El PSA considera que el PSOE debería sufragar el posible traslado de Hipergranada

El Partido Socialista de Andalucía (PSA) estima que el posible traslado de Hipergranada de su actual emplazamiento ilegal a terrenos municipales «no puede suponer, en ningún caso, una carga para el Ayuntámiento, cuya hacienda se vería mucho más deterio rada con la cesión a la cooperativa del hiper de casi 180 millones de pesetas en valores diversos». Al mismo tiempo considera que los gastos del traslado debería sufragarlos el PSOE.

Este pronunciamiento del comité provinciaI anula declaraciones efectuadas la pasada semana, por uno de sus miembros a EL PAIS, quien, de forma informal, habí...

El Partido Socialista de Andalucía (PSA) estima que el posible traslado de Hipergranada de su actual emplazamiento ilegal a terrenos municipales «no puede suponer, en ningún caso, una carga para el Ayuntámiento, cuya hacienda se vería mucho más deterio rada con la cesión a la cooperativa del hiper de casi 180 millones de pesetas en valores diversos». Al mismo tiempo considera que los gastos del traslado debería sufragarlos el PSOE.

Este pronunciamiento del comité provinciaI anula declaraciones efectuadas la pasada semana, por uno de sus miembros a EL PAIS, quien, de forma informal, había manifestado que los andalucistas únicamente estarían de acuerdo con el traslado de Hipergranada, «siempre que sea el Ayuntamiento quien cargue con los gastos y la propuesta sea aceptada por los cooperativistas».Puntualiza el PSA que la propuesta debe ser aceptada o no por el ayuntamiento, y en ningún caso por los cooperativistas, sin perjuicio de que pueda llegarse con éstos a un diálogo constructivo. «En cualquier caso», se dice en otro lugar del comunicado, «la costosa operación de traslado no debe correr a cargo del erario municipal, sino de los fondos del PSOE, único responsable de que el ilegal edificio haya sido construido».

Según el PSA, efectivamente, no fue el actual alcalde, Antonio Jara, del PSOE, quien denunció la ilegalidad del edificio del hiper, desde la delegación de Urbanismo, sino el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Arturo González Arcas, del PSA, quien, en calidad de alcalde en funciones, decretó la paralización de las obras el día 7 de mayo, cuando «aun no se había iniciado la construcción y se procedía exclusivamente a la explanación y movimiento de tierras».