "Son los terroristas", dijo, "quienes obligan a recurrir a unas medidas que no nos gustan".
El presidente, del Gobierno, Felipe Gonzále...
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El presidente del Gobierno, Felipe González, explicó ayer ante el Pleno del Congreso, en sesión informativa, las medidas que su Gabinete ha decidido adoptaar para la lucha contra la reciente escalada del terrorismo. En las intervenciones posteriores a las palabras del jefe del Ejecutivo, el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Marcos Vizcaya, expresó el apoyo de su partido, el Partido Nacionalista Vasco, a las actuaciones emprendidas por el Gobierno. "Son los terroristas", dijo, "quienes obligan a recurrir a unas medidas que no nos gustan".
El presidente, del Gobierno, Felipe González, anunció ayer ante el Pleno del Congreso que se dará un trato "excepcional" a los terroristas, y que se unificarán en un sola ley, con carácter temporal, el conjunto de medidas contra las bandas armadas. "Este Gobierno no permitirá que vivan tranquilos quienes amparan el terror y el crimen", dijo el jefe del Ejecutivo.González anunció que los fiscales estarán dispuestos, si llega el caso, a declarar fuera de la ley a determinadas asociaciones políticas y a revisar la legislación en esta materia. De la misma manera, el Gobierno se muestra dispuesto a revisar la legislación electoral, si ello es necesario.
En su discurso ante el Pleno del Congreso de los Diputados, inaugurando una sesión informativa en torno a las medidas antiterroristas recientemente aprobadas, el presidente del Gobierno no detalló exactamente estas actuaciones, aunque se refirió al traslado de presos etarras; al agravamiento de penas en los delitos cometidos por bandas terroristas; y a modificaciones en la legislación procesal, como facilitar que los jueces prolonguen la prisión provisional de un detenido durante los 30 meses previstos por las leyes.
Peticiones a Francia
Felipe González se refirió a la necesidad de que todos los jefes de Gobierno occidentales colaboren para luchar contra el terrorismo y, más concretamente, anunció que pedirá a Francia el traslado de todos los etarras allí refugiados a lugares distintos del país vecino y, si fuese posible, su expulsión del territorio francés. El presidente afirmó que siempre preferiría esta posibilidad a la más complicada de solicitar extradiciones.
"Pediré a París que se nos conceda el mismo trato que el conseguido en el acuerdo antiterrorista franco-alemán", dijo González, y reiteró que pedirá a las autoridades de París la aplicación del convenio de Ginebra de 1951 para considerar a los terroristas delincuentes comunes. Criticó de pasada la actitud del país vecino, con el que, en cualquier caso, reconoció que se ha mejorado la cooperación policial.
El jefe del Gobierno fue aplaudido por toda la oposición, comenzando por el propio Manuel Fraga, cuando rechazó explícitamente cualquier negociación con los terroristas: "La puerta de la negociación está definitivamente cerrada. Que pierdan la esperanza en una vía en este sentido. Los estatutos, las libertades ya existentes, los toman o los dejan, pero no habrá componendas". Insistiendo más tarde en la necesidad de una cooperación internacional contra el terrorismo, González reveló que algunos miembros de ETA han sido sorprendidos realizando contrabando de armas.
El presidente insistió en que su llamamiento se dirige más hacia una convivencia en paz que a lanzar amenazas contra nadie: "No caeré en la tentación de dar tratamientos excepcionales respecto a ciudadanos que nada tengan que ver con el fenómeno terrorista".
"La obligación del Gobierno y de esta Cámara es poner en marcha mecanismos de defensa para que el cáncer de la violencia no siga golpeando al país", dijo el presidente, para quien las medidas políticas de reconciliación y .entierro a los demonios familiares de los españoles" puestas en práctica durante la transición no sirvieron para erradicar el terrorismo. "Quiero evitar la tentación de que se pidan medidas políticas", dijo. Esta frase originó posteriores críticas del representante de la Minoría Vasca, Marcos Vizcaya, y del comunista Santiago Carrillo, para quienes el diálogo con el Gobierno autónomo vasco resulta esencial en la lucha contra la violencia.
No obstante, Marcos Vizcaya mostró el apoyo de su grupo a las medidas adoptadas por el Gobierno. El portavoz vasco afirmó que esas actuaciones contribuirán a la consolidación la democracia, y recalcó que se toman desde la legitimidad de las urnas. Vizcaya negó que las medidas políticas adoptadas hasta ahora no hayan supuesto avances contra el terrorismo, y pidió que técnicos en terrorismo investiguen "quién es realmente ETA", cuáles son sus móviles y quién le suministra armas.
Fraga, contra HB
Manuel Fraga, jefe de la oposición conservadora, solicitó, sin citar expresamente a esta coalición, la ilegalización de Herri Batasuna, y en una defensa, tampoco explícita, de los métodos conocidos como guerra sucia: "El terrorismo es el que hace la más sucia de las guerras. Nosotros pensamos que es buena la política de no dejar vivir tranquilos a quienes hacen la apología del terrorismo". Fraga negó haber sido informado por el presidente del Gobierno, en su reciente entrevista con éste, de las medidas antiterroristas específicas que prepara el Ministerio del Interior. Desmintió así una crítica anterior de Carrillo y las alusiones de otros representantes de las minorías. Carrillo había dicho que "no será con medidas pactadas con el señor Fraga como se resuelva el problema terrorista".
Coherente con su pensamiento de que "nos encontramos ante una guerra revolucionaria", el presidente de Alianza Popular se lamentó de que se haya dado marcha atrás en medidas como el control de las viviendas y de que no se haya progresado más en puntos como la prohibición de pagar rescates, la lucha contra los mediadores, disposiciones sobre "terroristas supuestarnente arrepentidos", o el cierre de medios informativos como Egin y Punto y Hora de Euskal Herría.
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