Remitida al Supremo la solicitud de libertad condicional para 7 condenados por el 23-F

La solicitud de libertad condicional para los siete condenados a dos años de prisión en la causa del 23-F ha sido trasladada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo por el Consejo Supremo de Justicia Militar, según informa Europa Press citando fuentes jurídicas. Uno de los letrados defensores, José Luis Sanz Arribas, ha calificado tal decisión (de la que aún no existe comunicación oficial) como "sorprendente", y ha recordado que, cuando la causa pasó al Supremo, y como simple medida de precaución, solicitó la libertad condicional de sus representados al alto tribunal, cuya Sala Segunda decliné ...

La solicitud de libertad condicional para los siete condenados a dos años de prisión en la causa del 23-F ha sido trasladada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo por el Consejo Supremo de Justicia Militar, según informa Europa Press citando fuentes jurídicas. Uno de los letrados defensores, José Luis Sanz Arribas, ha calificado tal decisión (de la que aún no existe comunicación oficial) como "sorprendente", y ha recordado que, cuando la causa pasó al Supremo, y como simple medida de precaución, solicitó la libertad condicional de sus representados al alto tribunal, cuya Sala Segunda decliné la jurisdicción sobre el tema en favor del propio Consejo, que ahora se inhibe.El pleno del Consejo Supremo de Justicia Militar se reunió ayer, bajo la presidencia de su titular, teniente general Luis Alvarez Rodríguez, para debatir la solicitud de puesta en libertad condicional de los capitanes Cid Fortea, Dusmet, Acera Martín, Pérez de Lastra, Lázaro Corthay y Bobis González y del civil Juan García Carrés. Todos ellos fueron condenados a dos años de prisión por su participación en la rebelión militar del 23 de febrero de 1981 y cumplieron el 24 de agosto las tres cuartas partes de su condena.

Si bien en el Centro de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa (CRISDE) no se tenía ayer ninguna comunicación oficial sobre la decisión del Consejo, éste habría acordado, según Europa Press, trasladar la solicitud a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por entender que, al ser ésta competente en los recursos de casación que se tramitan contra la sentencia, lo es también respecto a la situación personal de los procesados. Tal decisión parece haber tenido en cuenta el auto dictado el miércoles por la Audiencia Nacional, por el que se trasladaba a la misma sala del Supremo la solicitud de libertad condicional de David Martínez Loza, condenado a seis años en relación con el asesinato de la joven Yolanda González.

Para el letrado José Luis Sanz Arribas -defensor de los capitanes Bobis, Cid y Lázaro-, la decisión del Consejo Supremo de Justicia Militar -de la que se ha enterado por los periodistas, a pesar de personarse en dos ocasiones en la sede del tribunal, durante la mañana de ayer- es "un evidente contrasentido. Me sorprende, no la entiendo. El Consejo ha estado resolviendo sobre la situación de los procesados, como en el caso de la petición de prisión atenuada e, incluso la semana pasada, la sala de vacaciones se emplazó para resolver en esta semana la cuestión de forma definitiva".

Este defensor presentó, "por corazonada o por pálpito", una petición de libertad condicional al Supremo, que éste resolvió el 16 de julio, remitiendo la competencia sobre el tema al Consejo Supremo de Justicia Militar. "Mañana mismo (por hoy) presentaré un escrito al Consejo, adjuntando la resolución del Tribunal Supremo, expresando que las dudas sobre la competencia en el tema, que en todo caso deberían haber resuelto ya en junio, están aclaradas, y solicitando que se resuelva de inmediato la petición". Sanz Arribas considera la situación como "preocupante" y que "se puede incidir en retardo de la administración de justicia". También hace notar la "estimación comparativa" de que condenados a penas más altas en la misma causa (como el teniente general Milans del Bosch y el teniente coronel Tejero) se encuentren internados en establecimientos militares, "en tanto que los condenados a penas inferiores, como mis defendidos, están en prisión-prisión, sin que se les apliquen los beneficios de la libertad condicional a pesar de haber cumplido las tres cuartas partes de la condena".

Por su parte, el letrado Adolfo de Miguel, defensor del civil Juan García Carrés, mantiene una cierta cautela "hasta recibir notificación oficial de la decisión del Consejo Supremo de Justicia Militar", pero, no obstante, asegura que "entendí y sigo entendiendo que es el Consejo la instancia competente para decidir sobre la cuestión, según la ley y según los precedentes". En apoyo de su tesis, señala que "el Tribunal Supremo no ha resuelto nunca, ni en un solo caso, sobre la situación personal de los procesados en recurso. Sólo lo ha hecho cuando conocía en única instancia. Todo ello lo debía conocer el Consejo. Por eso recurrimos a él".