El fiscal solicita 42 años de cárcel para los procesados por el matadero clandestino

La vista oral por el asunto del matadero clandestino y del comercio de carne procedente de animales muertos y enfermos dio comienzo ayer por la mañana en Lérida. Ante la sala de la Audiencia provincial comparecieron los seis procesados para los que el fiscal pide un total de 42 años de cárcel por presuntos delitos contra la salud pública y por falsificación de documentos oficiales. La Generalitat, por su parte, ya impuso meses atrás multas por un valor de diez millones de pesetas a los propietarios de la sala de despiece clandestina.

Los cuatro hermanos Escribá Salvado, fueron descubier...

La vista oral por el asunto del matadero clandestino y del comercio de carne procedente de animales muertos y enfermos dio comienzo ayer por la mañana en Lérida. Ante la sala de la Audiencia provincial comparecieron los seis procesados para los que el fiscal pide un total de 42 años de cárcel por presuntos delitos contra la salud pública y por falsificación de documentos oficiales. La Generalitat, por su parte, ya impuso meses atrás multas por un valor de diez millones de pesetas a los propietarios de la sala de despiece clandestina.

Los cuatro hermanos Escribá Salvado, fueron descubiertos el 31 de julio de 1981 en las instalaciones clandestinas -cuyo coste es de seis millones y medio de pesetas- mientras manipulaban carne de animales procedentes de granjas de las comarcas de Lérida. Una parte de la carne, especialmente cerdo, era comercializada y antes congelada en frigoríficos Urgel SA, cuyo gerente y veterinario interventor, José Franco Causanillas y José Palau Segarra, respectivamente, han sido también procesados.Un hecho clave en todo el desarrollo del asunto fue el levantamiento de un acta y posterior decomiso por parte del veterinario Palau contra los hermanos Escribá por transporte de una partida de carne indocumentada. Esto ocurrió el 17 de febrero de 1981. A partir de este momento y hasta la fecha de la intervención del matadero clandestino, los hermanos Escribá construyeron una nueva cámara frigorífica y continuaron comercializando la carne clandestina con guías sanitarias que estaban firmadas por el veterinario Palau.

Durante la sesión de la mañana de ayer, en un careo ordenado por el presidente del tribunal, Palau Segarra afirmó que no conocía a los cuatro hermanos Escribá y que nunca había tenido trato alguno con ellos. Estos, en cambio, declararon que el veterinario Palau conocía las actividades del matadero clandestino y que "incluso un día vino a visitarlo y nos recomendó que continuaramos adelante el proyecto, pero que debíamos legalizarlo lo más pronto posible". Palau negó estos contactos.

Por lo que respecta a las guías sanitarias de Frigoríficos Urgel, que fueron encontradas en el matadero clandestino previamente firmadas por el veterinario, éste negó en la sesión de ayer haberlas entregado a los Escribá. Admitió, de todas maneras, que dado que era interventor sanitario de treinta empresas había dejado en alguna ocasión talonarios de guías firmadas y en blanco a los responsables de Frigoríficos Urgel.

Otra prueba pericial cuyo resultado fue expuesto también en la sesión matinal del juicio se refería a la toxicidad de la carne encontrada en la sala de despiece clandestina. De acuerdo con los análisis de Sanidad emitidos en su día a requerimiento del juez de instrucción, esta carne presentaba aspectos tóxicos, materia microbiana elevada y parecía proceder de animales afectados por la peste porcina africana.

La vista oral ha levantado una cierta expectación en las comarcas de Lérida ya que muchos de los animales comercializados en el matadero procedían de pequeños ganaderos cuya declaración fue requerida por el juez de instrucción a lo largo de la elaboración del sumario.