PSOE y PCE condicionaron anoche su voto a la LAU a una nueva regulación sobre universidades privadas

Los grupos socialista y comunista no tenían decidido anoche su voto sobre el proyecto global de ley de Autonomía Universitaria (LAU), al condicionarlo a los últimos arreglos que pudieran hacerse en la sesión nocturna -iniciada a las diez de la noche de ayer- en el capítulo que trata las universidades privadas, principal punto de desacuerdo entre los miembros de la comisión, e incluso dentro de la propia UCD. La sesión se prolongó hasta las dos de la madrugada y continuará hoy, tras un intento de algunos diputados centristas de aplazarla hasta febrero, lo cual motivó una agria discusión entre e...

Los grupos socialista y comunista no tenían decidido anoche su voto sobre el proyecto global de ley de Autonomía Universitaria (LAU), al condicionarlo a los últimos arreglos que pudieran hacerse en la sesión nocturna -iniciada a las diez de la noche de ayer- en el capítulo que trata las universidades privadas, principal punto de desacuerdo entre los miembros de la comisión, e incluso dentro de la propia UCD. La sesión se prolongó hasta las dos de la madrugada y continuará hoy, tras un intento de algunos diputados centristas de aplazarla hasta febrero, lo cual motivó una agria discusión entre el ministro de Universidades y varios de los diputados de UCD.

Previamente, los grupos socialista y comunista pusieron de manifiesto sus puntos de vista en sendas conferencias de Prensa. Javier Solana (PSOE) manifestaría a este respecto que le resultaba imposible que una ley «como la que pretenden algunos sectores de UCD funcione en la universidad, a no ser que se meta en ella nuevamente a los guardias», advirtió. Para que ello no ocurta. es fundamental -en opinión de este diputado socialista- que la LAU sea pactada. «De lo contrario, la universidad no funcionará», vaticinó. Claro que este podría ser precisamente el objetivo de algunos, según Solana, porque «si la universidad estatal no funciona, su enseñanza quedará deteriorada, y eso repercutiría sin duda en beneficio de la enseñanza privada». También resaltó Javier Solana la contradicción que supone que aquellos que claman por la Iibertad de enseñanza rechazan cualquier tipo de control sobre las universidades privadas y quieren que se ponga el mayor número posible de cortapisas a la democratización de la universidad pública.En cuanto al trasfondo político de la oposición que ha despertado este proyecto de ley, Javier Solana explicó que «estamos asistiendo a la recomposición de la derecha española», y que en el ataque por la derecha a este proyecto se concitarían los criterios de los sectores cristianos y del Opus Dei, con los intereses gremialistas de ciertos sectores del profesorado universitario que en otros temas no coinciden, pero sí en éste.

Finalmente, el diputado socialista indicó que su partido está asistiendo como mero observador de la mencionada recomposición de la derecha, y negó que ellos estuvieran interesados en que la operación saliera adelapte, «ya que lo que le interesa a este país», explicó, «es un avance por vías progresistas». Por su parte, la diputada comunista Eulalia Vintró dijo que de los tres grandes temas que, a su juicio, salieron del proyecto de la ponencia como principales puntos de conflicto, «algunos han sido mejorados y otros han sufrido un retroceso».

«Mi impresión global es que era mucho mejor el texto de la ponencia que el del Gobierno" dijo, «y aun mejor el del Gobierno que la derechización que han sufrido ahora los artículos relativos a la privatización y regulación de las universidades privadas». Estos tres grandes temas a los que aludió la señora Vintró son, además del ya citado de la privatización de la enseñanza universitaria, el de las universidades transferidas por el Estado a las comunidades autónomas y las competencias delegadas desde el Gobierno central a los autogobiemos nacionales y regionales, y, por último, el referente al profesorado de estas universidades traspasadas a las comunidades autónomas.

El segundo de estos temas ha sido muy mejorado por la ponencia, según Eulalia Vintró: «Las comunidades autónomas" dijo, «pueden asumir la titularidad de las universidades transferidas por el Estado; y esto es respetuoso con los respectivos estatutos de autonomía y acorde con el espíritu de la Constitución».

«Lo peor de todo ha sido que las Cortes no puedan homologar las universidades privadas y su reconocimiento haya pasado del control parlamentario al simple decreto ley del Gobierno de turno».

Por el contrario, destacó como muy positivo que las tasas académicas sean fijadas por las Cortes, así como la distribución de las becas.