El fiscal pide penas de 12 a 15 años de reclusión para los secuestradores del industrial valenciano Luis Suñer
La fiscalía de la Audiencia Nacional solicita penas de entre doce años y un día a quince años de reclusión menor para los miembros de Eta político-militar que el 13 de enero de 1981 secuestraron al industrial valenciano Luis Suñer, teniéndolo en su poder hasta el 14 de abril siguiente en que fue liberado a cambio de la entrega de 325 millones de pesetas.
En su escrito de conclusiones provisionales, elevado al tribunal que ha de juzgar a los secuestradores, el fiscal de la Audiencia Nacional califica los hechos como un delito de detención ilegal, y pide penas de doce años y un día de rec...
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La fiscalía de la Audiencia Nacional solicita penas de entre doce años y un día a quince años de reclusión menor para los miembros de Eta político-militar que el 13 de enero de 1981 secuestraron al industrial valenciano Luis Suñer, teniéndolo en su poder hasta el 14 de abril siguiente en que fue liberado a cambio de la entrega de 325 millones de pesetas.
En su escrito de conclusiones provisionales, elevado al tribunal que ha de juzgar a los secuestradores, el fiscal de la Audiencia Nacional califica los hechos como un delito de detención ilegal, y pide penas de doce años y un día de reclusión menor para Juan Gregorio Egusquiza Ibarrondo, Jesús Urrutia Santamaría, Gloria Gutierrez Fombellida y Baltasar Calvo Gabate. Para el procesado José Luis Gutierrez García, la petición de pena es de 15 años de reclusión menor al apreciarse la circunstancia agravante de reiteración.Según el relato de hechos que hace el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, el día 13 de enero de 1981, a las nueve menos veinte de la noche, varios miembros armados de Eta político-militar penetraron en las oficinas de la empresa Avidesa en la localidad de Alcira( Valencia). Tras amenazar con sus armas a los presentes, pusieron una inyección para dormir al industrial Luis Suñer, al que amordazaron e introdujeron en un vehículo que condujeron hasta un lugar desconocido.
El procesado Egusquinza, junto con otro miembro de Eta político-militar no identificado, se trasladaron a Valencia en el coche que les había prestado Jesús Urrutia Santamaría, y en la carretera de Sagunto se hicieron cargo del industrial secuestrado, al que introdujeron en el maletero del vehículo y lo llevaron a la localidad de Trasmoz (Zaragoza), donde en una casa comprada por el procesado José Luis Gutierrez les esperaban este último, su hija Gloria, y el novio de ésta, Baltasar Calvo Gabate.
El secuestro del doctor Iglesias
En la casa de Trasmoz los citados procesados escondieron y vigilaron al industrial secuestrado en una habitación preparada adecuadamente para este fin. El 14 de abril de 1981, los procesados Egusquiza y Urrutia, junto con otro miembro de Eta político-militar no identificado, se trasladaron a Trasmoz para recoger al industrial y lo llevaron hasta la carretera que une Soria y Logroño, donde lo dejaron en libertad. En los días precedentes, tras unas intensas negociaciones, la familia Suñer había pagado 325 millones de pesetas a cambio de la liberación del industrial.
Todos los procesados por el secuestro del industrial Luis Suñer, en unión de Alberto Mendiguren Abendibar, repitieron la misma operación un año después con el secuestro en Madrid, en los últimos días del mes de diciembre de 1981, del doctor Julio Iglesias Puga. Igualmente los secuestradores trasladaron al doctor Iglesias Puga a la casa de José Luis Gutierrez en Trasmoz (Zaragoza), siendo recluido en la misma habitación en que permaneció secuestrado el industrial Luis Suñer. El doctor Iglesias Puga fue liberado por los GEOS el 17 de enero de 1982.
El fiscal, que ya calificó este hecho en agosto pasado también como un delito de detención ilegal, solicitó para los procesados penas entre once años para Egusquinza, Urrutia, Calvo, Gutierrez Fombellida y Mendiguren, y de quince años para José Luis Gutierrez García, al apreciar la agravante de reiteración.
En el caso del doctor Iglesias Puga, su liberación se produjo sin entrega de cantidad alguna a los secuestradores, ya que unos días antes de su liberación fue detenido uno de los procesados, precisamente cuando llevaba una carta exigiendo una cantidad a cambio del rescate del secuestrado.
En concepto de indemnización el fiscal solicitó para el doctor Iglesias Puga el pago por parte de los procesados de cinco millones de pesetas por la lesión moral que le supuso el secuestro.
En el caso del industrial valenciano Luis Suñer el fiscal ha solicitado que los procesados devuelvan al industrial los 325 millones de pesetas que su familia se vió obligada a entregar a cambio de su rescate.