La patronal exige cambios sustanciales en la política económica del Gobierno

El documento de la patronal tiene una primera parte en que se plantea la situación actual del problema y se exponen los principios básicos de actuación y lo que denominan «sectores de impulsión» para hacer frente al desempleo.La patronal expone varios principios básicos de actuación que, en síntesis, son los siguientes:

1. Reactivación económica. El bajo nivel de actividad económica hace que las empresas estén trabajando muy por debajo de su capacidad de producción y de la utilización adecuada de su plantilla. Es indudable que en estas condiciones (además de la falta de beneficio...

El documento de la patronal tiene una primera parte en que se plantea la situación actual del problema y se exponen los principios básicos de actuación y lo que denominan «sectores de impulsión» para hacer frente al desempleo.La patronal expone varios principios básicos de actuación que, en síntesis, son los siguientes:

1. Reactivación económica. El bajo nivel de actividad económica hace que las empresas estén trabajando muy por debajo de su capacidad de producción y de la utilización adecuada de su plantilla. Es indudable que en estas condiciones (además de la falta de beneficios, dificultades de financiación e incertidumbres políticas, económicas y laborales) dificilmente se les puede pedir que contraten nuevo personal, que inicien nuevas actividades o amplíen las existentes. A ello contribuye también la baja productividad y el aumento de los costes. Por todo ello, la lucha contra el desempleo pasa por la reactivación económica.

2. Inversión privada. La creación de nuevos empleos sólo podrá conseguirse a través de la inversión. La inversión pública tiene un papel evidente que jugar en este campo, pero significa menos del 25% de la inversión total y es mucho menos eficaz que la inversión privada. Por tanto, el motor esencial de esa inversión creadora de nuevos empleos debe centrarse en la inversión privada.

3. Acciones sectoriales. La reanimación de la inversión privada depende, en gran medida, de la reactivación económica general, aunque no sólo de ella. Ahora bien, la reactivación no puede lograrse mediante un incremento generalizado de la demanda a través de mecanismos monetarios, ya que con ello sólo se conseguiría agravar la inflación. Por otra parte, tampoco cabe una reanimación de la inversión en general, cuando no existen horizontes en cuanto a la colocación futura de los productos generados por esta nueva inversión.

En esta tesitura, el único camino son las acciones puntuales concretas en determinados sectores, que al reanimar su demanda irán repercutiéndola después progresivamente sobre el conjunto de la economía.

Ferrocarriles, telefónica y obras públicas

La CEOE, en el sector público, apunta como principales acciones sectoriales concretas que impulsen la reactivación general: la modernización de los ferrocarriles, el programa de inversiones de Telefónica y las obras públicas de infraestructura.La modernización de los ferrocarriles reactivaría la industria suministradora de tal material. Ello exige financiación adecuada (tarifas realistas, reducción del fuerte déficit de explotación y apoyo gubernativo que faciliten el acceso de Renfe a los mercados internacionales e internos de financiación).

El plan de inversiones de Telefónica, que actuará en igual sentido sobre el sector electrónico y promoverá asimismo una tecnología en un campo con gran futuro. Reiteran los planteamientos de tarifas realistas y financiación.

Las obras públicas de infraestructura llevan una serie de años paralizadas. El programa recientemente elaborado por Obras Públicas permitiría una cierta reactivación de la construcción, pero hasta la fecha no se ha sentido ninguna reanimación de las obras públicas sacadas a licitación. El documento de CEOE menciona especialmente la conservación de la red de carreteras y solicita programas semejantes para la agricultura (repoblaciones, regadíos y planes de colonización). «En estas inversiones habrá que dar preferencia a aquellas que no impliquen luego gastos corrientes permanentes».

Energía, exportación y viviendas

La CEOE afirma que «una gran parte del colapso de nuestra actividad industrial se ha debido al retraso en la aprobación del Plan Energético Nacional (PEN) y en su efectiva puesta en marcha». Las primeras decisiones en cuanto a centrales térmicas, reconversión de refinerías y cementeras y desarrollo de la industria carbonífera, «constituyen un primer paso positivo, cuyos efectos no serán inmediatos, pero sí positivos. En este terreno, en conjunto, la CEOE pide: urgente autorización de las centrales nucleares aún pendientes y elaboración y aprobación inmediata de una ley de conservación de la energía (esencial para reactivar y reconvertir la industria).Es fundamental el fomento de la exportación. El cuadro actual de medidas de fomento y apoyo «resulta en su conjunto suficiente y adecuado, pero no ocurre lo propio con su aplicación, que peca de rigidez, arbitrismo y burocracia». La CEOE propone que mientras no se agilicen los trámites del pago de desgravaciones fiscales a las exportaciones, «se permita deducir provisionalmente a los exportadores tales desgravaciones de los pagos del impuesto de tráfico de empresas». En ningún caso deben ser revisadas a la baja las desgravaciones, y el tema de la financiación del Estado a las exportaciones «debería ser defendido tenazmente en las negociaciones internacionales sobre la materia».

