Alegato de los socialdemócratas de Fernández Ordóñez contra la política económica de Calvo Sotelo

La defensa de la reforma agraria y del sector público, el cambio total en la forma de debatir y aprobar los Presupuestos Generales del Estado y de la propia concepción de los mismos y el retorno a la filosofía que inspiró una reforma fiscal progresista son los principales puntos a los que se refiere la citada ponencia, elaborada por un nutrido grupo de economistas comandados por Antonio Santillana, 42 años, catedrático de Teoría Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, ex presidente del Banco Hipotecario y ex secretario general técnico del Ministerio de Hacienda.Si en la primera parte (...

La defensa de la reforma agraria y del sector público, el cambio total en la forma de debatir y aprobar los Presupuestos Generales del Estado y de la propia concepción de los mismos y el retorno a la filosofía que inspiró una reforma fiscal progresista son los principales puntos a los que se refiere la citada ponencia, elaborada por un nutrido grupo de economistas comandados por Antonio Santillana, 42 años, catedrático de Teoría Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, ex presidente del Banco Hipotecario y ex secretario general técnico del Ministerio de Hacienda.Si en la primera parte (véase EL PAIS del pasado 19 de febrero) el programa económico del PAD se centraba en la reforma del sistema financiero (desarrollar la banca oficial o pública, liberalizar la banca privada con trato recíproco a la extranjera, aumentar los coeficientes de inversión obligatoria y transformar las cajas de ahorro en sociedades de capital público, democratizándolas y poniendo fin a su actual y heredada estructura caciquil), esta segunda parte centra sus preocupaciones en la actual falta de política económica del Gabinete de Calvo Sotelo. "García-Díez", según testimonio de uno de los economistas que han elaborado la ponencia socialdemócrata, "lleva una política económica invisible. Es imposible criticar a los ministros económicos porque ninguno de ellos dice ni expone nada. García-Díez tiene, sí, una rara habilidad: no hace nada y, sin embargo, nadie habla de él, ni bien ni mal".

Tras recordar que tenemos 2.600.000 parados, la ponencia se lamenta de que se hayan alcanzado tales cotas de desempleo que, pese "a la magnitud alcanzada, sigue creciendo, hecho que permite afirmar sin error que, a menos que se produzcan cambios radicales en la orientación de la política económica, será la situación de paro la que determine, en última instancia, la realidad y posibilidades de este momento crucial no sólo para la economía, sino para el conjunto de la sociedad española".

Se denuncia con detalle que la crisis económica española, pese a tener puntos comunes con la crisis mundial, es distinta. "La economía española vive una crisis diferencial y tal diferencia no cabe atribuirla ni a causas externas ni, desde luego, al elevado grado de dependen cia energética. Ha sido en buena medida -y esto debe resaltarse- la especial orientación dada a la política económica la causante de esta crisis diferencial".

Errores del Gobierno

Los "errores de la política económica del actual Gabinete ministerial" los centra la ponencia en dos: "1. Ha sido una política económica generalmente tardía (si se exceptúan los pactos de la Moncloa) y 2. Ha sido una política económica básicamente unidireccional que ha situado alternativamente, pero siempre en una única causa, la razón del deterioro económico, haciendo descansar, en consecuencia, todo el peso del ajuste sobre una sola vía, cuyo correspondiente social han sido, en general, los grupos menos favorecidos".

"Lo importante", según los interlocutores socialdemócratas, "es hacer el reparto con justicia del coste de la crisis. ¿Quién paga la crisis? Toda crisis tiene solución, pero lo importante es saber quién la paga principalmente, sobre qué espaldas recae. Y lo cierto es que se intenta solucionar en España echándola sobre los hombros de los más débiles. No hay solidaridad para salvar la crisis porque los que más tienen son los más insolidarios. Se tuvo solidaridad sólo una vez: en los pactos de la Moncloa, pero hoy aquel logro se ha esfumado". En lenguaje más eufémístico y técnico, ésa es la denuncia que se desprende del capítulo de la ponencia que trata de los errores de la actual política económica del tándem Calvo Sotelo y García Díez.

Preconiza la libertad de mercado y de empresa y la reforma en profundidad de todo el sistema financiero (banca y cajas de ahorro) y el papel relevante que debe jugar un sector público y la empresa pública, "negando el tradicional papel del sector público empresarial como mecanismo puro y simple de socialización de pérdidas y, en segundo lugar, negando igualmente la posibilidad de configurar a las empresas públicas como simples empresas privadas propiedad del Estado, sino que debe inscribirse dentro del marco de una rigurosa planificación plurianual, de forma que cada documento responda a metas definidas, negando el tradicional papel del sector público empresarial como mecanismo puro y simple de socialización de pérdidas y negando también la posibilidad de configurar empresas públicas como simples empresas privadas propiedad del Estado".

