El teniente fiscal impugnó todos los recursos presentados por quebrantamiento de forma

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Cándido Conde, impugnó ayer por la tarde todos los recursos, por presunto quebrantamiento de forma, planteados por los letrados defensores contra la sentencia del 23-F. Con la apertura de este trámite judicial la casación entró en su recta final, pero antes de que se llegara a la meta y se analizaran los recursos planteados por presunta infracción de ley, la sala decidió levantar la sesión y reanudarla el lunes a las 10.30 horas.El hecho de que fuera el teniente fiscal del Supremo y no el fiscal general del Estado quien interviniera en este trámite sorp...

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Cándido Conde, impugnó ayer por la tarde todos los recursos, por presunto quebrantamiento de forma, planteados por los letrados defensores contra la sentencia del 23-F. Con la apertura de este trámite judicial la casación entró en su recta final, pero antes de que se llegara a la meta y se analizaran los recursos planteados por presunta infracción de ley, la sala decidió levantar la sesión y reanudarla el lunes a las 10.30 horas.El hecho de que fuera el teniente fiscal del Supremo y no el fiscal general del Estado quien interviniera en este trámite sorprendió a los abogados. Pero aún sorprendió más la decisión de suspender la vista del recurso de casación cuando se palpaba ya el final. Se aseguraba en los pasillos del Palacio de Justicia que esta última decisión había sido adoptada por la sala como deferencia a la secretaría de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y para darle un respiro y que no empezaran a correr los diez días de plazo establecidos por la ley de Enjuiciamiento Criminal para dictar y redactar la sentencia.

Al margen de estas hipótesis, y mientras los abogados y público descendían por las escalinatas de mármol, se comentaba el breve preámbulo a la intervención del teniente fiscal del Supremo. Un preámbulo firme y contundente en el que se hizo una expresa condena al golpismo, al asegurar que con el 23-F se intentó acallar a la sociedad, meterla en cintura y tratarla como menor de edad, olvidándose que había manifestado su voluntad en las urnas.

Entró posteriormente a analizar los presuntos quebrantamientos de forma planteados por los defensores. La anulación de la sentencia por denegación de testigos y careos, la falta de claridad, las oscuridades y las contradicciones contenidas en la sentencia que habían sido alegadas por los abogados fueron impugnadas por el teniente fiscal del Supremo en una intervención que duró escasamente una hora. En el instante en que el Teniente Fiscal del anunciaba el análisis de las otros recursos, se levantó la sesión.