La familia March debe 104 millones de pesetas a Hacienda
El Tribunal Supremo ha suspendido la liquidación de una deuda tributaria a cinco miembros de la familia March, con lo que estas personas pasan a deber a Hacienda una cantidad superior a los 104 millones de pesetas, informa la agencia Efe.El pasado 21 de septiembre, la Sala Tercera del Tribunal Supremo decretó la suspensión de la liquidación que, por importe de 26.384.427 pesetas, fue girada a Carmen Delgado Roses y Leonor, Gloria, Juan y José Carlos March, por la Delegación de Hacienda de Madrid, en concepto de impuesto sobre la renta de las personas físicas del ejercicio de 1972.
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El Tribunal Supremo ha suspendido la liquidación de una deuda tributaria a cinco miembros de la familia March, con lo que estas personas pasan a deber a Hacienda una cantidad superior a los 104 millones de pesetas, informa la agencia Efe.El pasado 21 de septiembre, la Sala Tercera del Tribunal Supremo decretó la suspensión de la liquidación que, por importe de 26.384.427 pesetas, fue girada a Carmen Delgado Roses y Leonor, Gloria, Juan y José Carlos March, por la Delegación de Hacienda de Madrid, en concepto de impuesto sobre la renta de las personas físicas del ejercicio de 1972.
La decisión del Supremo deja sin efecto un auto previo de 28 de enero de 1980, dictado por la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, por el que se denegó dicha suspensión. Con esta sentencia son ya cuatro las suspensiones que se les han concedido y que suman en total una cantidad superior a los 104 millones de pesetas.
Dificultad de liquidez
Los argumentos esgrimidos por la parte apelante en favor de su petición fueron la dificultad material de disponer de liquidez para hacer el ingreso en efectivo en breve tiempo de tan elevada suma, así como la conveniencia económica de evitar unos daños o perjuicios de muy difícil o imposible reparación, según se desprende de uno de los considerandos del auto judicial.Para obtener esta cuantiosa suma de dinero, se añade en dicho escrito judicial, «sería preciso o bien la realización de valores -con las consiguientes pérdidas e incluso repercusión en las cotizaciones que ello podría originar- o bien la consiguiente depreciación que ello podría suponer, y que difícilmente podría ser reparada posteriormente por vía indemnizatoria, ante la mera contingencia de una mejor venta en mayor espacio de tiempo, o, en todo caso, sería necesario acudir a costosas operaciones de crédito».