El Gobierno retrasa la regulación de garantías contra las torturas

Las soluciones legislativas propuestas por el Ministerio de Justicia, en colaboración con el del Interior, para garantizar que no se produzcan malos tratos policiales ni torturas a los detenidos o procesados, no resultan satisfactorias para el Gobierno ni para cualificados sectores de la sociedad preocupados por este problema. La principal consecuencia de esta insatisfacción -que comparte el propio titular de Justicia, Fernando Ledesma- ha sido el compás de espera decidido por el Gabinete respecto a la regulación del hábeas corpus y la asistencia letrada al detenido, hasta tanto se encuentren ...

Las soluciones legislativas propuestas por el Ministerio de Justicia, en colaboración con el del Interior, para garantizar que no se produzcan malos tratos policiales ni torturas a los detenidos o procesados, no resultan satisfactorias para el Gobierno ni para cualificados sectores de la sociedad preocupados por este problema. La principal consecuencia de esta insatisfacción -que comparte el propio titular de Justicia, Fernando Ledesma- ha sido el compás de espera decidido por el Gabinete respecto a la regulación del hábeas corpus y la asistencia letrada al detenido, hasta tanto se encuentren fórmulas más convincentes sobre varios puntos, y, en especial, para asegurar la irrenunciabilidad de esta asistencia.

El anteproyecto elaborado en diciembre por el departamento de Justicia para desarrollar el artículo 17.3 de la Constitución incluía un precepto que aseguraba la irrenunciabilidad, ya que establecía que "todas las declaraciones y reconocimientos de los que sea objeto el detenido o preso se efectuarán en presencia y con la asistencia de abogado". Esta fórmula mereció la aceptación de las asociaciones profesionales y humanitarias preocupadas por esta materia y de los sectores parlamentarios que habían planteado en la anterior legislatura iniciativas legislativas para regularla, en especial los diputados comunistas y el nacionalista Juan María Bandrés.Las reservas expresadas por Interior forzaron a una elaboración conjunta del proyecto de ley por ambos departamentos. Para el caso de los detenidos o presos incomunicados se encontró una fórmula aceptable, que impide las posibles filtraciones de las declaraciones de los terroristas por parte de los abogados políticamente afines que les asistan, al tiempo que asegura la irrenunciabilidad: en estos casos, la asistencia será irrenunciable, pero el abogado será nombrado de oficio. En cambio, para los casos de detenidos no incomunicados, se dejó subsistente la posibilidad de renunciar o no a la asistencia letrada. La regulación del hábeas corpus -o procedimiento de inmediata puesta a disposición judicial de los detenidos ilegalmente o que sufran malos tratos o torturas- pretendía complementar la deficiente fórmula de la asistencia letrada.

Objeciones

A punto de la aprobación de ambos proyectos de ley por el Consejo de Ministros, siete intelectuales y juristas, encabezados por José Luis L. Aranguren y Carlos Castilla del Pino, lanzaron, a través de este periódico, una propuesta estabilizadora contra la tortura, que incluía, entre otras cosas, la, inmediata remisión a las Cortes de ambos textos, asegurando una asistencia letrada irrenunciable. Firmaban también el documento Gonzalo Martínez-Fresneda, José María Mohedano y Marc Palmés. Por su parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía, Antonio Pedrol, insistió en la necesidad de encontrar soluciones que aseguraran la irrenunciabilidad, ya que el derecho a la asistencia "no lo es sólo del detenido, sino de la sociedad".El punto más discutido de la regulación proyectada es el que establece que "si el detenido o preso no hiciera uso de su derecho a designar abogado o a que se le designe de oficio, su renuncia será notificada inmediatamente a la autoridad judicial, si los hechos que se le imputan son constitutivos de un delito castigado con pena superior a la de arresto mayor...". Esta fórmula, defendida por sus elaboradores en virtud del peligro de atasco en las comisarías, no gustó a algunos subsecretarios cuando fue estudiada en una reciente reunión preparatoria del Consejo de Ministros y no agrada tampoco a la cúspide del Gabinete.

Un documento de la Asociación Pro Derechos Humanos critica duramente el proyecto de ley y considera que "no es aceptable ni acorde con un Estado que quiera defender las libertades sin reticencias" y anuncia que emprenderá nuevas gestiones para que se garantice legalmente la irrenunciabilidad del derecho de asistencia al detenido, sin excepción. Subraya que el proyecto de ley "atribuye a la policía la determinación de si los hechos que se le imputan al detenido son constitutivos de un delito castigado con pena superior a arresto mayor, lo que supone un paso más en la línea introducida por la legislación excepcional de desnaturalización del proceso penal y creación alternativa de un derecho procesal administrativo".