La Asamblea asturiana enviará directamente su Estatuto a las Cortes
El presidente del Consejo Regional de Asturias, Rafael Fernández (PSOE), convocó para el próximo viernes a la mesa de la asamblea de parlamentarios y diputados provinciales, para estudiar la actitud a adoptar como consecuencha de la decisión del Gobierno de aplazar cualquier trámite del Estatuto asturiano, hasta la celebración de las elecciones al Parlamento catalán.
Hace tres semanas, el ministro de Administración Territorial, Antonio Fontán, prometió a Rafael Fernández que el Gobierno no demoraría la convocatoria de la asamblea asturiana para dar su aprobación a la totalidad del p...
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El presidente del Consejo Regional de Asturias, Rafael Fernández (PSOE), convocó para el próximo viernes a la mesa de la asamblea de parlamentarios y diputados provinciales, para estudiar la actitud a adoptar como consecuencha de la decisión del Gobierno de aplazar cualquier trámite del Estatuto asturiano, hasta la celebración de las elecciones al Parlamento catalán.
Hace tres semanas, el ministro de Administración Territorial, Antonio Fontán, prometió a Rafael Fernández que el Gobierno no demoraría la convocatoria de la asamblea asturiana para dar su aprobación a la totalidad del proyecto; sin embargo, se han sucedido las reuniones del Consejo de Ministros, sin que se adoptara tal acuerdo.
La falta de concreción del texto constitucional permite interpretaciones muy diversas sobre la tramitación de los estatutos por la vía «lenta» del artículo 143. Dirigentes centristas asturianos han coincidido, en privado, en suscribir la tesis del presidente del Congreso, Landelino Lavilla, quien entiende que no es necesario que el Gobierno actúe como intermediario para remitir los proyectos de Estatuto a las Cortes Generales.
Ante las dificultades que está poniendo el Gobierno al Estatuto asturiano, se cree que los parlamentarios y diputados provinciales asturianos optarán por enviar directamente el Estatuto a las Cortes, a tenor del artículo 146 de la Constitución, según el cual una vez elaborado «será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley» sin especificar más.
El procedimiento recomendado por Antonio Fontán a Rafael Fernández de atribuir exclusivamente al Gobierno la competencia de convocar la asamblea redactora y de remitir los estatutos a las Cortes dejaría al ejecutivo en absoluta libertad para decidir el orden de su tramitación