El Ejército salvadoreño, responsable de la muerte de Marianella García

La Federación Internacional de Derechos Humanos ha atribuido en París al Ejército salvadoreño la muerte violenta, el 14 de marzo de 1983, de su delegada en El Salvador, Marianella García Villas. De regreso de una misión de encuesta en este país centroamericano, Antonio García, presidente de la Liga Española de Derechos Humanos, y que estuvo al frente de la comisión, ha declarado que su organización tiene "pruebas suficientes para culpar al Ejército, a las unidades que operaron en Suchitoto; de la muerte de Marianella".La misión investigadora se llevó a cabo del 7 al 17 de este mes en Santo Dom...

La Federación Internacional de Derechos Humanos ha atribuido en París al Ejército salvadoreño la muerte violenta, el 14 de marzo de 1983, de su delegada en El Salvador, Marianella García Villas. De regreso de una misión de encuesta en este país centroamericano, Antonio García, presidente de la Liga Española de Derechos Humanos, y que estuvo al frente de la comisión, ha declarado que su organización tiene "pruebas suficientes para culpar al Ejército, a las unidades que operaron en Suchitoto; de la muerte de Marianella".La misión investigadora se llevó a cabo del 7 al 17 de este mes en Santo Domingo, Puerto Rico, Costa Rica, Nicaragua y, sobre todo, en El Salvador. El cadáver de Marianella García estaba acribillado a balazos, con las extremidades inferiores fracturadas y mutilado el brazo derecho. La comisión ha establecido que pasaron doce horas entre los combates y el ingreso de Marianella, ya cadáver, en el hospital militar, tiempo que pudo ser empleado en el interrogatorio y tormento en la escuela militar cercana, en la propia capital, según Antonio García.

De los resultados, comunicados en París, se ha informado a la ONU, al Consejo de Europa y al Senado norteamericano, antes de que éste tome decisiones sobre una ayuda militar a El Salvador. El abogado español añadió que "cada vez que hay ocupación militar de poblaciones, la represión se salda con muertos y heridos".

Las autoridades civiles y militares salvadoreñas dieron a la misión de derechos humanos "entera libertad para investigar", y las judiciales pusieron a su disposición toda clase de documentos.