La privatización del sector publico británico va mucho más allá de lo que se esperaba

Aunque el manifiesto electoral de los conservadores británicos las mencionaba en 1979, la escala de las privatizaciones de empresas nacionalizadas contemplada por el Gobierno de Margaret Thatcher va mucho más allá de lo esperado. En los últimos dieciocho meses el Gobierno ha dejado claras sus intenciones de cambiar la faz de la industria estatal británica, reduciendo el sector público y rompiendo los monopolios estatales, liberando así las fuerzas del mercado.

Hasta ahora, el Gobierno Thatcher ha vendido acciones de la British Petroleum (BP), transformando British Aerospace en una empre...

Aunque el manifiesto electoral de los conservadores británicos las mencionaba en 1979, la escala de las privatizaciones de empresas nacionalizadas contemplada por el Gobierno de Margaret Thatcher va mucho más allá de lo esperado. En los últimos dieciocho meses el Gobierno ha dejado claras sus intenciones de cambiar la faz de la industria estatal británica, reduciendo el sector público y rompiendo los monopolios estatales, liberando así las fuerzas del mercado.

Hasta ahora, el Gobierno Thatcher ha vendido acciones de la British Petroleum (BP), transformando British Aerospace en una empresa del sector privado, con el 52% de las acciones en manos del público desde febrero de este año. La mitad de la participación en Cabie and Wireless es ya propiedad privada, pudiendo ahora competir con la empresa nacional de telecomunicaciones, British Telecom, cuyo monopolio ha quedado resquebrajado.Otra serie de pequeñas empresas nacionalizadas también han sido privatizadas, incluidas partes de British Rail, como sus hoteles y sus ferries. La Compañía Nacional de Fletes revertirá a sus empleados si éstos logran reunir para enero un total de 525 millones de pesetas. Con este dinero recibirán un 60% de las acciones, que totalizan 9,330 millones de pesetas.

El plan de privatizaciones es un proyecto ambicioso, que para completarse requerirá aún la aprobación de nuevas leyes. De hecho, el Gobierno está ya en condiciones legales de privatizar British Airways, y, si no lo ha hecho ya es porque esta compañía nacional de líricas aéreas está perdiendo dinero El Gobierno aguarda, pues, a q e las condiciones del mercado sean más favorables. Lo mismo podría decirse de los astilleros de British Shipbuilders o de los diecinueve puertos propiedad del British Transport Docks Board.

El próximo, el sector energético

El próximo proyecto de privatización afectará al sector energético. El Gobierno se propone vender un 5 1 %, del sector de la producción de la Corporación Nacional Británica del Petróleo (BNOC), aunque el sector comercial seguirá en manos del Estado. Por otra parte, el Gobierno se deshará de los intereses en el petróleo del mar del Norte de la Corporación del Gas, empresa nacional que perderá además su monopolio para comprar y vender gas. Sir Denis Rooke, presidente de la Corporación del Gas, ha criticado estos planes, pues considera que la actual estructura de su empresa ha logrado un éxito indudable, prefiriendo una ampliación con capital privado a atomizar la corporación para privatizarla por partes.

Según indicó en julio el canciller del Exchequer, sir Geofrey Howe, estos grandes proyectos de privatización del sector público no responden a una postura doctrinaria, obsesionada con los recortes del gasto público. Howe quiere romper los monopolios estatales, que, según" piensa, producen bienes y servicios, que el pueblo no desea necesariamente, a unos precios arbitrarlos, fijados a menudo por razones de política electoral.

En realidad se barajan otras razones, entre ellas que desde que este Gobierno llegó al poder, en 1979, descubrió que el trato con las industrias nacionalizadas ha sido más difícil de lo que esperaba. Al privatizarlas, el Gobierno espera asimismo deshacerse del fardo económico que suponen las compensaciones por unos despidos, que, se dice, son necesarios para la racionalización de estas empresas.

