Fuertes recortes para las peticiones de subidas de precios
Del 20% de subida de tarifas que solicitan las empresas eléctricas, el Gobierno puede autorizar en su próximo Consejo de Ministros poco más de la mitad (11%-12%), según impresiones recogidas ayer tras la reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. En medios de la Administración se considera la posible decisión un indicador del ánimo antinflacionista de los responsables del Gabinete. Serán mirados igualmente con lupa los sucesivos aumentos: carbón térmico, tarifas telefónicas, gas, tarifas ferroviarias, otros transportes, algunos productos alimenticios, etcétera. La Comisión estudi...
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Del 20% de subida de tarifas que solicitan las empresas eléctricas, el Gobierno puede autorizar en su próximo Consejo de Ministros poco más de la mitad (11%-12%), según impresiones recogidas ayer tras la reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. En medios de la Administración se considera la posible decisión un indicador del ánimo antinflacionista de los responsables del Gabinete. Serán mirados igualmente con lupa los sucesivos aumentos: carbón térmico, tarifas telefónicas, gas, tarifas ferroviarias, otros transportes, algunos productos alimenticios, etcétera. La Comisión estudió también propuestas para subir el salario mínimo interprofesional (11%, hasta 948 pesetas diarias) y las cotizaciones de la Seguridad Social.
La opinión de influyentes medios de la Administración es que los grandes sectores económicos no deben ser ajenos al esfuerzo de contención salarial que harán los trabajadores con el Acuerdo Nacional sobre Empleo. En caso contrario, la lucha contra la inflación resultaría menos fructífera, pues los efectos del creciente déficit público dejan menos margen para cumplir los objetivos de terminar 1982 con un 12% de inflación y bajar en 1983 al 10%.La idea se considera especialmente válida para los sectores con precios sometidos a autorización o comunicación, casi reducidos a servicios públicos y monopolios o asimilados, tras las últimas liberalizaciones. En este caso se encuentran los ya citados, que tienen destacada influencia en la formación de otros precios libres.
Tras las tarifas eléctricas, los siguientes precios cuya elevación puede ser autorizada son carbón térmico, que subirá en torno al 10%, unos tres puntos menos de lo solicitado, y tarifas telefónicas, que previsiblemente planteará una petición de casi el 15 %.
Aunque las agencias de noticias y fuentes empresariales informaron ayer que la solicitud de subida para las eléctricas es del 18% ó 18,5%, incluyendo el 2,1 % formulado en agosto pasado y no atendido hasta la fecha, medios gubernamentales precisaron que llega prácticamente al 20% de media ponderada.
Sobre los estudios presentados por las compañías eléctricas, que van acompañados de la auditoría global recomendada por el Ministerio de Industria y Energía, los informes presentados ayer tarde a la Comisión Delegada contenían diferentes criterios.
Según medios de la Administración, el Ministerio de Industría defendió una rebaja de 3 ó 4 puntos en la media ponderada del decreto que ha de aprobar el Consejo de Ministros del próximo día 15. Similar postura fue expuesta por Hacienda.
La rebaja sugerida por Economía fue mayor, al parecer en línea con el informe preceptivo y no vinculante que ha elaborado la Junta Superior de Precios. Este informe, que se mantiene siempre reservado, al igual que la justificación del incremento por parte de las compañías eléctricas, recomibnda atender la petición del sector en algo menos de la mitad. Parecida postura defendía la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Como Industria publica tras el decreto una orden para repartir el incremento entre las diversas clases de tarifas, es probable que la mayoría de los consumos domésticos carguen con las rebajas de la electricidad de uses industriales, como ha ocurrido en anteriores ocasiones.
La petición del sector se estructura en cuatro bloques, cada uno de los cuales absorbe la cuarta parte del total: personal, cuyo crecimiento global se estima en el 11%; amortizaciones (más de un 30%); gastos financieros y diversos (70%); y dividendos e impuestos (algo más del 10%). Fuera de estos cuatro conceptos, que cubren en términos absolutos algo más de 400.000 millones de pesetas, aparece casi un cuarto de billón de pesetas para combustible, cuyo precio no ha crecido desde la última subida.
Sin embargo, fuentes del sector eléctrico indican que, como consecuencia de la sequía, las eléctricas han perdido unos 60.000 millones de pesetas, de ellos 54.000 millones en 1981. Estas cantidades han sido calculadas por la diferencia de consumo de fuel-oil en un año hidráulico medio, referencia de todos los escandallos, y el consumo realmente realizado por la falta de agua. Además, el sector ha tenido en 1981 el menor incremento de producción de las últimas décadas. De los balances semanales de UNESA se desprende que el consumo sólo ha crecido el 0,50%.
Pero los eléctricos no han convencido ni siquiera al Ministerio de Industria. En medios de la Administración se recuerda que en 1977 y 1978, e incluso en el 79, años húmedos, el sector calló el exceso de hidraulicidad.
De otro lado, en mayor o menor medida, las estimaciones de incremento de costes financieros y amortizaciones son consideradas exageradas. En los primeros pesan las fuertes inversiones programadas (véase cuadro adjunto), pero ha parecido elevado el 16% que dice tener el sector de coste medio del dinero. En cuanto a las amortizaciones, que pasarían de 80.000 millones a unos 105.000 millones, la sospecha es que tratan de cubrir rápidamente las inversiones.
A este respecto, la OCU ha repetído su conocida opinión:si las inversiones se financian con las tarifas, no deben engrosarse los capitales del sector. En este frente se alimenta también el debate de por qué las inversiones van por delante de los programas (206.902 millones previstos y 275.685 realizados en 1980), cuando el crecimiento económico es inferior al estimado al hacer los planes.