Los profesores tendrán que respetar el "ideario" de cada centro

El debate del Estatuto de Centros Escolares tuvo ayer tarde, en el Pleno del Congreso, en torno al artículo 15, una de las confrontaciones esperadas con mayor expectación. En definitiva, se impuso la tesis de UCD, por la que se fija el «ideario educativo propio del centro como límite que deben respetar los profesores.Gregorio Peces-Barba, en nombre del Grupo Socialista, defendió una enmienda a este texto, que pretendía sustituir por un nuevo artículo en el que, entre otras cosas, se estableciera que «los profesores, dentro del respeto a la Constitución y a las leyes, tienen garantizada la libe...

El debate del Estatuto de Centros Escolares tuvo ayer tarde, en el Pleno del Congreso, en torno al artículo 15, una de las confrontaciones esperadas con mayor expectación. En definitiva, se impuso la tesis de UCD, por la que se fija el «ideario educativo propio del centro como límite que deben respetar los profesores.Gregorio Peces-Barba, en nombre del Grupo Socialista, defendió una enmienda a este texto, que pretendía sustituir por un nuevo artículo en el que, entre otras cosas, se estableciera que «los profesores, dentro del respeto a la Constitución y a las leyes, tienen garantizada la libertad de cátedra».

La intervención del señor Peces-Barba, que pasa por ser miembro notorio del sector más moderado del PSOE, se entendió en algunos círculos parlamentarios, como un intento socialista de evitar que la defensa del principio de libertad de cátedra quedase también encomendada a Luis Gómez Llorente, quien a su vez pasa por ser representante del sector radical del partido.

Peces-Barba comenzó por afirmar que UCD se había negado al diálogo y a la negociación en este tema y que la posible dureza formal de su intervención estaría justificada precisamente por esa negativa, que, según él, rompía el acuerdo que existió en torno al artículo 27 de la Constitución, que garantizaba las libertades en el campo de la enseñanza.

«No hay un solo texto de derecho comparado», dijo, «que introduzca la expresión de "ideario educativo"», y añadió que ideario «es palabra que me produce profundo rechazo», porque sus antecedentes se encuentran en un texto de Vázquez de Mella de 1913. Dijo también que son los centros privados ligados a la Iglesia católica los que quieren rodearse de esa «coraza de seguridad del ideario». Se preguntó Peces-Barba por qué no reclamaban ese ideario en los años cuarenta, cuando en los centros se cantaba el Cara al Sol y se asistía a las clases de Formación del Espíritu Nacional.

Citó luego una serie de textos recogidos de libros escolares de editoriales católicas, sobre religión, en los que se ataca, con citas del magisterio eclesiástico, las doctrinas liberales, incluso la propia libertad de enseñanza, de cátedra y de pensamiento. Aportó textos del padre Ayala y del padre Guerrero, y aseguró que UCD pretendía mantener todo lo que estas doctrinas significaban: «Existen sectores ajenos a esta Cámara que se han hecho con el control de este texto», aseguré Peces-Barba.

«Si un particular puede limitar un derecho establecido en la Constitución», añadió, «estamos cometiendo un gravísimo error.» Inmediatamente antes había citado el texto constitucional que vincula a todos los poderes públicos a la hora de su defensa y añadió que «ese ideario que se cita al mismo nivel que la Constitución no se encuentra en ninguna otra parte».

Aseguró también Peces-Barba que el ideario viola el derecho a la libertad religiosa de la Constitución, y se preguntó por las consecuencias para el profesor que abandona o cambia sus ideas religiosas, mientras enseña en un centro, determinado. Se preguntó también qué hacer con los.profesores que no quieren declarar, sus creencias religiosas, amparándose en otro derecho constitucional, y aseguró que «este ideario está impulsado por el padre Martínez Fuertes, y ustedes lo han introducido para crear discriminaciones».

