El Gobierno negociará con los sindicatos la reforma de la Administración y las retribuciones de los funcionarios

A partir de mediados de enero, el Gobierno negociará con los representantes sindicales de los fúncionarios las retribuciones para el año proximo, antes de remitir a las Cortes los presupuestos de 1983, y las medidas urgentes de reforma de la función pública. A ello se comprometió ayer el ministro de la presidencia, Javier Moscoso, que se reunió con los representantes de UGT, CCOO y CESIF (Confederación de sindicatos independientes de funcionarios). Entre los temas a negociar, destacan un nuevo calendario de vacaciones, la regulación de horarios, la situación de los contratados e interinos y la...

A partir de mediados de enero, el Gobierno negociará con los representantes sindicales de los fúncionarios las retribuciones para el año proximo, antes de remitir a las Cortes los presupuestos de 1983, y las medidas urgentes de reforma de la función pública. A ello se comprometió ayer el ministro de la presidencia, Javier Moscoso, que se reunió con los representantes de UGT, CCOO y CESIF (Confederación de sindicatos independientes de funcionarios). Entre los temas a negociar, destacan un nuevo calendario de vacaciones, la regulación de horarios, la situación de los contratados e interinos y la ley de derechos sindicales de los funcionarios, que el ministro confirmó ayer que se remitirá a las Cortes antes de junio próximo.

La primera ronda de conversaciones de Javier Moscoso y Francisco Ramos, secretario de Estado para la Administración Pública, con los representantes de las federaciones sindicales de la administración pública de CCOO y UGT y dirigentes de la CESIF, con el fin de abordar diversos aspectos referidos a la reforma administrativa y a las retribuciones de los funcionarios, puede considerarse en cierto modo forzada por el creciente clima de descontento e incertidumbre que entre los funcionarios ha creado el anuncio y adopción del Gobierno de una serie de medidas que les afectan sin que se haya consultado a sus representantes sindicales.Los sindicatos manifestaron ayer a Moscoso su deseo de que el año que viene el cuerpo de funcionarios se incluya dentro de la parte alta de la banda salarial. En 1982 se les ha situado en la zona baja con el 9% de incremento. Coincidieron en exigir que la negociación de los incrementos salariales de los funcionarios se produzca de forma urgente, antes de que el Gobierno presente a las Cortes el proyecto de presupuestos para el año 1983, en los que desean se recojan los resultados de dicha negociación.

Sueldo base de los niveles inferiores

Plantearon también los representantes sindicales la necesidad de que el sueldo base de los niveles inferiores del funcionariado (bedeles y auxiliares) se equipare con el salario mínimo interprofesional y que las pagas extraordinarias supongan el cien por cien del salario real. También plantearon la conveniencia de una revisión salarial semestral.

En contestacion a estas reivindicaciones salariales, Moscoso se comprometió únicamente a mantener el poder adquisitivo del cuerpo de los funcionarios, incluyéndolo dentro la banda salarial que se negocie para el sector privado. Para concretar este punto y estudiar las restantes reivindicaciones salariales que se le hicieron -sobre las que se mostró receptivo pero no quiso pronunciarse de forma concreta antes de analizarlas a fondo con el ministerio de Hacienda- se comprometió también Moscoso a una nueva ronda de reuniones con los sindicatos a mediados de enero, como paso previo a la constitución de una mesa de negociación.

En esa nueva fase se discutirán también otros temas planteados ayer a Javier Moscoso y Francisco Ramos por los representantes sindicales de los funcionarios. Tienen que ver con la reforma administrativa que se propone realizar el Gobierno mediante una ley de medidas urgentes, antesala de lo que ha de ser el estatuto de la: función publica, cuyo proyecto debe remitir el Gobierno a las Cortes en el año 1984, de acuerdo con el compromiso explícito hecho por Felipe González en la sesión de su investidura. Los representantes sindicales plantearon a Moscoso la necesidad de una serie de medidas urgentes, incluso antes de las que se recojan por la mencionada ley.

Una de esas medidas podría ser la regulación de las vacaciones de los funcionarios para que no pueda repetirse un conflicto como el que se ha planteado con la reciente decisión del Gobierno de reducir, a última hora, las vacaciones de Navidad. Los representantes sindicales coincidieron en manifestar su protesta por la adopción unilateral de esta medida que ha provocado malestar entre los funcionarios. En la ronda de negociaciones de enero se negociará casi con toda seguridad, a iniciativa de UGT, un calendario concreto de vacaciones. La propuesta inicial del Gobierno es de treinta dias en verano y seis más a repartir en al año (Semana Santa y Navidades).

Con respecto a la regulación de los horarios laborables, otro tema que ha de negociarse en Enero, el Gobierno oferta una jornada laboral de 37 horas y media con horario diario de 8 de la mañana a 15 horas de la tarde y un sábado laborable de cada tres con idéntico horario, que será controlado de forma mecanizada. Especial hincapié hicieron los representantes de los sindicatos en la necesaria regulación de los horarios de los funcionarios que cubrirán los servicios públicos que el Gobierno pretende que se abran entre las 4 y 6 de la tarde.

Los funcionarios del turno de tarde

En este sentido se discutieron diversas fórmulas, como la reconversión en funcionarios de servicios al público (ventanillas) de quienes tienen la dedicación exclusiva -con la excepción de los que integran los equipos de apoyo a los gabinetes minesteriales-, la incorporación más tardía a su trabajo de los funcionarios que trabajen por la tarde o la posibilidad de que las necesidades de servicio se cubran con voluntarios.

La situación de los 60.000 contratados e interinos que trabajan en la Administración Pública fue también abordada en la ronda de entrevistas celebrada ayer y volverá a replantearse en Enero.

El Gobierno, por iniciativa de UGT, parece decidido a analizar la situación, organismo por organismo, teniendo en cuenta la antiguedad de los contratados e interinos, el modo de acceso de los mismos (con convocatoria o sin ella) y la existencia de necesidad objetiva de la administración en la fecha de su incorporacion.

Los representantes de Comiciones Obreras (CC.OO.) plantearon la formalización de contratos fijos a personal con contratos administrativos afectados por el decreto-ley 22/77 y a los contratados con posterioridad que llevan en la Administración por un tiempo superior a un año. En cualquier caso el ministro de la Presidencia se comprometió con los sindicatos a incluir en la ley de medidas urgentes la desaparición de la figura de interinos y contratados en el cuerpo de funcionarios.

Javier Moscoso anunció a los representantes sindicales la pretensión del Gobierno de centralizar la gestión del personal de la Administración en la presidencia de Gobierno. En ese sentido se refirió a la eventual creacion de un órgano mixto con competencias en materia de efectivos de personal y retribuciones, dependiente de los ministerios de Hacienda y la presidencia de Gobierno, que sustituiría a las actuales Junta Central de Retribuciones y Comisión Superior de Personal.

Los representantes de los sindicatos insistieron también en la necesidad de que se regulen los derechos sindicación, huelga y negociación de los funcionarios. El ministro de la presidencia se reafirmó en el compromiso del Gobierno de remitir a las Cortes antes del 30 de junio un proyecto de ley orgánica de los derechos sindicales de los funcionarios.