En vivienda, la CEOE constata la disminución en la construcción de viviendas (375.000 en 1975 por 252.000 en 1979) y el crecimiento de la demanda («que no puede satisfacerse por múltiples razones y, entre ellas, por problemas financieros»). La patronal culpa en gran parte a los ayuntamientos, por sus trámites burocráticos, de la paralización del sector.

Otro factor de reanimación puede ser el de la construcción naval, en donde existe una demanda potencial interior y donde está renaciendo también la demanda exterior. Hay que hacer competitivo el sector y para ello hay que apoyarlo desde la Administración.

Financiación

Los recursos financieros disponibles en España son limitados y escasos. El desarrollo español del pasado se produjo gracias a una movilización de estos recursos hacia la inversión. Hoy ocurre lo contrario: su movilización hacia el consumo.El gasto consultivo y las transferencias del sector público se vienen disparando año tras año. Se está financiando el gasto público detrayendo recursos a través de la presión fiscal y de la apelación al Banco de España y al mercado de capitales, recursos que, en otro caso, estarían a disposición de la posible inversión. «Se impone una reducción drástica de los gastos consultivos del Estado, con objeto de liberar los recursos necesarios para la creación de nuevos empleos a través de la inversión». El Gobierno ha hecho muchas promesas en este sentido, que luego ha incumplido.

El sector privado también está destinando la mayor parte de sus disponibilidades al consumo (debido a la inflación y a la falta de confianza en las perspectivas de inversión). «Pero junto a esto hay factores reales: una reforma fiscal, que penaliza el ahorro y la inversión, y una política financiera, que hace más atractivo buscar rentabilidades puramente financieras en sustitución de rentabilidades de inversión real».

Un elemento primordial para canalizar el ahorro hacia la inversión, como es el mercado de valores y, en particular, el de renta variable, ha sido destrozado materialmente (situación económica, mecanismos fiscales y apelación masiva del sector público al mercado de capitales).

Se critica también la política monetaria del Gobierno, que ha sido aplicada a «contragolpes irregulares, ha perturbado y creado enormes incertidumbres en cuanto a volúmenes y disponibilidades del crédito al sector privado».

La CEOE, en cuanto a medidas concretas, propone acuerdos para que la banca sustituya al crédito oficial «que implica un circuito largo y distorsionante» en determinadas financiaciones a la exportación o sectoriales (estas financiaciones se computarían como parte del coeficiente en el porcentaje correspondiente a cédulas de inversión a ser tomadas por la banca). También solicita una paralización coyuntural de las reducciones de coeficientes de inversión de la banca y cajas de ahorro. Proponen acciones concertadas con la banca, como complemento al crédito oficial y al coeficiente de las cajas de ahorro, para financiación de viviendas (subvención de intereses a cargo del Presupuesto del Estado). Y finalmente, fomento del ahorro mediante medidas de tipo fiscal, aumento de la autofinanciación de las empresas y reanimación del mercado de valores.

Por qué no invierte el empresario

A continuación, el documento de la CEOE expone las razones que denomina de orden «psicológico», a añadir a las ya apuntadas, por las que el empresario no invierte:1. Por falta de seguridad en cuanto al modelo de sociedad en que va a desenvolverse y sobre el papel que va a jugar el empresario en el mismo («que las alternativas de poder se pronuncien claramente y sin ambages sobre el tema»).

2. Por falta de seguridad en cuanto a la actitud de los otros interlocutores sociales («nadie invertirá si piensa que el fruto de su inversión puede verse paralizado por una política sindical antiempresa») y por la necesidad de que se clarifique el marco de relaciones laborales (regulación de la huelga, conflictos colectivos y cierre patronal).

3. Por, el clima antiempresarial y la falta de seguridad ciudadana. «El empresario no invertirá si se siente constantemente hostigado y puesto en estado de acusación». Es imperativo un restablecimiento efectivo del clima de seguridad ciudadana. «El clima antiempresarial existente en la actualidad por actuaciones y medidas irreflexivas de la Administración, de los órganos de prensa y de ciertos interlocutores sociales difícilmente van en el camino necesario de fomentar la inversión y, a través de ella de luchar contra el paro».

