Proconfort, acusada de descapitalizar la empresa para evitar el pago de indemnizaciones

Los abogados defensores de los vecinos de Villa Fontana II, actualmente en litigio con la inmobiliaria Proconfort, SA, han advertido al Ministerio de Hacienda de la inconveniencia de que dicho organismo adquiera un edificio cuya situación jurídica no está clara, pero que sostienen que es parte de los bienes patrimoniales de la empresa. Según los denunciantes, Proconfort sigue desde hace meses una política de descapitalización, previsiblemente para presentarse como insolvente en caso que los tribunales reconozcan los derechos de los vecinos a recibir una fuerte indemnización global.

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Los abogados defensores de los vecinos de Villa Fontana II, actualmente en litigio con la inmobiliaria Proconfort, SA, han advertido al Ministerio de Hacienda de la inconveniencia de que dicho organismo adquiera un edificio cuya situación jurídica no está clara, pero que sostienen que es parte de los bienes patrimoniales de la empresa. Según los denunciantes, Proconfort sigue desde hace meses una política de descapitalización, previsiblemente para presentarse como insolvente en caso que los tribunales reconozcan los derechos de los vecinos a recibir una fuerte indemnización global.

La historia de las vicisitudes por las que ha pasado el edificio en cuestión, un bloque de oficinas situado en la carretera de Húmera, junto a las instalaciones de Radio España, es compleja. El solar en el que está construido fue adquirido por José Antonio Pinto Fontán, en representación de Proconfort, por 213.000 pesetas, en junio de 1973.Hace un año, se crea una sociedad denominada Morada Profesional, SA, a la que los abogados de los vecinos califican de sociedad fantasma, a la que Proconfort aporta el edificio, valorado en dos millones de pesetas. Hay que hacer constar que el precio de nueva obra del bloque era en el momento de su terminación de veintiocho millones de pesetas, y que en base a él se suscribió una hipoteca por valor de 120 millones. Es decir, la tesis de los abogados es que Proconfort infravaloró su propio edificio.

Meses más tarde, Morada Profesional se disuelve como sociedad y el valor del edificio se reparte entre dos nuevas empresas Urbanización El Soto y Torres Pinares, SA, de las que, por ahora, no han hallado su inscripción en el registro de sociedades mercantiles. Es hace apenas un par de meses cuando salta la noticia, y ésta es que el Ministerio de Hacienda muestra intención de comprarlo para convertirlo en sede administrativa de la Universidad a Distancia, por un precio de 365 millones de pesetas, a pagar a ambas sociedades, mientras que Proconfort, legalmente no recibe nada, puesto que después de los dos cambios de propiedad, ya no figura relacionada con él para nada. Sin embargo, los vecinos de Villa Fontana consideran que ambas transferencias son ilegales y que el edificio continúa formando parte del patrimonio de Proconfort. sobre la que pesa la amenaza de embargo de sus bienes, que servirían para indemnizar a aquellos si ganan su querella contra la inmobiliaria. Es por esto por lo que piden al Ministerio de Hacienda que se abstenga de formalizar una operación de compraventa que al final podría ser causa de nuevos litigios, esta vez entre vecinos y el ministerio.

La querella por estafa de los vecinos contra Pronconfort lleva más de dos años en trámite en el Juzgado de Instrucción número nueve de Madrid, y hasta ahora los continuos recursos de la empresa han impedido que se produzca sentencia. La última alegación de la empresa intenta demostrar que los vecinos compraron los pisos después de visitar el piso piloto, idéntico a los luego entregados. Los vecinos sostienen que hubo un primer piso piloto que después se derribó, y que eso no consta para que subsistan una serie de deficiencias graves en la infraestructura de las viviendas, que deben ser reparadas.