El Ayuntamiento de Gijón amenaza con derruir un edificio ilegal
Un edificio de 41 viviendas, situado en las proximidades del campo de fútbol de El Molinón, se encuentra amenazado de demolición por el Ayuntamiento gijonés, si no se produce un acuerdo rápido entre la constructora y la corporación municipal, que permita rebajar su volumen y legalizar las obras realizadas ilegalmente.Un informe técnico del arquitecto municipal confirma las irregularidades cometidas en la construcción del edificio Urogallo, que la inmobiliaria El Molinón levanta en la avenida de Torcuato Fernández Miranda, cuyas obras fueron paralizadas el pasado mes de junio (EL PAÍS, 8-6-1980...
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Un edificio de 41 viviendas, situado en las proximidades del campo de fútbol de El Molinón, se encuentra amenazado de demolición por el Ayuntamiento gijonés, si no se produce un acuerdo rápido entre la constructora y la corporación municipal, que permita rebajar su volumen y legalizar las obras realizadas ilegalmente.Un informe técnico del arquitecto municipal confirma las irregularidades cometidas en la construcción del edificio Urogallo, que la inmobiliaria El Molinón levanta en la avenida de Torcuato Fernández Miranda, cuyas obras fueron paralizadas el pasado mes de junio (EL PAÍS, 8-6-1980).
Entonces, la comisión permanente de mayoría de izquierdas acordó conceder un plazo improrrogable de dos meses a la inmobiliaria El Molinón, responsable de la construcción, para solicitar la licencia de las obras realizadas clandestinamente, bajo apercibimiento de ordenar la demolición si no solicitara la licencia en dicho plazo o si ésta fuera denegada, por vulnerar la normativa urbanística vigente.
El informe técnico añade ahora al problema derivado de la caducidad de la licencia la existencia de excesos en la volumetría, una segregación ilegal y un sótano que no figuraba en el proyecto. El Urogallo supera en 1.300 metros cúbicos, equivalentes a una planta, el volumen autorizado por la licencia municipal. Un portavoz de la izquierda municipal gijonesa, mayoritaria en dicha corporación, manifestó a EL PAÍS que el ayuntamiento está decidido a hacer cumplir la legalidad de la forma más escrupulosa.