4. Otro factor perturbador de la actuación empresarial y de la inversión es el cambio constante de legislación económica y mercantil que se está produciendo.

5. La falta de beneficios. «Si se quiere reanimar la inversión y crear puestos de trabajo es indispensable reconocer la legitimidad del beneficio». Los sindicatos, en este sentido, deben moderar sus reivindicaciones salariales, y el Estado, su presión fiscal. .

6. Necesidad de medidas específicas para las pequeñas y medianas empresas.

Reformas a la reforma fiscal

El documento, tras reconocer que la reforma fiscal «era indudablemente necesaria», afirma que «las nuevas normas fiscales están constituyendo un motivo muy importante de desaliento del ahorro y, por consiguiente, un factor adicional de la actual situación de estancamiento».El freno que la reforma fiscal supone para la predisposición hacia el ahorro y la inversión viene tanto de la falta o insuficiencia de las medidas concretas de estímulo como de los principios generales que la informan. «Un sistema tributario que grava las ganancias de capital como renta, sin correctivos de ningún tipo en función de las elevadas tasas de inflación que padece la economía española, y cuyo grado de progresividad aumenta cada año por la misma causa, al mantenerse sin variación las escalas y las deducciones fijas, se convierte necesariamente en un enemigo de la propensión al ahorro y a la inversión».

Por tanto, afirma la CEOE, «si se quiere que la política fiscal esté en consonancia y sirva a una política económica de reactivación de actividad económica, de la inversión y del empleo, es necesario y urgente introducir en ella las siguientes modificaciones:

1. Modificación del artículo 26 de la ley sobre Impuesto de Sociedades. Mediante la elevación de cinco puntos porcentuales de los tipos máximos de deducción en la cuota, previstos por la realización de inversiones. Supresión de la vinculación de estos beneficios a la creación de empleo directo. Aumento de cinco puntos porcentuales de los topes establecidos para las mencionadas deducciones de la cuota en función de ésta.

2. Restablecimiento de la regularización de balances, con aplicación de todos sus preceptos y como primer paso para un régimen de libertad para las amortizaciones calculadas sobre valores de reposición (esta medida evitaría la descapitalización de las empresas).

3. Facilitar el estímulo a la inversión y la regularización de balances a las empresas individuales acogidas al régimen de estimación objetiva singular.

4. Establecer fórmulas de deducción, por inversiones en pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional segunda de la ley sobre el Impuesto de Renta de las Personas Físicas.

5. Supresión de la exigencia de que los activos fijos cuya inversión da derecho a la deducción contemplada en el artículo 26 de la ley de Impuesto de Sociedades sean «nuevos».

6. Supresión de la exclusión de los terrenos en el mismo artículo 26 de la citada ley.

7. Modificación al artículo 29 de la ley del Impuesto de Renta de las Personas Físicas en los siguientes aspectos:

- Mediante la elevación al 30% del tipo de deducción en la cuota, en función de las inversiones realizadas, en valores mobiliarios, cuando se trata de adquisición por suscripción de los mismos y extensión del beneficio a toda clase de títulos, aunque no coticen en Bolsa. No discriminar a favor de los emitidos por organismos públicos.

- Mediante el aumento hasta el 50% de límite establecido a la deducción anterior en función de la base imponible.

Con estas medidas se fomentaría el ahorro de las personas físicas y su orientación hacia el mercado de valores, tan deprimido en la actualidad.

8. Equiparación del tratamiento fiscal de las primas satisfechas por razón de contratos de seguro sobre la vida, muerte o invalidez al concedido a las inversiones en valores mobiliarios. La deducción máxima, caso de prevalecer el régimen actual que establece un tope cuantitativo, no debería ser inferior a 140.000 pesetas (300.000 x 30% x 157%). El porcentaje multiplicador del 157% corresponde al incremento del índice de precios al consumo entre 1977, ejercicio en el cual se aprobó la tarifa vigente, y 1980.

9. Modificaciones en el tratarmiento de los incrementos del patrimonio, que están claramente fomentando el consumo y detrayendo el ahorro de la inversión. Por ello, dice la CEOE, se imponen las siguientes acciones:

a) Distinción entre plusvalías especulativas a menos de un año de las que no lo son, gravando únicamente las primeras.

b) Gravamen de las plusvalías al mínimo de la escala.

c) Eliminación de los incrementos exclusivamente monetarios.

d) Exoneración de la tributación de las plusvalía cuando se reinvierta al producto de la enajenación, no sólo en el caso de las sociedades, sino también en el de las personas físicas.

e) No tributación de las plusvalías del causante en las transmisiones hereditarias. Dichas transmisiones ya están tributando por el impuesto sobre sucesiones y las plusvalías eventualmente se producirían sólo en el momento de enajenación de los bienes heredados por el heredero.

