El Gobierno vasco, decidido a dotar de motos BMW a la policía autónoma
El consejero de Interior del Gobierno vasco, Luis Retolaza, anunció ayer públicamente la intención de su departamento de presentar recurso contra la inmovilización de las motos BMW-65 adquiridas para la Policía Autónoma.
Nada más conocer la decisión del Ministerio de Industria y Energía de apoyar el expediente contra la compra de las mencionadas motos, el director de la Academia de la Policía Vasca y secretario de Justicia, Juan Porres, declaró que "técnicamente no nos sirven las motos de producción estatal". Asimismo Juan Porres señaló que esta decisión del Gobierno central puede r...
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El consejero de Interior del Gobierno vasco, Luis Retolaza, anunció ayer públicamente la intención de su departamento de presentar recurso contra la inmovilización de las motos BMW-65 adquiridas para la Policía Autónoma.
Nada más conocer la decisión del Ministerio de Industria y Energía de apoyar el expediente contra la compra de las mencionadas motos, el director de la Academia de la Policía Vasca y secretario de Justicia, Juan Porres, declaró que "técnicamente no nos sirven las motos de producción estatal". Asimismo Juan Porres señaló que esta decisión del Gobierno central puede retrasar la puesta en marcha del contingente de policías destinados a prestar servicios de tráfico.
La razón expuesta por el ministerio de Industria para negarse a matricular las motocicletas se basa en la necesidad de protejer la industria nacional.
El gobernador de Alava se opuso al proyecto del Gobierno vasco
En este sentido el ministerio recordaba que existen en el mercado motocicletas aptas para tales tareas de tráfico. Por su parte el Gobierno vasco piensa utilizar "todos los recursos necesarios" en favor de las BMW, según han reconocido oficialmente los titulares de Interior y Justicia del ejecutivo autónomo.El contencioso saltó a la luz pública el pasado mes de julio cuando el entonces gobernador civil de Alava, Fernando Jiménez, y el Gobierno vasco protagonizaron amolias y agrias polémicas en tomo a la legalidad de la compra de los mencionados medios de transportes.
En aquella ocasión el gobemador civil señaló que la Administración central no negaba que la Policía Autónoma necesitase motos "pero el espíritu y la letra de las conversaciones de la Junta de Seguridad de la Policía autónoma debe seguir unos parámetros análogos a la policía del Estado y la propia representación del Estado debe velar por la protección a la industria nacional".
En este sentido Fernando Jiménez reconoció que los cuerpos del Estado tienen motos de mayor cilindrada "pero son máquinas para servicios que son denominados especiales".
Para cubrir servicios de tráfico ordinario el gobernador civil entendía que se pueden realizar con motos de la cilindrada que utiliza la Jefatura de Tráfico.