España-CEE: de la frustracion a la imaginacion

No cabe duda de que la solicitud formulada por el Consejo Europeo de un estudio sobre los costes de la entrada de España y Portugal (en realidad, el ingreso de este segundo país no plantea graves problemas y, de hecho, la negociación portuguesa-comunitaria se encuentra en un estadio mucho más adelantado que la española), y sobre las eventuales soluciones a arbitrar, puede verse como un deseo encubierto de aplazar indefinidamente el momento de adhesión de España; existen ya numerosos análisis pormenorizados y actualizados que cubren todos los aspectos más conflictivos de la ampliación, y los pr...

No cabe duda de que la solicitud formulada por el Consejo Europeo de un estudio sobre los costes de la entrada de España y Portugal (en realidad, el ingreso de este segundo país no plantea graves problemas y, de hecho, la negociación portuguesa-comunitaria se encuentra en un estadio mucho más adelantado que la española), y sobre las eventuales soluciones a arbitrar, puede verse como un deseo encubierto de aplazar indefinidamente el momento de adhesión de España; existen ya numerosos análisis pormenorizados y actualizados que cubren todos los aspectos más conflictivos de la ampliación, y los problemas están, por tanto, suficientemente delimitados. Hace pocos días, por ejemplo, la Comisión ha entregado al Consejo un documento -donde expone su punto de vista acerca de las implicaciones de la entrada de España y Portugal sobre las relaciones entre la CEE y los países terceros del área mediterránea (*) -que es, sin duda, uno de los puntos más delicados a resolver. Es evidente que no se trata de realizar nuevos informes, sino de que los países miembros consigan alcanzar un efectivo consenso sobre las vías de salida de la actual crisis comunitaria. Francia ha puesto el énfasis en la urgencia de dos temas -que son, desde luego, vitales para la supervivencia de la CEE, pero no los únicos-: la capacidad de aumentar los ingresos del pre supuesto comunitario, mediante aportaciones más cuantiosas de los países miembros, y la reorientación de la política agrícola co mún, en el sentido de un mayor es fuerzo dirigido hacia las regiones meridionales. Ambas cuestiones son las aristas visibles de un iceberg de grandes dimensiones, y su solución interesa tanto a a los paí ses que hoy forman la CEE como a España, en la perspectiva de con vertirse en país miembro. Ante la presente circunstancia -en la que se está intantando utilizar la eventual adhesión de España como factor desencadenante de reformas comunitarias o, en todo caso, como elemento dinaniizador que permita romper una situación de parálisis que se arrastra desde hace ya varios años-, cabe reflexionar sobre algunos puntos.No sólo es Francia

La inquietud ante la entrada de España en la CEE no es exclusiva de Francia, ni pueden explicarse los retrasos en la negociación sólo como consecuencia de intereses electoralistas de este país: en la re cién celebrada reunión del Consejo Europeo, arriba mencionada, también Italia y la República Federal de Alemania colaboraron en su resultado final. Las ideas, por tanto, de que Italia, a pesar de compartir con Francia los problemas específicos de los cultivos mediterráneos, representaba una opción diferente en la evolución de las relaciones entre España y la CEE, o de que en la República Federal de Alemania primaban los intereses a favor de la ampliación hacia el Sur -vista como una posible apertura de nuevos mercados de exportación-, deben ser revisadas. Las dificultades en el avan ce de la negociación hispano-comunitaria son una prueba de que las tan manidas motivaciones políticas de parte de los países miembros, para proceder a la ampliación, no son más fuertes que las razones económicas que la obstaculizan.

La clase dirigente española, a partir de lo anterior, debería superar una inercia que viene de la época franquista y por la que se identifica la pertenencia a la CEE como un hecho imprescindible para consolidar la democracia en este país, e intentar medir también, como hacen nuestros improbables socios, si las motivaciones políticas justifican la opción económica de formar parte de un proyecto de integración europea en pleno deterioro: "un proyecto agotador", tal como definía Celso Furtado a la Comunidad.

Se trata, quizá, de desmitificar esa inevitabilidad de nuestra entrada en la CEE, que ha teñido de tintes casi dramáticos los retrasos sufridos por la negociación. Desde el punto de vista político, cabe decir que existen tantas modalidades de pertenecer a la Europa occidental como paises hay en ella, ya que esta diferenciación ni siquiera desaparece en el interior de la CEE, donde los ejemplos son incontables: cada Estado ha mantenido y defiende su propia concepción del papel que debe jugar en el contexto internacional, provocando precisamente con esta actitud nacionalista -recrudecida a raíz de la crisis, y lejanas ya las causas iniciales que dieron lugar, en la posguerra, al inicio del proceso de integración- la práctica imposibilidad de crear un espacio comunitario con la suficiente cohesión interna y frente a países terceros.

Se aduceí no sin razones reales dentro de un análisis estático, que es necesario entrar en la Comunidad para asegurar un futuro a nuestra agricultura, cuyos productos tienen sus mercados naturales en los países de la CEE, cuyos graves problemas podrían ser resueltos mucho más rápidamente con el concurso de la ayuda financiera comunitaria. Pero para que se produzcan estos. eventuales efectos favorables es preciso que se inodifiquen en profundidad los mecanismos vigentes en la CEE -que, hasta el momento, han actuado discriminando a las áreas rurales más deprimidas-, y que los países miembros acepten una relocalización de las actividades agricolas en función de las ventajas comparativas reales, cosa que encuentra graves resistencias en las regiones que más se resentirían de la competencia española. En todo caso, de permanecer fuera del Mercado Común, la agricultura española no estaría irremediablemente condenada a la ruina. dependería de la capacidad de arbitrar soluciones nuevas a problemas muy antiguos.

Ventajas de país intermedio

España puede sacar partido de su condición de país intermedio entre el mundo más desarrollado y la periferia, sin necesidad de convertirse en país miembro de la CEE. Nuestras relaciones con Latinoamérica, en primer lugar, y con numerosos Estados en pleno despegue económico, constituyen un horizonte rico en posibilidades y apenas comenzado a explorar. Naturalmente, no puede decirse que, estando dentro del Mercado Común, España pierda por completo esta oportunidad: tarribién aquí, en último análisis, el resultado de una u otra opción depende de la voluntad política y de una buena dosis de imaginación. Lo que sí puede afirmarse, sin ningún resquicio de duda, es que no es cierto que el desarrollo futuro de España hacia una economía generadora de mayor bienestar y de menores desequilibrios internos, pase ineludiblemente por su entrada en una Comunidad de las características actuales. Sólo si, por un proceso de convergencia, hoy por hoy poco previsible, la CEE supera su fraccionamiento presente y sus instituciones recuperan su capacidad de decisión y de avance, la adhesión de España podrá tener un interés real a ambos lados de los Pirineos; y, en en todo caso, parece que va siendo hora de que España adopte una postura menos pasiva, más adulta, y considere su posible pertenencia a la CEE dentro de un abanico más amplio de alternativas, y no como la necesaria satisfacción de un deseo que poco se corresponde con la realidad.