El informe de la OCDE

EL INFORME de la OCDE sobre la economía española durante 1980, no sólo analiza cuestiones de coyuntura, sino que también se ocupa de algunos problemas estructurales que ilustran las dramáticas repercusiones de la crisis del petróleo sobre nuestra situación actual. Tras el encarecimiento de los crudos, la tendencia de la economía española a presentar un dinamismo superior al de otros países se ha invertido. Así, mientras el PNB del área de la OCDE ha crecido durante los años de la crisis a razón de un 2, 75%, nuestra economía se ha mantenido en el 2%.Si bien España es poco dependiente, en térmi...

EL INFORME de la OCDE sobre la economía española durante 1980, no sólo analiza cuestiones de coyuntura, sino que también se ocupa de algunos problemas estructurales que ilustran las dramáticas repercusiones de la crisis del petróleo sobre nuestra situación actual. Tras el encarecimiento de los crudos, la tendencia de la economía española a presentar un dinamismo superior al de otros países se ha invertido. Así, mientras el PNB del área de la OCDE ha crecido durante los años de la crisis a razón de un 2, 75%, nuestra economía se ha mantenido en el 2%.Si bien España es poco dependiente, en términos relativos del comercio exterior, su vulnerabilidad por el lado de la energía y del petróleo es muy grande. Sin embargo, el primer toque a rebato de finales de 1973, que despertó en los países avanzados la clara conciencia de la escasez y la carestía futura de los crudos, no fue escuchado por las autoridades españolas, que se esforzaron por ocultar esas inquietudes a una opinión pública adormecida por el desarrollismo. Los grandes planes siderúrgicos y navales siguieron adelante como si nada ocurriese, a la vez que se intensificaba el ritmo de construcción de viviendas, se atizaban las expectativas de aumentos salariales y se incrementaban los ingresos percibidos a través de las cuotas de la Seguridad Social.

La consecuencia de esa política económica del avestruz, situada en el contexto de la decadencia del franquismo y de los deseos de compensar la falta de libertades con el mantenimiento artificial de expectativas consumistas al alza, fue la ausencia de una política energética capaz de incitar al ahorro de petróleo y a su sustitución por otras fuentes. Mientras los demás países avanzados iniciaban el reajuste de sus industrias, la vulnerabilidad hacia el exterior de nuestra economía se agravaba. El informe de la OCDE subraya, al tiempo, cómo la caída del turismo y la contracción de los mercados exteriores incidieron sobre una economía industrial en la que la siderurgia, el sector naval, los textiles y el calzado representaban una proporción sobre el total superior a la que ofrecen nuestros competidores. De añadidura, la competencia, en esos cuatro sectores, de los nuevos productores de Latinoamérica y, sobre todo, de Extremo Oriente, con mano de obra más barata y tecnología superior o equivalente, resultó demoledora. Finalmente, el retorno de los emigrantes. desempleados en Europa y el excedente estructural de la mano de obra agrícola añadirían un perverso efecto adicional sobre nuestros niveles de paro.

Esta serie de circunstancias agarraron a contrapié a la economía española cuando la crisis del petróleo sé intensificaba y se producía la transición política desde el autoritarismo hasta la Monarquía parlamentaria. Hasta después de las elecciones de 1977 el Gobierno no se decidió a adoptar un programa de estabilización orientado a reducir los desequilibrios originados, de un lado, por las alzas de precios y salarios, y de otro, por los desajustes en la balanza de pagos. La depreciación de la peseta y una política monetaria más rigurosa permitieron reducir la inflación e invertir el signo de la balanza de pagos.

A pesar de los pactos de la Moncloa, no se consiguió articular una estrategia de orden global que permitiese, junto a una política de rentas racional y negociada, la utilización de los presupuestos y de los instrumentos del Estado para fomentar la inversión, flexibilizar la economía, diversificar las exportaciones y ampliar nuestra reducida base tecnológica. Por el contrario, el Gobierno siguió aplicando parches a sectores en crisis y regalando subvenciones a empresas estatales deficitarias que mantenían nóminas desorbitadas. El sector público continuó despilfarrando fondos e incrementando sus gastos corrientes, en tanto que la recaudación fiscal, concentrada en exceso en las cuotas de la Seguridad Social, seguía encareciendo el coste del trabajo y desanimando la ampliación de las plantillas.

El informe de la OCDE también examina las previsiones para el inmediato futuro. No se puede decir que las conclusiones sean optimistas. La subida de los precios del petróleo en 1979-1980 y la recesión mundial, unidas a los específicos problemas, españoles, hacen pensar a los expertos que «no es previsible una mejora significativa en el comportamiento de la economía española» en plazos inmediatos. Sin embargo, el informe interpreta como síntomas esperanzadores de un mayor realismo de nuestras autoridades la adopción de un programa energético y su rápida respuesta para trasladar a los precios interiores las alzas en los mercados internacionales de crudos. Los expertos consideran positivo el cambio de las actitudes colectivas respecto a una serie de problemas cruciales: la reducción de las presiones salariales, el estímulo a la inversión, la transformación de la estructura del gasto público y la disminución de las transferencias y subvenciones. Ni que decir tiene que este diagnóstico, para servir de algo, precisa la voluntad de los políticos de hacerlo operativo.