Economía devuelve un expediente sancionador contra altos cargos de la Caja Rural de Santander

El Ministerio de Economía ha devuelto al Banco de España uno de los expedientes sancionadores abiertos a altos cargos de la Caja Rural de Santander, por considerar que contenía defectos de forma. Las medidas propuestas comprendían sanciones económicas y la destitución de varios altos cargos de la citada entidad bancaria. Estos fueron decididos el mes de diciembre pasado, casi un año después de que la inspección realizada por el Banco de España determinara la existencia de varias irregularidades en la gestión económica de la caja.

La decisión de retrasar nuevamente la resolución de e...

El Ministerio de Economía ha devuelto al Banco de España uno de los expedientes sancionadores abiertos a altos cargos de la Caja Rural de Santander, por considerar que contenía defectos de forma. Las medidas propuestas comprendían sanciones económicas y la destitución de varios altos cargos de la citada entidad bancaria. Estos fueron decididos el mes de diciembre pasado, casi un año después de que la inspección realizada por el Banco de España determinara la existencia de varias irregularidades en la gestión económica de la caja.

La decisión de retrasar nuevamente la resolución de estos expedientes evidencia, según el diputado cántabro del grupo socialdemócrata Ciriaco Díaz Porras, "la falta de seriedad y responsabilidad del ministro de Economía".El expediente abierto por el Banco de España a la Caja Rural de Santander en razón de las irregularidades encontradas en la gestión económica, y especialmente en la concesión de créditos a constructores, se cerró el pasado mes de diciembre con la propuesta al ministro de Econo mía y vicepresidente segundo para Asuntos Económicos, Juan Antonio García Díez, de una serie de sanciones económicas y la destitución de los principales directivos.

El antiguo presidente de la entidad, Pedro Rivero; su sustituto Amós Fernández, así como el director general, Tomás Mier, deberían ser sustituidos e inhabilitados para el desempeño de cargos, al igual que cuatro consejeros, proponiéndose también sanciones económicas que oscilaban entre 50.000 y 300.000 pesetas.

La devolución por el Ministerio de Economía del expediente sancionador parece estar motivada por la estimación de que no existe responsabilidad alguna en el caso del ex presidente de la entidad, Rivero, que dimitió de su cargo antes de que se efectuase la investigación por el Banco de España. No obstante, fuentes cercanas a la caja rural estiman procedente la sanción, dado que algunas de las irregularidades descubiertas se produjeron durante su permanencia al frente de la entidad.

Demoras de signo político

Ciriaco Díaz Porras, ex diputado de UCD y actualmente integrado en Acción Democrática, presidente de una de las cooperativas propietarias de la caja rural, manifestó que "no admitiré más demoras en la solución definitiva de los problemas de la caja", que, en su opinión, están motivadas por razones políticas. Para Díaz Porras, la postura adoptada por el Ministerio de Economía evidencia "la falta de seriedad y responsabilidad del ministro", apuntando la posibilidad de que todo ello se deba a un intento por retrasar la definitiva clarificación de unos hechos en los que está implicado el líder centrista Justo de las Cuevas.En su opinión, Justo de las Cuevas, que se encuentra entre los principales beneficiarios de los créditos generosamente repartidos por la caja, habría gestionado un retraso en la aplicación de las sanciones, prometiendo, a cambio, la solución del problema, una vez se haya designado al presidente de la Asamblea autónoma -cargo al que aspira- y celebrado las elecciones a cámaras agrarias, dominadas hasta el momento por el sindicato AIGAS, controlado por él. Se señala también su interés por retrasar esta resolución, ya que se encuentra en delicada situación económica.

Sin embargo, parece cada vez más difícil posponer una decisión en torno a las responsabilidades de los directivos de la caja rural en la gestión económica de ésta. Cerca del 50% de las 38 cooperativas que integran la cooperativa de crédito van a dejar sentir su voz en los próximos días. Las exigencias de este grupo de cooperativas, que en los próximos días podría incrementarse, se centran en la petición al consorcio de cajas rurales de que se haga cargo de la de Santander de forma inmediata y se proceda a la destitución de los actuales directivos. Como medidas concretas para asegurar la defensa de los derechos de trabajadores, propietarios e impositores de la entidad, se propone la formación de una comisión gestora, integrada por representantes de las cooperativas que no han participado en la gestión hasta el momento.

Por su parte, el Partido Socialista de Cantabria-PSOE tiene la intención de presentar ante el Congreso una proposición no de ley exigiendo responsabilidades y la destitución de los directivos de la caja. Como se recordará, el diputado socialista cántabro Jaime Blanco preguntó, el mes de diciembre pasado, al Gobierno en torno a las irregularidades cometidas en la caja, extremo que fue reconocido en la respuesta gubernamental por el propio ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno, García Díez, quien anunció, además, la imposición de sanciones a los directivos de la caja rural.