Supresión del impuesto sobre el patrimonio y desgravación para las inversiones productivas

Un texto muy genérico, sin alusión alguna al sistema financiero español y con importantes reformas del actual sistema impositivo y de aportaciones al sector agrario, constituyen las características del programa económico de Alianza Popular (AP). En el capítulo de política fiscal, AP propugna la supresión del impuesto sobre el patrimonio y la desgravación, dentro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de toda cantidad que de la renta ganada se oriente a una inversión productiva y no sólo hacia determinados valores públicos o privilegiados.

La actuación de AP en la po...

Un texto muy genérico, sin alusión alguna al sistema financiero español y con importantes reformas del actual sistema impositivo y de aportaciones al sector agrario, constituyen las características del programa económico de Alianza Popular (AP). En el capítulo de política fiscal, AP propugna la supresión del impuesto sobre el patrimonio y la desgravación, dentro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de toda cantidad que de la renta ganada se oriente a una inversión productiva y no sólo hacia determinados valores públicos o privilegiados.

La actuación de AP en la política fiscal viene condicionada por el principio de impedir el progresivo incremento de la presión fiscal, de modo que el crecimiento de la renta per cápita sea siempre superior al de la presión fiscal. El concepto de presión fiscal en AP viene definida por la suma de los impuestos estables, de los gravámenes de las entidades autónomas y corporaciones locales y de la Seguridad Social satisfecha sin contraprestación individual. El partido se propone establecer el "límite máximo global de la presión fiscal individual", tanto para personas físicas como jurídicas, por encima del cual se devuelva lo ingresado por exceso.Además de suprimir el impuesto sobre el patrimonio y prever las desgravaciones antes citadas, AP se propone eximir del IRPF las rentas inferiores a 750.000 pesetas anuales, evitando también la obligación de declarar a todos los comprendidos por debajo de ese límite; y la modificación de la escala actual de gravamen dentro del mismo impuesto, estableciendo una progresividad calculada de tal forma que no recaiga sobre las rentas medias la mayor parte de la presión fiscal. "Tampoco con ello se recargan en exceso las rentas altas, pues en ellas jugará como tope el límite máximo global". En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas (IRPJ), AP se propone desgravar la total inversión productiva que la empresa realice tanto para sí como para terceros; se autorizarán actualizaciones anuales, de acuerdo con la inflación, de los valores activos y pasivos empresariales, estableciendo amortizaciones ciertas.

Respecto a los impuestos sobre sucesiones y donaciones, AP retirará de las Cortes el actual proyecto de ley porque fija el gravamen en razón al patrimonio del adquirente, lo que constituye "una aberración económica y un atropello jurídico. Por último, se propone una instauración paulativa del Impuesto sobre el Valor Añadido.

AP plantea dos. apreciaciones de principio: la aplicación del delito fiscal se debería hacer sólo ante el hecho doloso personal y grave; ateniéndose a la Constitución se pide el máximo respeto a la intimidad económica, impidiendo la publicación de datos reservados.

Reconversión industrial

AP critica la actual reestructuración industrial porque "no es ni previsible ni gestionable por los procedimientos administrativos que hoy se utilizan, porque es demasiado compleja y demasiado arriesgada para que se la pueda reducir a los esquemas uniformes y simples que puede gestionar la burocracia".

Para AP hay que garantizar el proceso en los aspectos financiero y técnico que rebasan al empresario; así, el partido propone utilizar el sistema de crédito oficial para financiar, a los tipos de interés del mercado, todos los proyectos de reconversión, agrarios, industriales, de servicios, inmobiliarios, que propongan los empresarios españoles y que vengan documentados con estudios de viabilidad. Estos deben ser avalados, en primer lugar, por alguno de los bancos españoles o extranjeros existentes, y luego por los bancos de inversión que se creen para tal fin.

En la introducción del programa económico de AP se afirma que "hasta ahora, en España, estamos padeciendo una política económica de transferencias, caracterizada por su preocupación casi exclusiva por las corrientes de distribución de la riqueza, en perjuicio de aquellas corrientes tendentes a crear y multiplicar la riqueza a base de fomentar la formación de capital bruto". Otro de los aspectos significativos de las propuestas de AP es su insistencia en acabar con el déficit público. Sólo admite un cierto nivel de déficit presupuestario siempre que se utilice para inversión rentable, que se produzca en épocas de crecimiento económico, que su financiación se realice con deuda pública y que el crecimiento del déficit sea menor que el de la renta nacional.

En el apartado agrario, al que el programa de Alianza Popular dedica una especial importancia, este partido mantiene la teoría de que los precios han de ser suficientes por sí solos para conseguir una nivelación de las rentas del sector agrario. Este aumento de los precios no debe repercutir totalmente sobre el consumidor, merced a la mejora de los cauces comerciales.

En el apartado de la política crediticia, el citado partido pretende normalizar, mediante la refundición de los créditos acumulados, los tipos a bajo interés y establecer un calendario de amortización que permita liquidez suficiente a los agricultores para su desenvolvimiento económico. En este sentido, elaborará y promulgará una ley de financiación agraria.

Para la mejora del nivel de vida en el medio rural, Alianza Popular propugna la asimilación de las prestaciones establecidas en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social a las contenidas en el régimen general, y mejoras en la asistencia sanitaria y en la enseñanza.

También prestará su apoyo a la agricultura de grupo, los agricultores jóvenes y a la implantación de nuevos regadíos. Finalmente, considera necesaria una profunda revisión del Plan Energético Nacional y la promulgación de las disposiciones necesarias para completar el plan de electrificación rural.

En el programa se presta una especial atención al olivar y al viñedo, a los que se asigna el carácter de cultivos sociales, y a la transformación en regadío de una superficie de 1.500.000 hectáreas. También se contemplan diversas medidas de política cerealista y forestal.