Tribuna:TRIBUNA LIBRE

Estancamiento de la LAU

Me avergüenza sobremanera recordarlo, pero la verdad es que en diciembre de 1977 llegó a todas las universidades del país una circular que contenía unos cuantos puntos, embrión de lo que iba a ser una ley de Autonomía Universitaria. Desde entonces hemos conocido varias versiones de proyectos de ley, una tras otra con modificaciones según la mentalidad de quienes pesaban más en cada coyuntura. Incluso llegamos a tener, pronto hará un año, un proyecto aprobado en la comisión del Congreso , listo ya para pasar al Pleno. Desde entonces, la ley ha sido presentada y defendida por tres ministros ... ...

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Me avergüenza sobremanera recordarlo, pero la verdad es que en diciembre de 1977 llegó a todas las universidades del país una circular que contenía unos cuantos puntos, embrión de lo que iba a ser una ley de Autonomía Universitaria. Desde entonces hemos conocido varias versiones de proyectos de ley, una tras otra con modificaciones según la mentalidad de quienes pesaban más en cada coyuntura. Incluso llegamos a tener, pronto hará un año, un proyecto aprobado en la comisión del Congreso , listo ya para pasar al Pleno. Desde entonces, la ley ha sido presentada y defendida por tres ministros ... ; pero de ley, nada.La Universidad de Barcelona, por medio de sus órganos más representativos, ha manifestado su posición contraria al contenido del ,proyecto inicial y los sucesivos; entre otras razones, por demasiado reglamentistas y centralistas (qué poco quedaba en ellos para la autonomía de la universidad, que tan pomposamente figuraba en el título). No es que nos opusiéramos a que por fin existiese una ley, sino que considerábamos que esta, realmente indispensable, debía adecuarse a una universidad moderna, no ligada a condicionamientos atávicos. Ahora bien: nosotros -rector y vicerrectores de la Universidad de Barcelona- no hemos permanecido con los brazos cruzados. En íntimo contacto con las otras dos universidades catalanas y con media docena de otras de todo el Estado, establecimos reiterados contactos entre nosotros y con parlamentarios de varias tendencias políticas. Lo prueban el seminario de Córdoba (septiembre de 1978) y reuniones habidas en Barcelona y, sobre todo, en Madrid. Queríamos contribuir a una universidad entendida como servicio público, democrática (que no reservara el poder a un solo rector, sino que en sus distintos órganos hubiese amplia representación de todos los universitarios), más autónoma en la contratación, la adscripción y el control de su profesorado.

Salvar las responsabilidades

Ya lo he dicho: entre las vanas versiones de los proyectos de ley, las había que se acercaban más a nuestros puntos de vista. Pues bien quizá sea ya hora de empezar a decir algo, aunque sea para salvar las responsabilidades ante la opinión y ante las generaciones venideras. Sin jactancia, pero sí para servir a la verdad, diré que la Universidad de Barcelona ha intervenido muy activamente en el intento de obtener una ley abierta, renovadora y estimulante. Los distintos partidos, e incluso el propio ministro, saben que ha sido casi inagotable nuestra capacidad de generar documentos por escrito, que contenían desde enmiendas a los sucesivos proyectos hasta planteamientos generales sobre la ley y fórmulas transaccionales concretamente articuladas.

Hay que reconocer que los resultados no corresponden a los esfuerzos realizados. La última versión, de la pasada primavera (¿será realmente la última?), venía a rectificar muchos extremos de la anterior, en el sentido de una mayor cerrazón en el concepto y en el funcionamiento de la universidad. Esas modificaciones se hicieron en aras de un pacto político a alto nivel, cuya diafanidad y cuyo grado de firmeza y efectividad nunca han acabado de quedar claros. De hecho, no parece tampoco que así se resuelva la situación: los ponentes, reticentes con respecto al dictamen que ellos mismos habían redactado, han tardado tres meses en firmarlo. Y otros nubarrones amenazan con nuevas borrascas.

Y mientras prosiguen alternativamente laboriosas negociaciones y rotundos fracasos, los universitarios estamos apurando ya la paciencia. Hasta ahora teníamos la esperanza de conseguir una ley que, a pesar de no satisfacernos en muchos de sus extremos, se convirtiera en un instrumento capaz de llevar la gestión de la universidad con una cierta congruencia. Pero lo cierto es que hasta esta esperanza hemos perdido. En efecto, llega un momento en que ya no se trata tan sólo de cerrazón; se trata, fundamentalmente, de estancamiento. Se nos brinda un ejemplo más de la vieja costumbre hispánica de no resolver los problemas. Pienso que estamos ante un caso claro de lo que los teorizantes llaman violencia estructural. Según ellos, en una sociedad hay violencia estructural cuando los elementos de freno pesan más que los innovadores... (Y pensar que esto ocurra en la universidad, que quiere ser -y es por naturaleza- fermento de progreso en la ciencia y en la vida de la sociedad.)

A nadie se le oculta que la situación universitaria de hoy entraña abundantes y graves peligros, tanto para el funcionamiento de la universidad como para la moral de los mismos universitarios. He de denunciarlo con la mayor energía. Ello no obstante, tenemos que reaccionar. Opongámonos al desaliento que pugna por imponerse. Aunque choquemos con in gentes obstáculos, nuestra con ciencia de universitarios nos hace decir que procuraremos, en la medida de nuestras fuerzas y hasta allí donde lo permitan las circunstancias, sacar adelante la universidad. Por lo que respecta a la Universidad de Barcelona, nuestro empeño fue rubricado, en el claustro del pasado mes de mayo para la elección de rector, por una amplia mayoría de participantes. Seguiremos luchando, pues, por una universidad abierta, democrática, eficiente, al servicio de la comunidad. Y, al defender esta concepción, creemos que trabajamos no sólo por el bien de la Universidad de Barcelona, sino también por el bien de las universidades de todo él país.

Antoni M. Badía Margarit es rector de la Universidad de Barcelona.

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