La suspensión de pagos del Banco de los Pirineos abre una nueva etapa en la solución de crisis bancarias

Las ventanillas del Banco Industrial de los Pirineos (BIP) permanecieron ayer cerradas al público por segundo día consecutivo. Si las gestiones en marcha para superar la situación no dan resultado, se romperían, por primera vez, los esquemas aplicados a las crisis bancarias del último medio siglo, que se resolvieron dentro del "club bancario". Al menos de momento, el banco ya se ha salido del marco creado a principios de 1978 para hacer frente a situaciones de insolvencia. Es la primera suspensión de pagos de un banco en activo durante los últimos lustros.

En medios económicos y polític...

Las ventanillas del Banco Industrial de los Pirineos (BIP) permanecieron ayer cerradas al público por segundo día consecutivo. Si las gestiones en marcha para superar la situación no dan resultado, se romperían, por primera vez, los esquemas aplicados a las crisis bancarias del último medio siglo, que se resolvieron dentro del "club bancario". Al menos de momento, el banco ya se ha salido del marco creado a principios de 1978 para hacer frente a situaciones de insolvencia. Es la primera suspensión de pagos de un banco en activo durante los últimos lustros.

En medios económicos y políticos de Cataluña, donde la jornada de ayer no fue festiva, se registró gran expectación por el caso. El tratamiento diferencial con respecto a otras crisis de bancos y la novedad de una suspensión de pagos en el sector se mezclaron con las conjeturas sobre la personalidad del presidente del Banco Industrial de los Pirineos, Higinio Torras Majen, diputado de UCD en el Parlamento catalán, presidente de la empresa papelera Torras Hostench y agIutinador del grupo de medianos y pequeños empresarios que fundaron en 1975 el citado banco (120 empleados, 5 oficinas, cerca de 1.500 millones en recursos propios y casi 5.500 millones en depósitos a finales de septiembre pasado).El cierre de las ventanillas, según explicó un portavoz del BIP, se debió a que no puede hacerse ningún pago sin autorización de los interventores de la suspensión, que no han tomado posesión de sus cargos por ser el día judicialmente festivo. Sin embargo, tampoco los responsables del Banco se habían puesto de acuerdo con los representantes enviados por el Fondo de Garantía de Depósitos para hacer efectivo el millón y medio de pesetas que cubre la garantía por cada cuenta.

Los responsables del BIP esperan que la garantía máxima del Fondo no llegue a tener este carácter y los depositantes puedan cobrar todos sus ahorros.

Posibles soluciones

Sin querer translucir enfrentamiento alguno con el Banco de España, recuerdan que en todos los bancos con crisis tratadas hasta ahora los depositantes han cobrado todos sus ahorros, ha habido soluciones para los trabajadores, y en algunos de ellos los accionistas no han perdido nada (fue el caso del Madrid al pasar a Banesto y el del Banco Industrial del Mediterráneo al hacer un canje de acciones con Banca Catalana)A este respecto, añaden que las soluciones pueden ser las mismas que en casos anteriores: desde pasar a propiedad del Fondo hasta realizar una fuerte ampliación de capital, entrando en contacto con bancos nacionales o extranjeros.

Las noticias más solventes recogidas por este periódico indican que, para precipitar alguna de estas soluciones sin acceder a todo lo que pedía el Banco de España, el Consejo de Administración del BIP acordó, a las cinco de la madrugada del lunes, presentar suspensión de pagos, después de realizar "gestiones políticas".

La solicitud de suspensión, en efecto, fue presentada a las once de la mañana ante el juzgado número siete de Barcelona. Este dictó providencias aceptando la medida y envió el escrito por la tarde a las cuatro capitales donde el BIP tiene oficinas (Gerona, Barcelona, Lérida y Madrid).

La información oficiosa difundida a últimas horas de la tarde de ayer, además de hacer constar que el Banco de España conoció en las últimas semanas la existencia de avales no contabilizados por valor de 2.500 millones de pesetas, lo que sitúa en casi 6.000 millones de pesetas la concentración de riesgos en consejeros o empresas vinculadas al BIP, señalaba que el Fondo de Garantía de Depósitos no había recibido hasta el momento respuesta a su oferta: hacerse cargo del BIP tras recibir un mínimo del 51% de las acciones al precio de una peseta por acción, una declaración sobre la situación real de la entidad y garantías de los consejeros para cubrir las posibles pérdidas.

