La comarca de Sagunto, zona de preferente localización industrial y agroalimentaria

El Consejo de Ministros declaró ayer el área de Sagunto zona de preferente localización industrial y agroalimentaria. Con este plan se tratará de paliar los efectos negativos de la reconversión industrial. El Consejo no aprobó la ley de Bases de la Administración Local como se esperaba, y se estima que ello obedece a que es una de las leyes incluídas en el apartado 1.18 del del artículo 149 de la Constitución, que Felipe González se comprometió a pactar con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. El Gobierno, según manifestó su portavoz, podría solicitar a Gran Bretaña la extradi...

El Consejo de Ministros declaró ayer el área de Sagunto zona de preferente localización industrial y agroalimentaria. Con este plan se tratará de paliar los efectos negativos de la reconversión industrial. El Consejo no aprobó la ley de Bases de la Administración Local como se esperaba, y se estima que ello obedece a que es una de las leyes incluídas en el apartado 1.18 del del artículo 149 de la Constitución, que Felipe González se comprometió a pactar con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. El Gobierno, según manifestó su portavoz, podría solicitar a Gran Bretaña la extradición del empresario Ruiz-Mateos y a Costa Rica la del etarra Gregorio, Jiménez Morales, alias el pistolas.

Las medidas encaminadas -a resolver el problema planteado con la reconversión de Altos Hornos del Mediterráneo contemplan beneficios para cualquier tipo de actividad industrial. Según el acuerdo del Consejo de ministros, las empresas que se acojan a la declaración de zona de prefente localización gozarán de subvenciones, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de hasta un 30% de las nuevas inversiones en activos y fijos, indemnizaciones de hasta un 100% del importe del desmontaje, transporte y montaje de los bienes que se trasladen a Sagunto, y preferencia para la obtención de crédito oficial.Asimismo se establecen la expropiación forzosa para los terrenos necesarios y una serie de beneficios fiscales, entre ellos, bonificación de hasta el 95% del ITE, libertad de amortización durante los 5 primeros años y reducciones del 95% de la cuota de licencia fiscal.

Al menos 17 municipios de Valencia y cuatro de Castellón se verán beneficiados. En la provincia de Valencia, los municipios considerados de preferente localización industrial y agroalimentaria son: Alvalat dels Taronjers, Algar de Palancia, Algimia de Alfara, Alfara de Algimia, Benavites, Benifairó de les Valls, Canet de Berenguer, Cuart de les Valls, Cuartell, Esquivella, Faura, Gilet, Petres, Puzol, Sagunto, Segart y Torres-Torres.

En la provincia de Castellón, la declaración establece como municipios de preferentes localización industrial los de Almenara, Chilches, La Llosa y Moncófar. También podrán considerar incluidos en la zona de preferente localización industrial o agroalimentaria, de acuerdo con la declaración, los municipios limítrofes a los señalados, "siempre que así lo justifique la importancia de las inversiones a realizar en cada caso".

En el terreno económico el Gobierno acordó también autorizar un gasto por importe de 2.500 millones de pesetas destinados a subvencionar a las empresas acogidas al Plan de Reconversión de la Siderurgia Integral, que se repartirán entre Ensidesa (1.525 millones), Altos Hornos de Vizcaya (775 millones), y Altos Hornos del Mediterráneo (200 millones).

Dentro de las medidas de creación de empleo adoptadas ayer cabe incluir la reforma del Código de la Circulación, que facilitará el acceso de los jóvenes a la profesión de transportistas, ya que ha sido autorizada la conducción de vehículos de hasta 3.500 kilos de carga a los mayores de 18 años. También con referencia a este código se aprobó la legalización de las señales luminosas de tráfico y se mantuvo en suspenso el uso obligatorio de casco para los conductores de ciclomotores en vías urbanas.

Próximo relevo del embajador, en Nicaragua

En la conferencia de prensa, el portavoz del Gobierno, Eduardo Sotillos, manifestó que en el Consejo no fue contemplada la solicitud de extradición del ex presidente de Rumasa, Ruiz-Mateos. Dijo que hasta el momento presente se han seguido paso a paso todos los procedimientos legales del caso, y que por tanto no sería anormal que en su momento fuera solicitada la extradición del empresario jerezano. También afirmó que no está descartada la petición de extradición para el etarra Jiménez Morales detenido en Costa Rica. Igualmente afirmó que va a ser relevado el embajador de España en Nicaragua, pero ello no, obedece a ningún tipo de medida política. Su futuro destino estará en Madrid.

El Gobierno acordó también el aplazamiento del pago del cupo vasco, cantidad que se satisface anualmente por los servicios estatales no tranferidos y por la asunción de las cargas generales del Estado. Esta medida es consecuencia de la grave situación producida por las inundaciones .

El portavoz del Gobierno, al informar sobre temas de Interior, manifestó que el índice de delincuencia ha comenzado a bajar, y en Madrid de una manera sensible. Se justifica el hecho como consecuencia de las últimas medidas adoptadas en materia de seguridad ciudadana y concretamente a la mayor presencia de la policía en la calle. Según el portavoz gubernamental, la nota facilitada ayer por el Ministerio del Interior, José Barrionuevo, ha puesto término a todo recelo y no existe mayor preocupación con las personas al mando del ministro en el Cuerpo Superior de Policía.

La guerra de los catecismos, según Sotillos, no fue tratada en el Consejo, ya que ha quedado el tenia suficientemente aclarado y saldado a plena satisfacción de las partes. Fuentes próximas al Gobierno manifestaron ayer que no habían entendido la nota publicada tras la reunión de la comisión mixta Gobierno-Iglesia.

En materia de Sanidad y Con sumo el Gobierno aprobó dos multas de 25 y 2 millones de pesetas a dos industrias aceiteras. La multa principal afecta a la compañía "Producción y Consumó, S. A.", de Tarazona, sancionada con 25 millones por fraude y adulteración en los aceites envasados. Según los datos facilita dos ayer por el Gobierno, desde diciembre de 1981 a julio de1982, se resolvieron 9.621 expedientes en esta materia, y de diciembre de 1982 a julio de 1983 13.715, lo que supone un incremento del 42,557. Las multas impuestas en el primer período indicado alcanzaron los 307,8 millones de pesetas, y en el segundo 386,4, y su aumente, equivale al 25,51%.