El Gobierno cántabro pide competencias

El Gobierno de Cantabria ha pedido al Tribunal Constitucional un dictamen sobre sus competencias en materia de cooperativas de crédito agrario y, en concreto, sobre la Caja Rural, que atraviesa una grave crisis como consecuencia de una serie de irregularidades en su gestión, sancionadas ya por el Banco de España.El gobierno cántabro tomó anteayer esa determinación cumpliendo un mandato de la asamblea regional, adoptado con el voto en contra de los diputados de la UCD regional, cuyo líder, Justo de las Cuevas, está relacionados financieramente con la entidad.

Algunos consejeros del Gobie...

El Gobierno de Cantabria ha pedido al Tribunal Constitucional un dictamen sobre sus competencias en materia de cooperativas de crédito agrario y, en concreto, sobre la Caja Rural, que atraviesa una grave crisis como consecuencia de una serie de irregularidades en su gestión, sancionadas ya por el Banco de España.El gobierno cántabro tomó anteayer esa determinación cumpliendo un mandato de la asamblea regional, adoptado con el voto en contra de los diputados de la UCD regional, cuyo líder, Justo de las Cuevas, está relacionados financieramente con la entidad.

Algunos consejeros del Gobierno creen que existe inhibición del Banco de España y que el Consorcio de Caja Rurales ha demostrado su incapacidad para devolver la paz social a la entidad santanderina y para recuperar la confianza de los ahorradores de la región. La reclamación se basa en el artículo 28 del Estatuto de Autonomía, que atribuye a la Diputación competencias en las actividades de crédito corporativo, territorial y Cajas de Ahorro.

La incapacidad del Consorcio para solucionar los problemas de la caja santanderina se puso de manifiesto ayer cuando tres de los consejeros cesados por el Banco de España se presentaron en la asamblea nacional en representación de aquella caja o de varias de sus cooperativas. Su presencia fue criticada como "inoportuna y bochornosa" por algunos asambleistas pero lo cierto es que pudieron votar en su nombre o haciendo uso de varias delegaciones de voto.

Entre esos consejeros se encontraban Fermín Gómez Seña, que compartió con Justo de las Cuevas el liderazgo del sindicato agrario Aigas, y el constructor José Antonio de la Llama, ambos condenados por el juzgado de Santander por amenazas a miembros del comité de empresa de la Caja, y responsables, junto con el director general Tomás Mier -también cesado-, de las expulsiones de trabajadores.