Fuentes del BIP han informado que el 51% de las acciones ya están disponibles, pero que las garantías personales y reales solicitadas (al parecer, de dos mil a tres mil millones) son exorbitadas. En su opinión el banco está mejor que muchos de los tratados por Corporación Bancaria o el Fondo de Garantía, pues sus únicos problemas son la existencia de fuertes inversiones inmovilizadas y algunos recursos caros. Añadieron que todo ello se puede solucionar con créditos del Banco de España hasta realizar inversiones, para destinarlos a sustituir los recursos caros.

Según las mismas fuentes, los aproximadamente 1.500 millones recibidos por el Banco de España en las últimas semanas (el BIP fue intervenido el pasado día 26) han sido agotados en atender las retiradas de depósitos y al vencimiento de créditos de otros bancos, que se han cerrado a nuevas operaciones.

La suspensión como reto

En otros medios financieros ajenos al caso, sin embargo, se subraya la creencia de que la suspensión de pagos es un reto para reforzar la posición negociadora del BIP y, sus consejeros. La ley reguladora de las suspensiones de pagos -añaden- impide al Juzgado aceptar la interposición de incidentes, e indica que los acreedores no podrán pedir la declaración de quiebra mientras el expediente esté en tramitación. Como se sabe, la suspensión de pagos, cuyas diferencias en origen con las quiebras son difusas, somete al suspenso a intervención, pero no le inhabilita como en el caso de las quiebras, que exigen el arresto preventivo del quebrado.Curiosamente, la ley de las suspensiones, que no ha sido modificada desde 1922, a pesar de no favorecer a los acreedores e incluso discriminar a los pequeños empresarios, fue promulgada el 26 de julio de 1922 con carácter coyuntural para salvar a la industria textil catalana de la recesión que siguió al boom de la primera guerra europea, tras la famosa quiebra del Banco de Barcelona. Fue inspirada por Cambó, siendo ministro de Justicia Beltrán y Musitu.

La ley Cambó hizo que las suspensiones de pagos bancarias terminaran en absorciones. El Banco de Barcelona dio lugar al Industrial de Cataluña, y el Tusquet fue absorbido por el Santander, ya en el franquismo, cuando los arreglos impedían que los trabajadores perdieran su empleo y los depositantes y accionistas su dinero. La situación bancaria llevó a resolver las crisis dentro del club. Las crisis posteriores (bancos de Burgos, Noroeste, Gerona, Ferrerías, Siero y Medina) se solventaron con la "solidaridad bancaria", en palabras del actual presidente de la patronal bancaria, Rafael Termes. Solidaridad que, con algunas grietas y fuertes ayudas del Banco de España, se ha mantenido a la hora de afrontar las crisis liabidas desde 1978.

Torras y el banco

Al margen de que el decreto-ley de 6 de marzo de 1978, sobre intervenciones del Banco de España, pueda poner en duda la decisión de suspender pagos ( prohíbe aprobar nada sin el concurso de los interventores), en los últimos medios financieros citados se relaciona el caso con las dificultades de la papelera Torras Hostench, donde Higinio Torras posee más de un 20% de las acciones, y los bancos Hispano, Urquijo y Exterior, casi otro tanto. La papelera planteó a principios de año una posible fusión con la empresa pública Ence (Empresa Nacional de Celulosas), propiedad del Instituto Nacional de Industria. La operación, que algunos consideran privatización de una empresa pública, y otros, nacionalización de una privada, no ha prosperado hasta el momento a niveles políticos.Frente a esta versión, portavoces de Torras Hostench y del Banco Industrial de los Pirineos coincidieron ayer en declarar que "ambas firmas no tienen en común más que la persona del presidente". También reiteraron que el riesgo total del BIP con la empresa es sólo de unos veinte millones de pesetas.

Por otra parte, Ramón Solé informa desde Gerona que la suspensión ha provocado fuerte conmoción en medios financieros de Cataluña, y especialmente de Gerona, donde en las últimas semanas ha circulado el rumor de que la papelera Torras pasaba por dificultades económicas, después de haber invertido muchos millones para poner en marcha una factoría en Brasil. Las cotizaciones de la empresa en la Bolsa de Barcelona arrojaron mínimos la pasada semana, cuando cada acción (1.000 pesetas de nominal) estaba a 120.