10. Medidas correctoras de la inflación. La CEOE expone en el documento los siguientes criterios:

a) Revisión de los tipos y de los tramos de las escalas impositivas, a fin de eliminar el injusto incremento de progresividad que se deriva del aumento puramente monetario de las rentas. A tal fin, debería utilizarse como factor corrector el incremento del índice de precios al consumo entre 1977, ejercicio para el cual se aprobaron las tarifas vigentes, y 1980, es decir, el 157%.

b) Elevación de la cuantía de las deducciones establecidas en el impuesto sobre la renta, de acuerdo con el mismo criterio del epígrafe anterior.

11) Otras medidas fiscales complementarias propuestas por la CEOE en su documento son las siguientes:

a) Perfeccionar el régimen de transparencia fiscal, a fin de lograr una auténtica neutralidad.

b) Aligerar las obligaciones de los inversores en títulos valores: actualmente son de una complicación extraordinaria, inasequible a la mayoría de los ciudadanos.

e) Equiparar las personas físicas a las jurídicas respecto de los beneficios fiscales concedidos por las inversiones en títulos de renta fija (artículo 25.c) 1 de la ley 61/ 1978).

d) Modificar el tratamiento de las rentas vitalicias o temporales. Considerar renta a la parte de las mismas dee es restitución del capital constituye una confiscación; y en cuanto a los posibles intereses, en la mayoría de los casos no alcanzan a compensar la pérdida del valor adquisitivo del dinero.

e) Suprimir la presunción de renta establecida en el artículo 16, uno b) y e), de la ley del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, por utilización de la vivienda propia o por posesión de viviendas desocupados. El impuesto sobre la renta debe gravar ingresos reales de sus receptores. La posesión de bienes ya está gravada por el impuesto sobre el patrimonio y, en el caso de los inmuebles urbanos, además por la contribución territorial urbana. El problema de la vivienda debe solucionarse con otras medidas más apropiadas.

f) Modificar el tratamiento de las acciones liberadas con cargo a la cuenta de regularización de balances. Considerarlas renta para el preceptor desvirtúa el carácter de la regularización.

g) Perfeccionar el «avoir fiscal», de modo que se logre una completa eliminación de la doble tributación por dividendos.

h) Modificar el tratamiento fiscal de los no residentes, de modo que no suponga una traba para el comercio internacional.

Entre las medidas de política laboral y social propuestas en el documento de la CEOE destaca el desarrollo del Estatuto de los Trabajadores «en los aspectos que permitan asegurar una actitud social globalizada que genere más empleo». Para completar el cuadro legal piden la regulación del derecho de huelga y de cierre empresarial, la solución de los conflictos colectivos, el procedimiento laboral, el funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial y la actuación de los sindicatos y organizaciones empresariaos. «Urge una reducción del coste de seguridad social que soportan las empresas y los puestos de trabajo» y piden la reforma urgente del sistema de seguridad social. Finalmente señalan que para apoyar el empleo es preciso mantener compromisos globales y concretos para incrementar la productividad y reducir la conflictividad laboral.

Conclusiones

El empresariado español está plenamente dispuesto a asumir su parte de responsabilidad en un proceso de reactivación económica, de inversión y de generación de empleo.Pero esto sólo será factible si por parte de la Administración se toman las medidas arriba indicadas, especialmente en el terreno de la financiación y de la política fiscal, y de la reducción del déficit y del gasto consuntivo del sector público.

Igualmente es fundamental la colaboración del resto de la sociedad, de las fuerzas políticas y de las organizaciones sindicales, con objeto de crear el clima psicológico apropiado de la inversión a que se ha hecho referencia en el cuerpo de este documento.

Por tanto, esta tarea de la lucha contra el desempleo no es responsabilidad exclusiva de los empresarios, sino de todos los españoles, empezando por aquellos que, por su responsabilidad política, sindical o administrativa, tienen un papel preponderante en la composición de la sociedad.

En la creación y mantenimiento del clima necesario para reactivar el ahorro, la inversión y la creación de puestos de trabajo, deben desarrollar un especial papel las organizaciones empresariales. El compromiso de estas organizaciones en el desarrollo de dicho clima, una vez adoptadas las medidas que se proponen, resulta imprescindible.