El Consejo de la Revolución portugués vuelve a rechazar la desnacionalización de la banca
El Consejo de la Revolución portugués ha declarado «anticonstitucional» la tercera versión de la propuesta del Gobierno de Sa Carneiro para alterar los límites que separan los sectores público y privado de la economía. El proyecto de ley prevé abrir a los intereses privados el capital de los bancos y las compañías de seguros.La decisión del órgano de soberanía político-militar, votada por mayoría, no coincidió, como se esperaba, con el parecer técnico aprobado por una comisión ad hoc, que había considerado «constitucional» dicho documento.
Las dos anteriores versiones de la propu...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El Consejo de la Revolución portugués ha declarado «anticonstitucional» la tercera versión de la propuesta del Gobierno de Sa Carneiro para alterar los límites que separan los sectores público y privado de la economía. El proyecto de ley prevé abrir a los intereses privados el capital de los bancos y las compañías de seguros.La decisión del órgano de soberanía político-militar, votada por mayoría, no coincidió, como se esperaba, con el parecer técnico aprobado por una comisión ad hoc, que había considerado «constitucional» dicho documento.
Las dos anteriores versiones de la propuesta gubernamental, considerada fundamental para el relanzamiento de la inversión privada en el país, habían sido rechazadas previamente por no estar conformes con los preceptos de la Constitución portuguesa de 1976.
En su tercer intento, el ejecutivo de Alianza Democrática retiró de su propuesta los sectores de armamento, siderurgia y petroquímica de base, manteniendo el acceso de la iniciativa privada a los de la banca y seguros. Para respetar la ley fundamental, el Gobierno reservó las industrias de cementos y abonos al sector público de la economía.
El Partido Socialdemócrata portugués (PSD), mayoritario en la coalición gubernamental, asucó ayer al Consejo de la Revolución de «estar impidiendo que el sexto Gobierno gobierne».
En un violento comunicado, la comisión política nacional del PSD condena la decisión del órgano de soberanía, adoptada, según los socialdemócratas, «por razones políticas, no por razones jurídicas».
El PSD acusa también al Consejo de «no estar interesado» en ayudar a reconstruir al país, sino en «proteger a la oposición».