El Estado asumirá los déficit de las corporaciones locales hasta el 31 de diciembre de 1982

El Estado asumirá la totalidad de los déficit de las corporaciones locales desde 1979 hasta diciembre de 1982. y el 50% restante de las cargas financieras de los ejercicios de 1975 a 1979, lo que viene a suponer 100.000 millones de pesetas, según anunció ayer el ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra, en su comparecencia ante la Comisión de Política Autonómica del Senado.

El ministro se comprometió a enviar a las Cortes en este semestre los proyectos de leyes de bases de régimen local y de financiación de las corporaciones locales.La asunción por parte del Estado de ...

El Estado asumirá la totalidad de los déficit de las corporaciones locales desde 1979 hasta diciembre de 1982. y el 50% restante de las cargas financieras de los ejercicios de 1975 a 1979, lo que viene a suponer 100.000 millones de pesetas, según anunció ayer el ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra, en su comparecencia ante la Comisión de Política Autonómica del Senado.

El ministro se comprometió a enviar a las Cortes en este semestre los proyectos de leyes de bases de régimen local y de financiación de las corporaciones locales.La asunción por parte del Estado de todos los déficit de las haciendas locales hasta diciembre del pasado año se inscribe, según afirmó Tomás de la Quadra, en unas medidas de saneamiento que el Ministerio de Hacienda tiene en avanzado estado de elaboración". "La asunción por parte del Estado del 50% restante de las cargas financieras de los ejercicios de 1975 a 1979, que soportan todavía las corporaciones locales", añadió, "ha determinado que el endeudamiento de las mismas no haya sido para inversiones, sino precisamente para atenciones de gastos corrientes o de los préstamos obtenidos para la financiación de los déficit anteriores".

Precisó Tomás de la Quadra que la liquidación por parte de las arcas del Estado de los déficit de las haciendas locales tiene algunas particularidades. Una de ellas será la realización de las correspondientes auditorias de los ayuntamientos, "para comprobar las razones de esos déficit, en unos casos, y la suscripción de contratos prograrna que permitan por parte de la Administración Central un seguimiento de que se ajustan a las previsiones, a las indicaciones que la misma va a imponer como contrapartida a las subvenciones".

"A aquellos ayuntamientos en que los déficit no superen el 20% de sus obligaciones líquidas más los déficit reales", apuntó el ministro como otra particularidad, "se les subvencionará la totalidad. Si superan ese 20%, el exceso se cubrirá mediante un sistema de préstamos que será asumido por las propias corporaciones".

Explicó el ministro que estas medidas estaban destinadas a poner a cero las haciendas de los ayuntamientos para que puedan abordar con una situación saneada las responsabilidades que les va a conferir la ley de financiación de las haciendas locales, "que está en avanzado estado de preparación y se remitirá próximamente a las Cortes". "La ley", dijo, "permitirá en el futuro garantizar la suficiencia de los recursos de las corporaciones locales sus necesidades".

Con las medidas para el saneamiento previo no se pretende otra cosa, según De la Quadra, que limpiar las situaciones anteriores para que no sigan gravitando sobre la reforma de las haciendas locales hasta el punto de distorsionar la finalidad y la eficacia que se pretende conseguir con esa ley.

El ministro había anunciado poco antes la remisión a las Cortes en el primer semestre de este año del nuevo proyecto de ley de bases del régimen local, "que es", dijo, "un reto importante a la vista de mi departamento". Esta norma, junto a la ley de financiación de las corporaciones locales, permitirá establecer legalmente y concretar el marco de la autonomía de los entes locales con respecto a la nueva estructura creada a partir del denominado Estado de las autonomías.

Frente al planteamiento tradicional de garantizar la autonomía local asignando a los ayuntamientos determinadas materias propias del ámbito local, el ministro precisó "que es más oportuno, sin pretender regular de antemano todas las materias, reconocer que hay un ámbito que pertenece a la autonomía local, que exige que toda la legislación sectorial debe contener una previsión sobre el ámbito de esa materia sectorial que corresponde a las comunidades y a las corporaciones locales".

La primera parte de la intervención del ministro, referida a los principios básicos de la política autonómica del Gobierno y las líneas concretas de actuación de su departamento en materia de transferencias, valoración de las mismas, traspasos de funcionarios, conclusión del proceso autonómico, no ofreció novedades reseñables con respecto a lo anunciado por el ministro en declaraciones recientes a diveros medios de comunicación (ver EL PAIS del 7 de febrero de 1983).