El presidente mexicano, contra la corrupción administrativa
El presidente mexicano, José López Portillo, ha pedido a los legisladores mexicanos que regulen el tema de los obsequios a funcionarios públicos, muy especialmente a los presidentes. "Una iniciativa de ley en este sentido", dijo, "la veré con especial agrado y con total disciplina".Esta cuestión de los regalos a los presidentes había sido destapada días atrás por el diario Unomasuno, al revelar que un grupo de empresarios había ofrecido a López Portillo un rancho de sesenta hectáreas en el Estado de México para retirarse al término de su mandato presidencial. En una carta posterior, rem...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El presidente mexicano, José López Portillo, ha pedido a los legisladores mexicanos que regulen el tema de los obsequios a funcionarios públicos, muy especialmente a los presidentes. "Una iniciativa de ley en este sentido", dijo, "la veré con especial agrado y con total disciplina".Esta cuestión de los regalos a los presidentes había sido destapada días atrás por el diario Unomasuno, al revelar que un grupo de empresarios había ofrecido a López Portillo un rancho de sesenta hectáreas en el Estado de México para retirarse al término de su mandato presidencial. En una carta posterior, remitida a ese mismo periódico, el presidente anunciaba que había decidido no aceptar la oferta, a pesar de que no hubiera sido un acto ilegal.
Estos obsequios a los presidentes forman parte de una tradición mexicana que se remonta a los virreyes de la colonia. El diario Excelsior enumeraba días atrás las fincas regaladas y aceptadas por los últimos presidentes, con un saldo muy ventajoso para Luis Echevarría, propietario de fincas y casas en varios Estados.
Dentro de la lucha contra la corrupción administrativa, este es, con todo un tema menor en un país como México, en el que una cuarta parte del presupuesto estatal termina en cuentas particulares, según estimación de un diputado de la oposición. Esto significaría una desviación de más de dos billones de pesetas.