Las relaciones España-CEE después del Consejo Europeo

Si hacemos un repaso del estado actual en que se encuentran las negociaciones, con España y Portugal, que, como se sabe, se están desarrollando separadamente, puede decirse que la situación es la siguiente:- Se ha llegado a un acuerdo sobre una serie de problemas (o capítulos de la negociación), quedando bien entendido que dicho acuerdo sólo será definitivo al final de la negociación.

- En la mayoría de los demás capítulos, la negociación se encuentra más o menos avanzada, en función de las dificultades inherentes a algunos problemas, así como de la necesidad de completar el anál...

Si hacemos un repaso del estado actual en que se encuentran las negociaciones, con España y Portugal, que, como se sabe, se están desarrollando separadamente, puede decirse que la situación es la siguiente:- Se ha llegado a un acuerdo sobre una serie de problemas (o capítulos de la negociación), quedando bien entendido que dicho acuerdo sólo será definitivo al final de la negociación.

- En la mayoría de los demás capítulos, la negociación se encuentra más o menos avanzada, en función de las dificultades inherentes a algunos problemas, así como de la necesidad de completar el análisis y de profundizar en la discusión de los problemas abordados.

- Por lo que respecta a la agricultura y a la pesca, puede decirse que las negociaciones no han avanzado lo suficiente como consecuencia de las adaptaciones de la PAC; necesarias a causa de la ampliación y que en su momento fueron propuestas por la Comisión, aún no han sido adoptadas.

- Finalmente, algunos capítulos -como, por ejemplo, el relativo a los aspectos institucionales-, por su naturaleza, sólo podrán tratarse al final de las negociaciones.

Tal como he tenido ocasión de afirmar varias veces, no es el Consejo ni la Comisión, sino los Estados miembros como tales, los que negocian con los países candidatos, siendo el papel de la Comisión el de suministrar a la negociación toda una serie de propuestas de solución ante la perspectiva de una Comunidad ampliada que tengan en cuenta el acervo comunitario, así como el conjunto de intereses en juego.

De acuerdo con lo que acabo de afirmar, la Comisión ha hecho todas las propuestas necesarias sobre todos los capítulos tratados hasta ahora.

Problemas del sector agrícola

Los problemas en el sector agrícola, derivados de la adhesión de España y Portugal, que afectan tanto a la Comunidad en su conjunto como a las regiones mediterráneas o a las menos favorecidas, son de tal naturaleza que no pueden resumirse en pocas palabras.

Estos problemas, de los que, por otra parte, no puede subvalorarse su complejidad, han sido tratados profundamente en repetidas ocasiones y en numerosas comunicaciones de la Comisión:

- Aspectos económicos y sectoriales de los problemas de la ampliación, del 25 de abril de 1978.

- Dictamen de la Comisión sobre la petición de adhesión de Portugal, del 19 de mayo de l978.

- Dictamen de la Comisión sobre la petición de adhesión de España, del 29 de noviembre de 1978.

Aunque no hay que olvidar el Informe 1980 sobre la Situación de la agricultura en la Comunidad, que dedica un capítulo entero a la problemática de la ampliación de la Comunidad.

Al respecto, me complace observar que la comunicación final de la última reunión del comité mixto PE/Cortes refleja la preocupación que siempre he puesto de manifiesto, según la cual "los problemas relativos a la agricultura mediterránea de la Comunidad exigen una rápida solución dentro del marco de la reforma de la política agrícola común.

Por lo que hace referencia a las medidas de carácter especial destinadas a preparar la Comunidad a la adhesión de España y Portugal, la Comisión presentó al Consejo, a finales de marzo de 1980, una serie de orientaciones de tipo general sobre las medidas que se deberían adoptar para los productos mediterráneos más sensibles en el ámbito de la ampliación, orientaciones en base a las cuales la Comisión ha presentado al Consejo una serie de propuestas a finales de octubre de 1981, sobre las que el Parlamento Europeo ya ha tenido -o tendrá dentro de poco- ocasión de pronunciarse. Se trata, concretamente, del sector vitivinícola y hortofrutícola, así como de los agrios y el aceite de oliva.

Dichas propuestas se insertan, en primer lugar, en el contexto de las negociaciones de España y Portugal. Al formular tales propuestas, la Comisión ha querido igualmente tener en cuenta el examen global de la política agrícola común, actualmente en curso dentro del marco del mandato del 30 de mayo de 1980.

Por lo que se refiere al vino y a las frutas y legumbres, las modificaciones de las reglamentaciones comunitarias propuestas por la Comisión están igualmente destinadas a reforzar la actual organización de mercados con la finalidad de superar las dificultades registradas a lo largo de los últimos años.

Medidas de la Comisión

En primer lugar, la Comisión anunció la rápida aplicación de medidas específicas para sectores o regiones que serán más directa y rápidamente afectadas por el impacto de la adhesión de los dos países candidatos. Así pues, los programas fuera de cuota del FEDER, a propuesta de la Comisión en 1981, fueron adoptados en favor de Francia e Italia y se encuentran ahora en vías de realización. Además, ya con anterioridad, en 1977, se produjeron los reglamentos en favor de la agricultura mediterránea, conocidos bajo el nombre de paquete mediterráneo, sin olvidar las propuestas de adaptación de la PAC para algunos tipos de producción mediterráneos que ya mencioné con anterioridad.