"El PAD preconiza que la empresa pública debe justificarse atendiendo o bien la atención de sectores claves o estratégicos o bien aquellas tareas generadoras de fuertes economías externas y muy elevados riesgos iniciales. En consecuencia, deben ser razones estrictamente económicas las que decidan la política respecto a la empresa pública, huyendo de convertir a ésta tanto en una pura acumulación de ineficacias como en un mecanismo impropio de competencia con el sector privado. Por ello el PAD es contrario a una política de nacionalizaciones".

Mercado laboral

Insiste la ponencia en resaltar "los problemas individuales y sociales (desestabilización, añoranza de períodos predemocráticos) causados por la enorme magnitud del paro real existente y la imposibilidad de eliminar drásticamente el desempleo en un período corto de tiempo", extendiéndose en una pormenorizada relación de medidas que deberían ser adoptadas inmediatamente "para paliar el sufrimiento económico de los parados". Entre esas medidas se defiende "extender la cobertura del seguro de desempleo, hacer dependiente la magnitud del seguro de las condiciones familiares del parado, perfeccionar el empleo comunitario agrícola, el establecimiento de programas públicos de empleo para parados, etcétera. Asimismo se defiende una reforma en profundidad del INEM y su control "para hacer del mismo un agente dinámico y eficiente de colocación". Se defiende también en la ponencia el promover la movilidad geográfica y ocupacional a través de programas públicos, po sibilitar la contratación de jóvenes sin necesidad de cubrir totalmente el salario mínimo. La flexibilización de la legislación laboral promovida por una comisión de sindicatos, patronales y Administración, etcétera. Por último, se muestra partidaria la ponencia del PAD de "planificar la enseñanza en función de las necesidades del mercado y la eliminación de las subvenciones educativas institucionales hacia subvenciones indi viduales, etcétera".

Los presupuestos

El PAD defiende una reforma de la Administración pública ba sada en la "implantación efectiva de una presupuestación por objetivos. Ello significa que, a diferencia de la forma en que se ha venido procediendo hasta ahora, es el cuadro de objetivos la matriz desde la que se diseña la estructura administrativa, en lugar de proceder a la inversa".

"En segundo lugar, la inscripción del presupuesto anual en el contexto de una planificación pública plurianual, y tercero, introducir la filosofía del denominado presupuesto de base cero, filosofía que se opone radicalmente a la pura inercia incrementalista con que habitualmente se elabora el presupuesto", y que éste llegue al Parlamento, para su minucioso control y debate previo, con muchas semanas de antelación.

Financiación pública

"Tenernos que volver a la filosofia de la reforma fiscal que llevó a cabo Fernández Ordóñez", señala uno de los redactores de la ponencia. "Hay que ir a tarifas bajas, declarando la verdad. García Añoveros ha caído en la trampa contraria. Con tarifas altas pagarán más los que menos cobran o todos los que cobran por nómina y no tienen escape, con lo que acabaremos como antes de la reforma de Ordóñez, es decir, machacando a los que menos ganan".

En lo que respecta a la financiación de las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos se expresa diciendo: "El PAD defiende la existencia de puntos de financiación propia decididos por los propios entes. En este sentido, entiende el PAD que es urgente proceder a elaborar una ley de Financiación de las Haciendas Locales donde se regulen, de acuerdo con el criterio expresado, las fuentes financieras".

Seguridad Social

"Este es uno de los graves temas de reforma de la década de los ochenta", señala la ponencia."Los casi tres billones de pesetas de gastos que alcanza la Seguridad Social en 1982, en un ambiente de crecimiento descontrolado del gasto, en el que los calificativos de despilfarro, fraude y corrupción son usuales, exigen la inmediata racionalización y mejora de la Seguridad Social, para proceder a continuación a la reforma del mismo, bajo el principio de universalización que la Constitución señala, y la concepción de la Seguridad Social como un sistema público de atención de necesidades básicas para todos los españoles. El nivel de prestación en España (16% del PIB) es inferior al de la CEE (25%), modelo hacia el cual deberemos tender y que, por otro lado, la financiación de la Seguridad Social recae en exceso sobre los salarios, lo que produce distorsiones en las empresas, particularmente por el encarecimiento del factor trabajo".

Se preconiza un plan de contabilidad y un programa de gestión y mejora del sistema actual, centrándolo en gestión asistencial hospitalaria, mejora de asistencia en los ambulatorios y control de las prescripciones farmacéuticas, así como la revisión de las prestaciones actuales, revalorización de las pensiones, extensión del grado de protección por desempleo, así como trasladar gradualmente la financiación que gravite sobre la nómina de salarios al presupuesto del Estado y esforzarse por eliminar el elevado índice de impagos, fraude y morosidad que produce.

Aparte de esta tarea inmediata, se aborda, por último, el nuevo modelo de Seguridad Social bajo los dos puntos ya indicados (que se derivan del mandato constitucional): "Universalizar la asistencia y prestaciones sociales mínimas para todos los españoles".