El presidente de Brasil se compromete a afrontar la deuda externa
El Gobierno brasileño transformó la deuda externa en una cuestión de seguridad interna. Su presidente, Joáo Figueiredo, que retornó al cargo el viernes pasado, dejó claro su compromiso personal y del Gobiemo sobre los pagos de los préstamos tomados a acreedores privados y Gobiernos extranjeros.Debido a la situación económica de urgencia, el Gobierno estableció una coordinación de las autoridades económicas para conseguir de inmediato una salida por lo menos razonable para la crisis de pagos y de divisas por la que pasa el país. El ministro de Hacienda, Emane Galvéas, se quedó en Brasilia n...
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El Gobierno brasileño transformó la deuda externa en una cuestión de seguridad interna. Su presidente, Joáo Figueiredo, que retornó al cargo el viernes pasado, dejó claro su compromiso personal y del Gobiemo sobre los pagos de los préstamos tomados a acreedores privados y Gobiernos extranjeros.Debido a la situación económica de urgencia, el Gobierno estableció una coordinación de las autoridades económicas para conseguir de inmediato una salida por lo menos razonable para la crisis de pagos y de divisas por la que pasa el país. El ministro de Hacienda, Emane Galvéas, se quedó en Brasilia negociando con el FMI (Fondo Monetario Internacional) para conseguir un nuevo acuerdo, una vez que el firmado en enero no pudo ser cumplido. El ministro de Planificación, Delfim Neto, voló hasta París para conseguir con Jacques de la Laroisére, director del FMI, un apoyo positivo a la moratoria declarada por Brasil con los países del Club de París. Con ese grupo de Gobiernos, Brasil tendría que liquidar intereses de 500 millones de dólares este año y en 1984 cerca de 1.000 millones de dólares.
El ministro de Hacienda explica que es una práctica común suspender los pagos de intereses en cuanto se negocia, intentando vaciar la moratoria brasileña con el Club de París, que son deudas Gobíemo. a Gobierno. Ese grupo de países es acreedor de 8.000 millones de dólares de Brasil.
La discusión sobre un pedido de una moratoria global de toda la deuda, que asciende a 100.000 millones de dólares, divide a la clase política, empresarios y el propio Gobierno. El mayor partido de la oposición, el Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), por voz de su presidente, el diputado Ulisses Guimaráes, ha propuesto la declaración inmediata de una moratoria global por un plazo de cuatro a cinco años.
Los empresarios brasileños, manifestándose por intermedio de asociaciones patronales como la poderosa Federación de Industrias de Sáo Paulo, no aceptan esa medida diciendo que implicaría y tendría efectos de una declaración de guerra. Los únicos pagos que Brasil hace rigurosamente al día son las importaciones de, petróleo. Los árabes mandaron algunos petroleros brasileños de regreso a sus puertos vacíos por falta de pago. El Gobierno cursó instrucciones expresas de que no hubiera ningún retraso en este aspecto. Las importaciones de petróleo brasileñas ascienden a 800.0500 barriles diarios.
Plan de urgencia
Una de las medidas de urgencia tomadas para hacer frente a esta crisis de divisas fue centralizar casi todas las operaciones de cambio en el Banco Central. Hoy el Banco Central de Brasil tiene el control de el 65% del total de operaciones cambio efectuadas, quedándose los bancos privados con un porcentaje que no sobrepasa el 35%. En consecuencia, se ha podido mantener el rescate de los intereses de la deuda con un plazo medio de retraso que no sobrepasa los 60 días.El Gobierno tiene preparado un plan de urgencia desde el mes de mayo pasado, cuando las proyecciones ya indicaban que el mes de julio era la clave para ver exactamente si las medidas recesivas adoptadas a partir de enero pasado, con la firma de la primera carta de intenciones con el FMI, producían algún resultado.Las negociaciones entre ese órgano internacional y Brasil están provocando reflejos que apuntan la quiebra de algunos criterios ortodoxos. Los brasileños consiguieron que su cálculo del déficit público fuera aceptado por el FMI, a lo que los economistas del órgano se resistieron meses. En función del porcentaje de déficit público que fuera incluido en las negociaciones, el Gobierno brasileño podría medir exactamente el proceso recesivo.
Como los economistas del FMI decían que el déficit fiscal llegaba al 13% del PIB y el Gobierno brasileño defendía que no pasaba del 7%, las discusiones sobre ese punto consumieron los mayores esfuerzos de ambas partes para que no aumentasen peligrosamente las presiones políticas para que se rompiera el acuerdo con el FMI.