Declara ante el juez el responsable de la gestión económico-administrativa de RTVE
Ignacio Martínez Echevarría, subdirector general para la gestión económico-administrativa de RTVE, prestó ayer declaración ante el juez en relación con la querella formulada por el PSOE y el PCE a raíz de la publicación de la auditoría de Hacienda sobre la situación económico-administrativa y financiera de la radiotelevisión estatal.Martínez Echevarría, junto con los ex directores generales de RTVE Rafael Ansón y Fernando Arias-Salgado, y el director de administración y finanzas del organismo, Francisco López Arenosa, es uno de los altos cargos del ente estatal contra los que se dirige la acci...
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Ignacio Martínez Echevarría, subdirector general para la gestión económico-administrativa de RTVE, prestó ayer declaración ante el juez en relación con la querella formulada por el PSOE y el PCE a raíz de la publicación de la auditoría de Hacienda sobre la situación económico-administrativa y financiera de la radiotelevisión estatal.Martínez Echevarría, junto con los ex directores generales de RTVE Rafael Ansón y Fernando Arias-Salgado, y el director de administración y finanzas del organismo, Francisco López Arenosa, es uno de los altos cargos del ente estatal contra los que se dirige la acción judicial instada por el PSOE y el PCE. Los dos primeros prestaron declaración, en cuanto querellados, hace algunos días, y para fecha próxima está citado con la misma finalidad López Arenosa.
La declaración ante el juez de Martínez Echevarría se inició a las diez de la mañana y se prolongó hasta primeras horas de la tarde. En la misma estuvieron presentes el abogado del querellado, letrado Horacio de la Oliva, y los abogados de la parte querellante, letrados Enrique Gimbernat y José Luis Núñez Casal. Al finalizar su declaración, Martínez Echevarría manifestó: «Me siento satisfecho por haber podido hacer estas declaraciones, y porque el terna sea tratado ante los tribunales de Justicia, y no en la Prensa. No puedo decir más, porque el sumario es secreto».
La querella del PSOE y del PCE hace referencia a una supuesta apropiación indebida por valor de ochocientos millones de pesetas (retención de impuestos de trabajo personal no ingresados en Hacienda), a una presunta malversación de fondos por valor de 3.000 millones de pesetas, y a una supuesta apropiación indebida de otros ochocientos millones de pesetas.