Fernando Ledesma convocará un debate público para discutir la reforma del Codigo Penal

El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, convocará durante el próximo trimestre un debate nacional sobre los contenidos del proyecto de Reforma del Código Penal que presentará a las Cortes antes de fin de año, según declaró en una entrevista concedida a EL PAIS en el lugar de la Costa Brava donde pasa sus vacaciones. El ministro anunció también su propósito de presentar de inmediato un conjunto de importantes leyes de derecho privado destinadas a dotar de mayor eficacia los títulos de valores y los contratos en general, castigando más duramente su incumplimiento. El ministro prepara asimismo...

El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, convocará durante el próximo trimestre un debate nacional sobre los contenidos del proyecto de Reforma del Código Penal que presentará a las Cortes antes de fin de año, según declaró en una entrevista concedida a EL PAIS en el lugar de la Costa Brava donde pasa sus vacaciones. El ministro anunció también su propósito de presentar de inmediato un conjunto de importantes leyes de derecho privado destinadas a dotar de mayor eficacia los títulos de valores y los contratos en general, castigando más duramente su incumplimiento. El ministro prepara asimismo una nueva normativa que proteja los intereses del consumidor frente a las grandes compañías.

Fernando Ledesma tiene el propósito de entregar a las Cortes el proyecto de ley de reforma definitiva del Código Penal antes de fin año, después de haber logrado un amplio consenso nacional sobre su contenido. Para ello convocará en cuanto regrese de vacaciones un debate público al que invita a participar a todos los juristas y a las instituciones que, como los colegios de abogados o procuradores, pueden aportar al debate una gran riqueza. "Tengo interés en someter este proyecto a la mayor audiencia posible, pues se trata de una reforma que afecta a cuestiones básicas del comportamiento de la sociedad".No menos importancia concede el ministro al paquete de proyectos de ley del derecho mercantil destinados, según declara con énfasis, a "recuperar el sentido del compromiso contraído, el convenio o el contrato, que tan fácilmente se incumplen en estos momentos".

Se trata, en primer lugar, de una nueva ley concursal para regular el funcionamiento de los títulos de valores, particularmente las letras de cambio y los cheques, con mayor rigor. "Con esta nueva normativa, que espero tener presentada también antes de fin de año, pretendemos dotar a los títulos de valores de una mayor eficacia, agravando las consecuencias de su incumplimiento. En otras palabras, que no sea tan fácil firmar una letra y luego incumplirla".

Otra de las leyes destinadas a imponer mayor rigor en el cumplimiento de las obligaciones es la reforma en profundidad de la ley reguladora de las empresas en crisis. "La actual legislación en materia de suspensión de pagos, quiebra y concurso de acreedores está absolutamente desfasada", dice el ministro.

"Hasta tal punto", añade Fernando Ledesma, "que permite incluso la simulación por parte de algunos empresarios de crisis ficticias de las que los trabajadores son sus principales víctimas. Además, la actual legislación no está orientada a la salvación de las empresas sino a su liquidación. La nueva normativa tendrá como objetivo el reflotamiento de la empresa asegurando al mismo tiempo que las deudas se cobrarán".

No cumplir saldrá más caro

Con estas medidas, el ministro pretende que "todo el mundo tenga muy claro que se le va a obligar a cumplir el compromiso contraido. Es absolutamente imprescindible recuperar el sentido de la obligación. Cuando uno se obliga, debe cumplir, y si no lo hace, que sepa que le va a resultar más oneroso no cumplir que cumplir".

Este plan legislativo se completa con un proyecto de ley que quedará terminado durante el próximo cuatrimestre cuyo objetivo es proteger los intereses del usuario frente a las grandes compañías. "El consumidor se encuentra frente a empresas muy poderosas que imponen a veces condiciones draconianas de contratación. Con la nueva normativa queremos establecer una mayor igualdad entre ambas partes de estos contratos".

En opinión del ministro, estas reformas del derecho privado tienen una gran repercusión sobre la vida social, pues el mal funcionamiento de las relaciones privadas es causa de buena parte de la violencia social. "Si las relaciones contractuales funcionar dentro de los cauces del respeto al compromiso contraido, estoy seguro de que disminuirá la peligrosidad y aumentará la seguridad jurídica", añade el ministro

Las medidas anunciadas implican, sin embargo, una mayor intervención de los tribunales en las relaciones sociales, precisamente cuando se encuentran totalmente desbordados. En Francia se está produciendo en estos momentos un gran debate ante la posición de una parte de la doctrina jurídica que cree que la única forma de lograr una justicia eficaz es detraer de su competencia buena parte de las cuestiones de las que ahora entiende, dejando que los particulares regulen sus relaciones por su cuenta.

Arbitraje para los poderosos

El ministro asume esta contradicción: "Para que las reformas legislativas sean efectivas, es preciso reformar en profundidad paralelamente la Administración de Justicia. Ello no quiere decir que no se permitan fórmulas de autocomposición".

Precisamente en unas recientes jornadas sobre administración de justicia celebradas en Montserrat, un magistrado de Barcelona se lamentaba de que las cuestiones realmente importantes y los grandes conflictos entre poderosos (bancos, grandes empresas, instituciones), se resuelven al margen de la judicatura, por la vía del arbitraje, y que la justicia queda relegada al conflicto menor.

El ministro acepta este diagnóstico: "Yo estaría de acuerdo con los procedimientos de arbitraje, siempre que no fueran consecuencia del mal funcionamiento de la administración de Justicia. Porque si es así, como sucede ahora, siempre es el más débil el que resulta perjudicado. Por eso yo no me canso de decir que la inversión en Justicia es una de las más importantes y de las más rentables que puede hacerse".

Sucede incluso, en este moi mento, que a las dificultades materiales para hacer justicia se une una dinámica por la que la parte demandada en un proceso tiende a buscar argucias legales que le permiten alargar la causa indefinidamente, hasta lograr que la reclamación quede desvalorizada o que la otra parte desista.

Explotación de la necesidad

"Efectivamente", dice el ministro, "la lentitud hace posible que la parte poderosa logre que el acreedor acabe aceptando una compensación menor a la que le corresponde. Se produce una explotación de la necesidad, y el aparato judicial no puede tolerar una situación así. De ahí que la reforma de la Justicia sea en estos momentos una cuestión urgente e incluso un imperativo constitucional, pues mientras esta reforma no se opere, no podemos garantizar un derecho tan fundamental como la igualdad ante la ley".

En esta dirección van también los proyectos de reforma que ya se están tramitando para agilizar el proceso, mediante fórmulas procesales más sencillas y mayores facilidades para la expresión directa y oral entre las partes y entre estas y el juez, según Fernando Ledesma.