Los alcaldes acusan a los Presupuestos del Estado de atentar contra la autonomía municipal

Los alcaldes de 56 municipios españoles con más de 150.000 habitantes, reunidos en Murcia el jueves y viernes pasados, decidieron solicitar del Gobierno la supresión del artículo 21 del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 1982, «por atentar contra la autonomía municipal y provocar una crisis en el nivel y calidad de los servicios públicos locales». Los representantes municipales de las principales ciudades españolas acordaron también constituirse en mesa de trabajo dentro de la Federación Española de Municipios (FEM), así como celebrar estos encuentros con una perio...

Los alcaldes de 56 municipios españoles con más de 150.000 habitantes, reunidos en Murcia el jueves y viernes pasados, decidieron solicitar del Gobierno la supresión del artículo 21 del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 1982, «por atentar contra la autonomía municipal y provocar una crisis en el nivel y calidad de los servicios públicos locales». Los representantes municipales de las principales ciudades españolas acordaron también constituirse en mesa de trabajo dentro de la Federación Española de Municipios (FEM), así como celebrar estos encuentros con una periodicidad de tres meses.

Los alcaldes de grandes ciudades aprobaron, a propuesta de Joaquín López Menéndez, alcalde de La Coruña, solicitar del Gobierno autorización para la emisión de unas quinielas aplicadas específicamente a los juegos que se celebren dentro del Mundial de Fútbol, cuyos beneficios revertirán a los diecisiete ayuntamientos españoles sedes del Mundial. Con las ganancias de estas quinielas municipales, estos municipios sedes podrán resolver el endeudamiento contraído por la remodelación de campos de fútbol y embellecimiento de ciudades con ocasión de dicho acontecimiento. Se calcula que se podrían recaudar una media de cuatro millones de pesetas para cada sede.Acerca del cumplimiento de determinados plazos a los que obliga el acuerdo marco de urbanismo y vivienda, los alcaldes reunidos en Murcia expresaron la imposibilidad material de terminar determinados proyectos antes del 31 de diciembre del presente año, como es el caso, por ejemplo, del inventario de solares municipales. Los representantes de los municipios más importantes de España han matizado que el acuerdo puede ser cumplido «en un tiempo prudencial».

Por otra parte, los alcaldes siguen insistiendo en una política de reequilibrio «que contemple la posibilidad de que el Estado asuma la carga financiera derivada de los presupuestos de liquidación de deuda», y denuncian el estancamiento que significa el poco peso del sector local en el conjunto de las administraciones públicas. El alcalde de Sevilla, Luis Uruñuela, del Partido Socialista Andaluz (PSA), recordó que la participación de los ayuntamientos en los presupuestos generales oscilaba desde un 25 % hasta un 60% en los países más desarrollados, mientras que en España esta participación era del 10%.

Reducción de impuestos

Narcís Serra, alcalde de Barcelona, afirmó en el transcurso de una conferencia de Prensa que no es partidario de la reducción de impuestos municipales ante situaciones de crisis económica, aunque reconoció que podían buscarse mecanismos diferentes a los actuales para equilibrar las arcas municipales. Serra dijo que al español le queda un largo camino de concienciación ciudadana en lo que respecta al pago de sus impuestos hasta que alcance el nivel europeo.La futura ley de Financiación de las Corporaciones Locales deberá modificar, según los alcaldes reunidos en Murcia, la noción de algunos conceptos vigentes en la contribución urbana. La supresión del impuesto de erradicación por una imposición urbana, según las actividades económicas de los comercios, es uno de los puntos básicos de este proyecto, que mantendrá las tasas por distintos servicios municipales.

La Federación Española de Municipios rechaza el planteamiento del proyecto de ley de Transporte Público Urbano de Superficie por considerar que se basa en una figura tributaria derivada de lo que se denomina impuesto de inquilinato. Frente a ello proponen que el déficit del transporte urbano de superficie se cubra, a partes iguales, entre los municipios y el Estado. La participación del Estado no debería ser superior al 50%.

En su resolución proclaman que la defensa de la Constitución es condición ineludible para continuar trabajando por el bienestar y la felicidad de los españoles y para garantizar el libre desenvolvimiento de todas sus actividades políticas y sociales.