Plenos en ayuntamientos de Vizcaya sobre la violencia callejera
Plenos municipales y manifestaciones populares se desarrollaron ayer en los principales municipios de la margen izquierda del Nervión y en la zona minera vizcaína, para estudiar, en un caso, y protestar, en otro, por el grado de delincuencia y de inseguridad ciudadana que se vive en aquellas áreas de población. A este respecto se debatía en los citados plenos una moción conjunta de todos los ayuntamientos de ambas zonas en torno a la situación actual del problema. El escrito ha sido contestado por las asociaciones de vecinos de la margen izquierda del Nervión que los consideran «fácil, parcial...
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Plenos municipales y manifestaciones populares se desarrollaron ayer en los principales municipios de la margen izquierda del Nervión y en la zona minera vizcaína, para estudiar, en un caso, y protestar, en otro, por el grado de delincuencia y de inseguridad ciudadana que se vive en aquellas áreas de población. A este respecto se debatía en los citados plenos una moción conjunta de todos los ayuntamientos de ambas zonas en torno a la situación actual del problema. El escrito ha sido contestado por las asociaciones de vecinos de la margen izquierda del Nervión que los consideran «fácil, parcial y represivo».La moción señala que en torno al tema de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana existe debilidad por parte del Gobierno central para acometer soluciones al problema y absoluto desinterés del Gobierno Civil de Vizcaya.
Se insiste en el escrito conjunto que a la inseguridad provocada por aquélla, «incrementada por la desidia de los organismos bajo cuya responsabilidad recae "eliminarla", se suma el factor desempleo, que provoca necesidades no satisfechas por falta de medios económicos y genera actos susceptibles de delíncuencia». «El poder judicial», se añade, «con su entramado burocrático y su aplicación consentidora de la ley coadyuva a agravar el problema. En el fondo puede estar latiendo la idea de desprestigiar a los ayuntamientos democráticos.»
Por todo ello, las corporaciones municipales consideran imprescindible y urgente que se arbitren a corto plazo soluciones radicales para eliminar la delincuencia en todas sus facetas. «Se exige al Gobierno Civil que se trasvasen competencias de orden público a los ayuntamientos como instituciones preparadas para asumirlas. Los ayuntamientos prepararán dossiers y presentarán denuncias de las zonas, locales y centros donde se incuban los hechos delictivos y se refugian dichos grupos en tanto no se posean estas competencias.»
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