El acuerdo del Gobierno con el PSOE asegura el éxito de la armonización del proceso autonómico
El Pleno del Congreso de los Diputados apreciará hoy por abrumadora mayoría el fruto del previo pacto del Gobierno con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sobre la necesidad de dictar una ley de Armonización del Proceso Autonómico. El debate agrupó contra el acuerdo mayoritario a las minorías nacionalistas y al grupo comunista. En defensa del acuerdo suscrito el 31 de julio por el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, y el secretario general del PSOE, Felipe González, intervino este último, quien dijo asumir la responsabilidad histórica del pacto, mientras que acusó la falta ...
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El Pleno del Congreso de los Diputados apreciará hoy por abrumadora mayoría el fruto del previo pacto del Gobierno con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sobre la necesidad de dictar una ley de Armonización del Proceso Autonómico. El debate agrupó contra el acuerdo mayoritario a las minorías nacionalistas y al grupo comunista. En defensa del acuerdo suscrito el 31 de julio por el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, y el secretario general del PSOE, Felipe González, intervino este último, quien dijo asumir la responsabilidad histórica del pacto, mientras que acusó la falta de atención del Gobierno a este debate.
En nombre del Gobierno intervino el ministro de Administración Territorial. Rodolfo Martín Villa. El grupo centrista ¡lizo subir a la tribuna de oradores a un diputado de segunda fila, José María Martín Oviedo. El presidente del Gobierno apareció un instante por los pasillos de la Cámara, pero no asistió al debate.La discusión produjo una agrupación de fuerzas políticamente heterogéneas. Frente al acuerdo de armonización del proceso autonómico estuvieron en primera línea la Minoría Catalana, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Euskadiko Ezkerra (EE), los grupos andalucista y comunista, además del diputado del Grupo Mixto Ramón Tamames. En favor de la necesidad de armonizar las autonomías coincidieron los ya citados Rodolfo Martín Villa y Felipe González, junto al también socialista, el catalán Ernest Lluch, además del portavoz de Coalición Democrática, Manuel Fraga, y el del arupo centrista. José María Martín Oviedo.
El ministro de Administración Territorial aseguró que el proyecto de ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). consecuencia del pacto con el PSOE, contiene unos principios útiles para el Estado Y las comunidades autónomas. Entre otras utilidades que atribuyó a la futura ley, destacó que acabará con la constante presentación de recursos de inscontitucionalidad por el Gobierno Y las comunidades autónomas. por falta de una adecuada interpretación y desarrollo constitucional.
Por la Minoría Catalana, Miguel Roca hizo un análisis detallado sobre el contraste entre el informe solicitado a los expertos y el proyecto de ley sometido a la consideración general de la Cámara. Recordó que, con ocasión del anterior debate sobre otra ley de armonización, su grupo anticipó la incorrección de esta fórmula. Roca aseguró que no puede disociarse el modelo de estado del modelo de sociedad, y en consecuencia, si se opta por la libertad y el no intervencionismo del Estado. debe favorecerse el modelo autonómico.
La única intervención en contra del acuerdo solicitado a la Cámara fue la de Miguel Roca. Sin embargo, diversos grupos intervinieron, en el turno de fijación de posiciones, en la misma línea que la Minoría Catalana. El andalucista Alejandro Rojas Marcos aseguró que si en la Constitución se puso en marcha el proceso autonómico fue por la existencia de dos poderes fácticos -Cataluña y País Vasco- a los que el poder centralista no quiso contradecir.
Utilización abusiva
Por el PNV, Marcos Vizcaya advirtió sobre la utilización abusiva del acuerdo solicitado contra los estatutos de autonomía nuevos y para limitación de los que ya están en marcha. Coincidió con Miguel Roca en que no es posible modificar los estatutos mediante una ley de armonización y anticipó la oposición de su partido a este intento.El diputado del Grupo Mixto Juan María Bandrés (EE) vio en la LOAPA el reflejo de «oscuras amenazas del 23 de febrero». No le asombró la posición centrista, pero sí la del PSOE, en línea con el Gobierno en lo que calificó de «ofensiva antiautonómica». El diputado del mismo grupo Ramón Tamames criticó también el revisionismo de la Constitución que subyace en la LOAPA y censuró que, mientras el Gobierno no aprecia la necesidad de un referéndum para la adhesión a la OTAN, apele a los intereses generales de la nación en contra de los procesos autonómicos.
El comunista Jordi Solé Tura impugnó el procedimiento utilizado, que «equivale a una reforma implícita del título 8 de la Constitución y de los estatutos de autonomía». Criticó concretamente la fórmula de ley orgánica de la LOAPA, a pesar de contener normas que no requieren ese tipo de ley y censuró también que el artículo 8º establezca que el Gobierno pueda suspender la delegación o transferencia de competencias a las comunidades autónomas.
En favor de la armonización del proceso autonómico destacó la intervención del líder socialista, Felipe González, quien reconoció la iniciativa protagónica de su partido, aunque también destacó las aportaciones del PCE, que, sin embargo, no firmó finalmente los pactos. Justificó la armonización por el principio constitucional de la solidaridad, especialmente necesario en un Estado autonómico. Añadió que sus criterios sobre esta materia no están influidos por ningún hecho reciente -aludía notoriamente al 23-F-, ya que los mantuvo el 12 de febrero de 1979 con idéntica formulación. Finalmente hizo una llamada a todas las fuerzas parlamentarias, sin particularismo territoriales. El también socialista Ernesto Lluch aseguró que en materia económica los pactos mejoran lo conseguido hasta ahora por las comunidades autónomas.
Por CD, Manuel Fraga se refirió a la necesidad de reformar la Constitución en sus planteamientos autonómicos y estimó aceptable, mientras tanto, la utilización de las leyes orgánicas, incluida la modificación de los estatutos de autonomía.
El debate fue cerrado por una intervención gris del centrista José María Martín Oviedo y otra del ministro de Administración Territorial. Rodolfo Martín Villa.
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