Los 'diez' estudiarán en noviembre los problemas del ingreso de España y Portugal en la Comunidad Económica Europea

El próximo mes de noviembre, poco después de que se forme el nuevo Gobierno español, los jefes de Estado y de Gobierno de los diez países miembros de la CEE se reunirán en Dinamarca para estudiar el inventario sobre la adhesión de España y de Portugal, elaborado por la Comisión Europea. Los expertos de la Comisión tienen ya en su poder la respuesta de ocho jefes de Gobierno a la pregunta que les formularon el pasado mes de julio: ¿cuáles son los principales problemas que plantea en su país la ampliación de la Comunidad?

El inventario aludirá al caso de España y de Portugal, conju...

El próximo mes de noviembre, poco después de que se forme el nuevo Gobierno español, los jefes de Estado y de Gobierno de los diez países miembros de la CEE se reunirán en Dinamarca para estudiar el inventario sobre la adhesión de España y de Portugal, elaborado por la Comisión Europea. Los expertos de la Comisión tienen ya en su poder la respuesta de ocho jefes de Gobierno a la pregunta que les formularon el pasado mes de julio: ¿cuáles son los principales problemas que plantea en su país la ampliación de la Comunidad?

El inventario aludirá al caso de España y de Portugal, conjuntamente, pero se trata de una mera figura retórica, porque todo el mundo sabe en Bruselas que se trata, en definitiva, de un documento sobre la adhesión de nuestro país, que es quien presenta auténticas dificultades.El caso de Portugal no plantea serios problemas, y su camino hacia la CEE está despejado desde el punto de vista técnico. Los diez no llegaron en noviembre a ningún acuerdo preciso para desbloquear las negociaciones con España, pero del análisis que hagan del inventario se podrá deducir la línea que van a seguir esas negociaciones en el próximo año.

Desde el punto de vista político, los diez se pueden encontrar, además, ante el problema de tener que dar un apoyo acrecentado a un eventual Gobierno socialista, víctima de problemas internos y de una campaña que tiene como objeto la desestabilización de la democracia.

La República Federal de Alemania, el Reino Unido y la propia Francia (gobernada por los socialistas de Mitterrand) son conscientes de esta posibilidad y afirman su voluntad política de apoyar el proceso democrático español, que resulta imprescindible, según el ex canciller Schmidt, para garantizar la estabilidad política en la zona del sur de Europa. Pero una cosa es el apoyo a la democracia española, y otra cosa muy distinta son las dificultades técnicas que plantea la adhesión a la CEE de nuestro país.

Dos posturas diferenciadas

A la vista de las ocho cartas que han llegado ya a Bruselas (faltan sólo las de Grecia y Luxemburgo), se puede afirmar que los diez están divididos en dos grandes bloques.

El primero, liderado por Francia e Italia, pretende aprovechar la ampliación para reforzar la política agrícola común y aumentar los recursos propios de la Comunidad Económica Europea. El segundo bloque, a cuyo frente se encuentra la RFA, teme que la profundización de las políticas comunitarias le cueste aún más dinero del que ya paga en la actualidad y que se niega en redondo a aumentar la financiación de la CEE.

Examinando los puntos de coincidencia en las ocho cartas recibidas hasta el momento, se pueden identificar fácilmente los puntos clave para la ampliación y la distribución de fuerzas dentro de los diez.

Seis países, Francia, Italia, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos y Bélgica, se declaran partidarios de ampliar el techo del 1% del IVA (impuesto sobre el valor añadido) que se dedica actualmente para financiar las políticas comunitarias. François Mitterrand: "Hay que encontrar rápidamente nuevas modalidades de financiación". Giovanni Spadolini: "La Comunidad debe procurarse recursos nuevos". Poul Schluter: "Las fuentes de financiación deben ser completadas y ampliadas". Andreas van Agt: "Es poco probable que el margen del 1% del IVA permita la financiación de las políticas comunes". Charles Haughey: "¿Cuál es la capacidad financiera de la CEE para ampliarse sin por ello perjudicar las políticas existentes?" Wilfried Martens: "Hay que asegurar la financiación en condiciones adecuadas".