Igualmente, cabe recordar que en el sector agrícola se han adoptado toda una serie de medidas, tanto de organización de mercados como estructurales, a lo largo de las discusiones anuales sobre la fijación de precios.

Finalmente, en el ámbito del mandato, la Comisión ha indicado la necesidad de completar la estrategia global de reequilibrio de las políticas comunitarias tendentes a combatir el aumento de las diferencias en el desarrollo de las diversas regiones de la Comunidad a través de programas comunitarios de carácter específico en favor de las regiones mediterráneas, sobre todo con vistas a la ampliación y a la política mediterránea exterior de la Comunidad. En particular, cabe hacer referencia al documento, presentado al Consejo y al Parlamento hace tan sólo veinte días, sobre la política mediterránea de una Comunidad de doce y sobre uno de los problemas cruciales de la ampliación: el de las relaciones entre la Comunidad ampliada y los países terceros de la cuenca mediterránea.

El pasado mes de junio, la Comisión fijó las grandes líneas que pueden servir de base para las propuestas sectoriales que propondrá al Parlamento y al Consejo antes de finales de año.

Sobre este punto, y aunque me repita, debo decir que la fecha de la adhesión será fundamentalmente fijada en función del ritmo de la negociación, de la posibilidad de que las partes consigan los acuerdos necesarios sobre las adaptaciones y las medidas de carácter transitorio requeridas que deberán quedar fijadas en los tratados de adhesión.

El futuro de las negociaciones

Igualmente quiero recordar que los Estados miembros nunca anticiparon una fecha y que la Comisión ha declarado repetidas veces que la realización de la adhesión para 1984 sería posible con la única condición de una acentuada aceleración del proceso de negociación, de una negociación completa que defina con claridad diáfana todas las condiciones de la adhesión. Esta completa negociación incluye, evidentemente, a la agricultura y a la pesca, temas sobre los que la Comisión ha sostenido repetidamente la tesis de que las complejas negociaciones sobre estos capítulos podían hacerse paralelamente con las reformas de carácter interno, sin poner en duda los puntos bien definidos sobre los que tienen que referirse las adaptaciones.

Constato que el proceso negociador, tras haber adquirido un notable impulso a principios de año, como consecuencia de una buena voluntad política y de un cierto grado de madurez de los capítulos de negociación, se encuentra actualmente en una fase que no dudo en definir como crítica.

Recientemente, no se ha producido ninguna decisión formal, y me refiero al Consejo Europeo, que nos induzca a tener que disminuir el ritmo de negociación; pero el verdadero problema no es formal. Una negociación no puede progresar si en la misma se quieren descargar las tensiones y contradicciones internas de la Comunidad, si no se toman las decisiones apropiadas en cortexión con las propuestas presentadas por la Comisión, si los Estados miembros no asumen plenamente la responsabilidad de ser coherentes con las afirmaciones políticas y las consiguientes opciones de tipo operativo y decisional.

Después de casi cinco años de haber iniciado este proceso, no se puede dejar de tener en cuenta que, ciertamente, existen dificultades de orden interno a nivel comunitario, y que, por otra parte, existe -y que a mí me parece prioritaria- la gran espera, estimulada por motivos de índole política, de los países candidatos. Decepcionarlos -y ciertamente sería decepcionarlos si se sigue en la vía de no tomar ninguna decisión, de proseguir los estudios de profundización, de, en resumidas cuentas, adoptar una actitud que aparentase una táctica orientada a aplazar indefinidamente la solución de los problemas, representaría el asumir una gran responsabilidad política.

La Comisión no podría estar de acuerdo con esta táctica, pues es consciente de haber hecho su deber presentando las reflexiones y propuestas adecuadas. Por tanto, seguirá presentando todas las propuestas que considere necesarias con un objetivo de fondo: crear los requisitos para que la Comunidad sea una realidad viva y dinámica capaz de superar las contradicciones y obstáculos que existen en la vida de nuestros días.

La Comisión ha dicho siempre que la adhesión de tres países mediterráneos en un fase recesiva de la economía europea y mundial era ya de por sí una operación de difícil calibre, y ha sostenido siempre que una negociación rápida y superficial significaría una debilitación de los vínculos comunitarios. La Comisión no ha ocultado nunca las dificultades, sino que más bien se ha expuesto a toda una serie de críticas, de un tecnocratismo excesivo, por haberio hecho sin miramientos, de cara a los optimistas, unas veces verdaderos y otras ocasionales.

Dicho esto, ha llegado el momento de la verdad. Seguir retrasándolo quizá no sea un crimen, pero -y en ello no hay ningún tipo de cinismo- sería, ciertamente, un error, cuyo precio sería pagado no sólo por las jóvenes democracias ibéricas, sino por todos nosotros.