Pero la razón del gasto público pesa. Con la privatización de estas empresas rentables -si no fueran rentables, el Gobierno no podría venderlas-, el Tesoro se niega una fuente de ingresos; pero muchas de estas empresas acuden a fondos públicos para sus inversiones en capital. Y sobre todo, estas privatizaciones supondrían un sustancial ingreso para el Gobierno, que serviría para financiar sus necesidades crediticias.

El ejemplo de la BNOC es el más claro y polémico. Desde su creación en 1976, esta corporación ha ingerido mil millones de libras del erario público para sus inversiones. Pero ha supuesto también sustanciales ingresos para el Gobierno. Por sí solas, las ventas de futuros de petróleo de la BNOC produjeron 625 millones de libras en 1980, y se espera que este año produzcan 550 millones de libras (unos 10.000 millones de pesetas).

La privatización de parte de BNOC y de la Corporación del Gas supondrá una inyección única de unos 1.400 millones de libras (245.000 millones de pesetas) el próximo año, completados por otros 70.000 millones de pesetas del resto de las privatizaciones.

Estas son cifras que se manejan en la City de Londres, pues el Gobierno rehúsa, por razones evidentes, a hablar a estas alturas de una cantidad precisa.

Beneficios a debate

Los beneficios de la privatización para el Estado son debatibles, pues, además de producir menos dividendos, aumentarán el paro cuando las empresas privatizadas comiencen a reducir su fuerza laboral. Un estudio de la Universidad de Buckingham ha llegado a la conclusión de que las privatizaciones no tendrán un impacto importante sobre la reducción del déficit presupuestarlo a largo plazo. De hecho, en el Tesoro se calculan los ingresos de estas privatizaciones como una simple partida del presupuesto, que, por otra parte, no tendrá un efecto notable en la inflación, pues si por una parte disminuirá la deuda pública, por otra aumentará la privada.

Existen otros proyectos más lejanos. El Gobierno está presionando sobre el presidente de la Corporación Británica del Acero (BSC) para que rompa su organización en unidades más pequeñas de ámbito regional, facilitando así su eventual privatización por partes. De hecho, BSC, en 1981, recibió más de un tercio de lo que en total cuestan las industrias nacionalizadas al Tesoro. Una presión similar está haciéndose notar sobre sir Michael Edwardes, el presidente de la British Leyland, al pensar el Gobierno que una industria nacionalizada de automóviles no tiene sentido en esta época. De hecho, la empresa japonesa Honda está interesada en partes de BL.

El otro aspecto de la política de privatización es el fomnto de la cooperación entre las industrias nacionalizadas y el sector público. Estas son las empresas que el secretario de Estado para la Energía, Patrick Jenkins, llama compañía fénix, como la Allied Steel and Wire, creada por mitad por la BSC y por la empresa privada de acero GKN. Existe también la tendencia al intercambio de participaciones entre empresas públicas Y empresas privadas. Como cuando, semanas atrás, Arthur Lee and Sons Ltd. compró los intereses de BSC en Lee Bright Bars Ltd., y BSC, a cambio, aumentó su participación en Alloy Steel Rods Ltd.

Del mismo modo, la Compañía Nacional de Autobuses comenzará pronto a abrirse al capital privado. La polémica sobre este amplio plan de nacionalizaciones se proseguirá en los próximos meses, y no sólo por parte del Partido Laborista, cuya política oficial es la renacionalización de las empresas privatizadas, con la compensación justa para que el sector privado no realice ningún beneficio. Sin embargo, el mercado parece haber prestado un oído sordo a estas amenazas laboristas. Las acciones de British Aerospace y de Cables and Wireless se han vendido mejor de lo que se esperaba. Si el Gobierno de Margaret Thatcher consigue sus propósitos habrá logrado una revolución industrial similar a la de las nacionalizaciones del Gobierno Attlee a finales de la década de los cuarenta.