Aprobado el programa de inversiones públicas para los tres próximos años
El Consejo de Ministros aprobó ayer el programa de inversiones públicas para los tres próximos años, que contiene importantes incrementos en materia de construcción de viviendas, obras hidráulicas e incentivos a la localización de empresas en las grandes áreas de expansión industrial, polos y polígonos. La cifra de inversión pública para 1982 asciende a 825.000 millones de pesetas. El Gobierno aprobó también ayer la creación de veintiséis juzgados de familia, quince juzgados de primera instancia y doce juzgados de distrito, todos ellos para atender las cuestiones de derecho de familia y divorc...
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El Consejo de Ministros aprobó ayer el programa de inversiones públicas para los tres próximos años, que contiene importantes incrementos en materia de construcción de viviendas, obras hidráulicas e incentivos a la localización de empresas en las grandes áreas de expansión industrial, polos y polígonos. La cifra de inversión pública para 1982 asciende a 825.000 millones de pesetas. El Gobierno aprobó también ayer la creación de veintiséis juzgados de familia, quince juzgados de primera instancia y doce juzgados de distrito, todos ellos para atender las cuestiones de derecho de familia y divorcio.Mientras, en lo relativo a Economía y Comercio se aprobó, entre otros, un acuerdo por el que el Estado renuncia a su derecho de adquisición preferente en una transmisión de acciones de la Banca López Quesada.
En lo que se refiere al programa de inversiones, la ampliación de la referencia del Consejo explica que aquéllas serán seleccionadas en base al aumento de forma directa o indirecta del nivel de empleo, así como el fomento del desarrollo o incorporación de nuevas tecnologías, ahorro energético, impacto favorable en la balanza de pagos y no generación de aumentos apreciables de los gastos públicos corrientes.
Frente a los antiguos planes de inversiones públicas, el programa aprobado ayer por el Gobierno mantiene un horizonte de tres años de actividad inversora, y contiene exclusivamente proyectos perfectamente definidos y evaluados. Aquellos que no reúnen estos requisitos han sido pospuestos para su inclusión en las revisiones anuales futuras.
La cifra de inversión pública que se recogerá en los presupuestos generales del Estado para 1982, asciende a 825.000 millones de pesetas.
30.000 millones de pesetas de presupuesto
El presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo se incrementa en más de 30.000 millones de pesetas, como consecuencia de que se respeta íntegramente el programa trienal de construcción de viviendas de protección oficial, acordado por el Gobierno el año pasado, y que se incrementa de forma importante los gastos destinados a obras hidráulicas, cuyos presupuestos pasan de 35.000 millones, a 44.500 millones de pesetas, y las inversiones en carreteras, que pasan de 43.800 millones, a 52.700 millones de pesetas.Otro ministerio que recoge aumentos importantes en su presupuesto de inversiones es el de Transportes, Turismo y Comunicaciones. El incremento más importante es el de infraestructura del transporte, cuyo presupuesto para el año 1982 se sitúa en 28.500 millones de pesetas, frente a los 20.900 del pasado año. Las inversiones en Renfe aumentarán el 32,7%, y las de Correos, cerca del 30%.
En Agricultura y Pesca, la inversión en regadíos alcanza una cifra de 27.000 millones. En Industria y Energía, el presupuesto de inversiones aumenta en más de 24.000 millones, especialmente para necesidades derivadas de la reconversión industrial.
Creación de juzgados
Por otra parte, el consejo de ministros acordó la creación de veintiséis juzgados de familia, quince juzgados de primera instancia e instrucción y doce juzgados de distrito, todos ellos para atender las cuestiones relativas a derecho de familia en general, y en particular en materia de filiación, patria potestad, matrimonio y divorcio. El mayor número de juzgados de familia corresponderá a Madrid y Barcelona -cuatro en cada ciudad-, así como a Valencia, Sevilla y Bilbao -dos en cada una.Finalmente, el Gobierno ha decidido hacer uso de la autorización concedida en el artículo 17.3 del Estatuto de los Trabajadores, que permite a las empresas establecer contratos temporales, de hasta tres años, con trabajadores en paro, inscritos en las correspondientes oficinas de empleo.