El Gobierno proyecta convertir los periódicos estatales en sociedades anónimas

El Gobierno creará tantas empresas nacionales como periódicos existen en la actualidad dependientes del organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado, que pasarían a denominarse Medios de Comunicación Social Españoles, según establece un borrador de real decreto de Presidencia del Gobierno al que ha tenido acceso EL PAÍS. El decreto está pendiente de deliberación por el Consejo de Ministros y podría sufrir, por tanto, alguna modificación.

Según establece el borrador, estas empresas nacionales se constituyen como sociedades anónimas, con capital mayoritario desembolsado por...

El Gobierno creará tantas empresas nacionales como periódicos existen en la actualidad dependientes del organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado, que pasarían a denominarse Medios de Comunicación Social Españoles, según establece un borrador de real decreto de Presidencia del Gobierno al que ha tenido acceso EL PAÍS. El decreto está pendiente de deliberación por el Consejo de Ministros y podría sufrir, por tanto, alguna modificación.

Según establece el borrador, estas empresas nacionales se constituyen como sociedades anónimas, con capital mayoritario desembolsado por el organismo, autónomo, y se regirán por las normas de derecho mercantil, civil y laboral. Todo ello sin perjuicio de las facultades de reestructuración de dichos medios atribuidas al Gobierno por el real decreto de 16 de junio de 1979.El artículo tercero del borrador señala que el organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado queda adscrito, con su nueva denominación, estructura y organización internas, a la Secretaría de Estado para la Información, dependiente de la Presidencia del Gobierno.

El nuevo organismo Medios de Comunicación Social Españoles (mismas siglas -MCSE- que el actual) estará regido por el consejo de dirección -que será la máxima instancia-, la comisión ejecutiva del consejo de dirección y un director gerente. Según establece el borrador del Gobierno, el consejo tendrá como presidente al secretario de Estado para la Información (actualmente Josep Meliá) y como vocales al secretario general técnico de Presidencia del Gobierno, director general de régimen jurídico de la Prensa, director general del organismo autónomo RTVE, director gerente de MCSE, director general del Patrimonio del Estado, director general de Presupuestos, el jefe de la asesoría jurídica de MCSE, el interventor delegado de la Intervención General de la Administración del Estado y los directores técnicos de Prensa y Económico-Administrativo del propio organismo.

Por su parte, la comisión ejecutiva del consejo estará presidida por el director gerente del organismo (actualmente José Ramón Alonso), que -según establece el borrador- será nombrado directamente por el secretario de Estado para la Información. Aquél propondrá a su vez el nombramiento de director para cada una de las nuevas empresas en que queda dividida MCSE.

Según el documento gubernamental, estas empresas nacionales establecerán en sus estatutos el cargo de administrador único, que será el director del medio. Una vez aprobado este real decreto, y en tanto que no se establezcan los estatutos de cada una de las nuevas empresas nacionales, éstas seguirán rigiéndose por las disposiciones que regulan el organismo.

Este parece el segundo intento serio por parte del Gobierno de reestructurar los Medios de Comunicación Social del Estado. El primero de ellos, a finales de 1978, era un proyecto de ley que establecía un mecanismo de distribución de los medios patrimoniales que componían el organismo, y especialmente de los 35 periódicos de la cadena del Movimiento y el periódico sindical Pueblo.

De haber sido aprobado aquel proyecto, el organismo autónomo debía reestructurar los medios en el plazo de dos meses. Una vez saneados económicamente (depuración de sus plantillas, especialmente), los periódicos serían ofrecidos a los entes preautonómicos, a las diputaciones o, subsidiariamente, a los ayuntamientos; posteriormente, la oferta iría a parar a manos de los trabajadores, quienes tendrían que organizarse en cooperativas si quisieran explotar los periódicos.

En cada caso, la oferta se prolongaría por un plazo máximo de tres meses; si durante este tiempo no se hubiera cubierto la misma, el Gobierno cerraría los diarios no transferidos y procedería a su pública subasta. En definitiva, una clara posibilidad a la privatización, que originó una dura reacción en los partidos de izquierdas. Este proyecto fue «tapado» por el Gobierno, sin que profesionales o partidos políticos conozcan hoy las verdaderas razones.

El actual borrador de Presidencia del Gobierno parece, sin embargo, una operación política con mucha más base jurídica, económica y empresarial.

En principio, supone un cambio de denominación. Su nuevo nombre. Medios de Comunicación Social Españoles, elimina cualquier vestigio de anticonstitucionalidad, argumento de oposición y trabajadores para solicitar un debate público en el Parlamento sobre la conveniencia o no de una prensa pública. El calendario de desarrollo constitucional prevé el estudio del artículo 20, sobre «Libertad de expresión», para esta primavera. El apartado tres de este artículo menciona explícitamente a estos medios: « La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de, comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. »

La nueva normativa, en caso de ser aprobado este borrador, supondría una desmembración de la cadena y, por tanto, el desbaratamiento de la unidad sindical de sus trabajadores.

Por otra parte, la constitución de una sociedad anónima por cada periódico supone un claro acceso de la iniciativa privada a los rotativos supervivientes. Consultadas por EL PAÍS fuentes sindicales de MCSE, éstas han manifestado que en la operación pueden inscribirse los contactos mantenidos recientemente por los empresarios de la CEOE con representantes del Gobierno; según las mismas fuentes, parece incluso que aquéllos tienen ya preparados equipos de dirección para algunos rotativos. Y, en su opinión, el anuncio de cierre por razones políticas de los tres diarios vascos (La Voz de España y Unidad, de San Sebastián, e Hierro, de Bilbao) respondería a similares planteamientos: «los tres rotativos son considerados en medios conservadores como pro abertzales y antes de que cayeran en estas manos sería mejor hacerlos desaparecer».

Finalmente, supondría una concentración grande de medios de comunicación bajo la tutela directa de la Presidencia del Gobierno, no conocida ni en la etapa franquista. Dependerían así de la Secretaría de Estado para la Información los periódicos de MCSE y Pueblo, TVE y las emisoras de RNE, Radio Peninsular (en Cataluña) y REMCAR.