La primera ministra británica, Margaret Thatcher, prefiere guardarse las cartas hasta la partida final, y no se pronuncia con claridad sobre una de las dos opciones posibles: ampliar el 1% o repartir lo que hay. "El problema de los recursos propios", afirma la primera ministra, "precisará de una atención especial durante el transcurso de las negociaciones de adhesión".

Sólo el ex canciller Schrnidt se manifiesta claramente contra la ampliación de los recursos pro pios de la CEE: "El techo del 1% debe ser respetado incluso después de la adhesión de España y de Portugal". Su actitud es lógica: la RFA es el único país de los diez que paga más a la CEE de lo que recibe. Según los expertos comunitarios, esta negativa de la República Federal de Alemania no supone, sin embargo, una posición que no pueda ser modificada en el futuro.

Política agrícola común

Si la CEE fuera capaz de en contrar en los próximos mese una fórmula para controlar el aumento de los gastos agrícolas y una solución definitiva para el problema de la aportación británica al presupuesto de la Comunidad, el nuevo canciller Helmu Kolh podría reconsiderar esta negativa. Una aceptación por parte de Bonn supondría un important paso adelante para España, porque suprimiría parte de los recelos de Francia y de Italia, países que temen que la adhesión de España repercuta en la parte que ellos reciben de los fondos comunitarios para sostener su agricultura.

Francia e Italia coinciden en denunciar las repercusiones que tendrá en las regiones mediterráneas la competencia de los productos agrícolas españoles. Hay, pues, que modificar la reglamentación para frutas y legumbres, revisar la política de materias grasas y, en definitiva, reformar toda la política mediterránea de la Comunidad para permitir un desarrollo armonioso. Y para llevar a cabo ese programa de reformas hace falta dinero y tiempo.

Libre circulación de trabajadores

Para la República Federal de Alemania, Reino Unido, Irlanda y los Países Bajos no, se trata de "revisar la política mediterránea" exclusivamente, sino de controlar los gastos agrícolas en general. En cualquier caso, el problema de las materias grasas (aceite de oliva) no se arreglará, según ellos, restringiendo las importaciones de aceilte de semillas. Para estos países, una decisión de este tipo perjudicaría las relaciones con Estados Unidosy ciertos países en vías de desarrollo. Lo fundamental, insisten alemanes, holandeses y británicos, es evitar los excedentes en los productos agrícolas mediterráneos.

Si Francia y la RFA coinciden en señalar que es necesario un período transitorio largo, Bonn es en esta ocasión el Gobierno más problemático desde el punto de vista de los intereses españoles. El Gobierno alemán pretende que, con ocasión de la ampliación de la CEE, se modifiquen los actuales reglanlentos a fin de que el país que acoja a los trabajadores emigrantes tenga que pagar menos en concepto de ayuda familiar. Ni pensarlo, responde Italia.

La coincidencia entre los diez es absoluta: la CEE debe respetar sus compromisos con los países del norte de Africa, y no sólo respetar lo ya existente, sino aumentar esa colaboración. Sólo la RFA sugiere que se estudien fórmulas de cooperación distintas de la "garantía de compra" de productos que van a llegar al mercado comunitario desde España.

La carta de la señora Thatcher es un prodigio de ambigüedad, explicable por su difícil posición dentro de la CEE. Sin embargo, una cosa está clara para la primera ministra británica: España no es sólo un temible competidor para los productores agrícolas, sino también para determinados capítulos industriales: textil, siderurgia... Margaret Thatcher recuerda que el acuerdó preferencial de 1970 está desequilibrado en favor de España en el terreno industrial.

La verja, como condición

Otro punto claro para el Reino Unido: si cuando se produzca la integración española la verja de Gibraltar sigue cerrada, Londres se reserva el derecho a bloquear esa adhesión, porque es inconcebible que existan "fronteras cerradas entre dos países que son miembros de la Comunidad Económica Europea".

La tarea de la Comisión para conjugar todos estos intereses y encontrar las fórmulas que permitan la rápida adhesión española será difícil.

Sólo un auténtico gesto político puede llevar a los diez a desbloquear la negociación con Madrid, estiman muchos expertos de la CEE. Si es necesario esperar hasta tener en mano la solución a todos estos problemas hasta 1985 como fecha de adhesión, es un plazo optimista.