Insistencia gubernativa en anular la dedicatoria de una plaza a Argala
Por considerar que el hecho inicia puede incurrir en apología del terrorismo, el Gobierno Civil de Vizcaya ha presentado una apelación contra la sentencia de la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Territorial de Bilbao que dejó sin efecto la suspensión gubernativa del acuerdo de pleno municipal de Arrigorriaga de cambiar el nombre de la plaza de España de la localidad por el de Argala, dirigente de ETA Militar muerto en atentado, natural de mencionado municipio vizcaíno.
La apelación del Gobierno Civil de Vizcaya parece que se basa en la apreciación de que sobre di...
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Por considerar que el hecho inicia puede incurrir en apología del terrorismo, el Gobierno Civil de Vizcaya ha presentado una apelación contra la sentencia de la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Territorial de Bilbao que dejó sin efecto la suspensión gubernativa del acuerdo de pleno municipal de Arrigorriaga de cambiar el nombre de la plaza de España de la localidad por el de Argala, dirigente de ETA Militar muerto en atentado, natural de mencionado municipio vizcaíno.
La apelación del Gobierno Civil de Vizcaya parece que se basa en la apreciación de que sobre dicho acuerdo del pleno de Arrigorriaga está en marcha un sumario pena por presunta apología del terrorismo, que debe resolverse antes de que se decrete definitivamente la legalidad o ilegalidad de la actuación del mencionado ayuntamiento.
En base a la ley de Régimen Local y su reglamento, considera el Gobierno Civil de Vizcaya que el acuerdo del pleno de Arrigarriaga no puede ser ejecutivo hasta tantno dicte el juez penal correspondiente la calificación o no de delito de apología del terrorismo del mismo.
En este sentido, el Gobierno Civil de Vizcaya ha suspendido un acuerdo del pleno municipal de Getxo de sustituir el nombre de la plaza de Viviendas de Vizcaya por el de plaza de Txikia (Eustaqui Mendizábal, militante de ETA muerto por la policía en abr de 1973).
La apelación y la suspensión gubernativa contra los acuerdos de los ayuntamientos de Arrigorriaga y Getxo se interpretan como indicios serios de la rigurosa puesta en marcha de las medidas anunciadas en el reciente debate parlamentario por el ministro del Interior.