Aprobada la ley por la que se suprime el Alto Estado Mayor del Ejército
El Pleno del Senado aprobó ayer, sin debate, la ley por la que se suprimía el Alto Estado Mayor del Ejército. Al no haberse modificado, con respecto al texto del Congreso, la nueva rey ha quedado definitivamente aprobada. En la misma sesión se aceptó una proposición del senador independiente Ramiro Cercós para que el Gobierno comparezca a un debate sobre la universidad, previo a la discusión de la ley de Autonomía Universitaria, y se aprobó la proposición de ley de UCD sobre clasificación de las escuelas oficiales de idiomas, que ahora deberá pasar al Congreso.Las funciones del Alto Estado May...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El Pleno del Senado aprobó ayer, sin debate, la ley por la que se suprimía el Alto Estado Mayor del Ejército. Al no haberse modificado, con respecto al texto del Congreso, la nueva rey ha quedado definitivamente aprobada. En la misma sesión se aceptó una proposición del senador independiente Ramiro Cercós para que el Gobierno comparezca a un debate sobre la universidad, previo a la discusión de la ley de Autonomía Universitaria, y se aprobó la proposición de ley de UCD sobre clasificación de las escuelas oficiales de idiomas, que ahora deberá pasar al Congreso.Las funciones del Alto Estado Mayor, que eran de asesoría al jefe del Estado y coordinación de los tres Ejércitos, entre otras, serán transferidas a la Junta de Jefes de Estado Mayor y otros órganos militares. Por el grupo socialista, el senador Baeza Martos afirmó que la supresión del Alto Estado Mayor conlleva una democratización, y como tal la aprobaba su grupo. Ríos García, por UCD, manifestó que la supresión es acertada, porque se cambia hacia un sistema más eficaz. El ministro de la Defensa, Agustín Rodriguez Sahagún, asistió a la sesión sin intervenir.
El grupo socialista se opuso a la ley sobre escuelas de idiomas, proponiendo un texto alternativo y más amplio, que hubiera contemplado la regulación en general de toda la enseñanza de idiomas. Su representante, José Vicente Bevia, afirmó que el texto de UCD no recoge los necesarios planteamientos globales sobre el sector, el cual es tratado de una forma que se aleja mucho a la regulación dada en otros países. Acusó a UCD de que sólo pretende acallar las protestas de los profesores afectados por la situación actual.
Por el grupo centrista, Manuel Broseta replicó que los socialistas querían que se fijasen en esta ley detalles extravagantes, que corresponderían más bien a su desarrollo reglamentario por el Gobierno. También dijo que los senadores del PSOE basan esta actitud en la idea totémica que tienen de las leyes, en el sentido de creer que éstas pueden resolver todos los problemas planteados en la sociedad. Añadió que no es que se pretenda acallar las protestas del profesorado, sino que se trata de intentar resolver sus problemas. De nuevo replicó el representante socialista que su grupo no pretendía incluir los detalles a que hacía referencia el senador Broseta, sino hacer una ordenación global de la enseñanza de idiomas, y que esta ordenación general es la que se recogía en el texto alternativo presentado por los socialistas.
A pesar de la derrota de éste, con los votos en contra de UCD, el grupo del PSOE defendió nueve votos particulares a la proposición de ley, consecuentes con su deseo de ampliarla, ninguno de los cuales fue aceptado, al oponerse el grupo del Gobierno.
No habrá Pleno el día 20
La mesa del Senado, por otra parte, ha decidido que el próximo Pleno de la Cámara tendrá lugar el día 27 de este mes. De este modo, la sesión plenaria del Senado no coincidirá con el debate político general que celebrará el Congreso de los Diputados el día 20. La Cámara Alta había decidido ya que tampoco se celebraría pleno el próximo día 13, fecha en principio prevista para la realización del debate citado en el Congreso.
De otro lado, la mesa del Senado ha recibido una pregunta de Francisco Villodres y otros senadores de UCD, sobre las sanciones impuestas al Club Deportivo Málaga, para la que se solicita respuesta escrita del Gobierno.