Argumentó, por fin, que a partir de este texto se introducen las llamadas «empresas ideológicas o de tendencia», y estas empresas, en su opinión, producen por lo menos una discriminación, que no sólo no está contemplada, sino que rechaza la legislación laboral. «La soberanía del Estado de los entes públicos está en peligro», aseguró, «si se aprueba este artículo, y nosotros nos veremos en la obligación de llevarlo ante el Tribunal Constitucional.»

Oscar Alzaga, contra las dos Españas

El diputado comunista Jordi Solé Tura defendió también una enmienda en idéntico sentido a la socialista, y aseguró, en síntesis, que con la redacción del artículo 15 «estamos ofreciendo sólo limitaciones, privatizaciones y desconfianzas».

En nombre de UCD, Oscar Alzaga comenzó por señalar que «sí ha habido negociaciones y diálogos, simplemente no ha habido acuerdo». Agregó que su partido «está ahí y tiene sentido precisamente para tratar de superar la idea de las dos Españas; no nos sentimos herederos de ninguna de ellas, menos aún de la retrógrada, y desde luego no somos responsables de las posturas que hayan podido mantener determinados clérigos u obispos».

Citó a Vázquez de Mella para decir que «ciertas citas traídas de muy lejos merman mucho en el transporte». Dijo entonces que no deseaba responder a los socialistas con otra serie de citas de miembros. de su partido que se limitaban a recordar un escrito de Rodolfo Llopis en el que defendía la necesidad de «apoderarse de la conciencia del niño» para implantar las ideas revolucionarias.

Alzaga fijó su preocupación esencial en las acusaciones de inconstitucionalidad y explicó que no se recogía en el texto la expresión «libertad de cátedra», primero, porque no ofrece problemas en los centros públicos, y porque en cuanto a los privados esa posible libertad tiene una importante limitación en la propia Constitución, que establece como tope al ejercicio de una serie de libertades, entre ellas la de cátedra, la «protección a la juventud y a la infancia».

No es comparable, dijo, la posición de un alumno universitario de veinte años con la de un escolar de seis o siete. Y la limitación que ha de ejercerse frente a éste no va en detrimento de sus profesores.

Citó luego a Gimena Menéndez Pidal en su afirmación de que «el espíritu de una institución es el que acerca a las personas a compartirlo», y dijo que ese espíritu educativo al que se refiere también en su cita la señora Menéndez Pidal es lo que se trata de recoger en esta ley. «Lo que pide el artículo 15», aseguró, «es que se respete ese espíritu, no que se le acepte. » El profesor que cambie de idea, prosiguió Alzaga, no tiene por qué ser despedido si no atenta contra las del centro, y sólo sufrirá las consecuencias si trata de atentar contra ellas o quiere cambiarlas.

Inconstitucionalidad problemática

Puso luego como ejemplo la situación del miembro de un partido político que atacase públicamente a su grupo y que, sin duda, sería sancionado por un reglamento interno sin rango de ley, sin que a nadie se le ocurriese decir que tal sanción es anticonstitucional. Citó también la hipótesis del director del diario El Socialista, en el caso de que se afiliase a UCD, y afirmó que iría contra la Constitución de la democracia decir que su contrato laboral es más importante que el hecho de que El Socialista pueda seguir siendo El Socialista. Concluyó asegurando que si hubiera el menor atisbo de duda respecto a la inconstitucionalidad del artículo 15, su grupo lo hubiera retirado.

Anteriormente se habían aprobado los artículos 14 y 16. Las enmiendas de socialistas y comunistas a los mismos fueron rechazadas. Gómez Llorente defendió la supresión del artículo 16, inicialmente introducido por los socialistas en el texto durante el estudio del proyecto por la ponencia, que señala que profesores, padres, personal no docente y, en su caso, los alumnos, intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Gómez Llorente argumentó que el resultado del debate de este Estatuto de Centros Docentes había desvirtuado los propósitos por los que su grupo había pedido la introducción del artículo citado.