UCD y CD bloquearon las propuestas de la izquierda sobre el Estatuto del Trabajador

Como se preveía, a la vista de los resultados de la primera sesión, pocas sorpresas va a deparar la discusión del proyecto de ley del Estatuto del Trabajador en la Comisión de Trabajo del Congreso. La exclusión de los funcionarios del ámbito del proyecto de ley se impuso, pese a la oposición de los partidos de izquierda, por la exigua, aunque definitiva, mayoría de votos de UCD y Coalición Democrática. El partido del Gobierno (véase EL PAÍS del día 27) había anunciado que no estaba dispuesto a ceder en este tema, pero que podría asumir muchas de la enmiendas presentadas por el PSOE. Ambos extr...

Como se preveía, a la vista de los resultados de la primera sesión, pocas sorpresas va a deparar la discusión del proyecto de ley del Estatuto del Trabajador en la Comisión de Trabajo del Congreso. La exclusión de los funcionarios del ámbito del proyecto de ley se impuso, pese a la oposición de los partidos de izquierda, por la exigua, aunque definitiva, mayoría de votos de UCD y Coalición Democrática. El partido del Gobierno (véase EL PAÍS del día 27) había anunciado que no estaba dispuesto a ceder en este tema, pero que podría asumir muchas de la enmiendas presentadas por el PSOE. Ambos extremos, en líneas generales, se confirmaron en Ios primeros debates.

Las enmiendas de carácter técnico o de mejora gramatical presentadas por los socialistas (refundición de los dos primeros apartados del artículo primero, o cambio de «ley» por «Ley», entre otras) fueron aceptadas con los votos de UCD, pero las relativas a temas claves (funcionarios, servicio doméstico o personal civil al servicio de la administración militar) fueron sistemáticamente derrotadas o descartadas de contenido. La división entre socialistas y comunistas quedó patente no sólo en las votaciones de las enmiendas comunistas, sino también en las explicaciones de voto, donde se intercambiaron graves acusaciones.El primer reflejo de la división entre comunistas y socialistas tuvo lugar a la hora de votar una enmienda al primer apartado del artículo uno del estatuto, sobre ámbito de ampliación del mismo. El PCE, en una enmienda de adición, proponía la inclusión del servicio doméstico. La enmienda fue derrotada por 14 votos en contra (UCD y CD), diez abstenciones (PSOE) y cuatro a favor (PCE, PSA y Grupo Mixto). Otras enmiendas comunistas, en el mismo sentido, a apartados posteriores del artículo uno, corrieron igual suerte.

Marcelino Camacho, en una de sus intervenciones, denunció la actitud de los socialistas y afirmó que sobre las cortapisas que este estatuto contempla para los trabajadores del servicio doméstico tendrían que rendir cuenta los socialistas ante los trabajadores. Posteriormente, en otra intervención, Manuel Chaves (PSOE) refutaría las acusaciones de Camacho, hablaría de demagogia en los planteamientos del secretario de Comisiones Obreras, y afirmaría que igualar a los trabajadores del servicio doméstico con el resto de los trabajadores suponía, precisamente, discriminarlos, ya que la única forma de equiparar sus derechos, y esa fue hasta hace poco la tesis del PCE -dijo Chaves-, es darles un instrumento, una norma, que recoja sus peculiaridades.

Advertencia de UCD al PSOE

En cualquier caso, y aunque los comunistas sí apoyaron las enmiendas socialistas, tampoco pudo el PSOE llevar adelante sus enmiendas para reducir al mínimo la exclusión del estatuto de los trabajadores a los funcionarios o la regulación por ley formal, es decir, por el Parlamento, de una serie de actividades laborales de carácter especial.En este sentido, el PSOE propuso una enmienda para creación de un artículo primero bis. En dicha enmienda se decía que mediante una ley formal se regulará el régimen jurídico de los siguientes tipos de relaciones laborales: personal de alta dirección; trabajo al servicio del hogar; penados en las instituciones penitenciarias; deportistas profesionales; artistas en espectáculos públicos; personal civil no funcionario al servicio de establecimientos militares, y cualquier otro trabajo profesional que sea declarado expresamente como relación laboral de carácter especial por una ley.

Pérez Miyares, portavoz de UCD, dijo que estaba de acuerdo en buena parte de lo propuesto por el PSOE y que apoyaría la enmienda si se sustituía «una ley formal reguladora» por «el Gobierno, en un plazo de dieciocho meses, regulará», y se suprimía la referencia al personal civil al servicio de la Administración militar. Esta propuesta de UCD tomó la forma de enmienda transaccional y fue aceptada por los socialistas para su tramitación. La sorpresa de UCD se produjo cuando los socialistas exigieron votar primero su texto, que fue derrotado, y después la transaccional, que se aprobó con su abstención. Pérez Miyares dijo que entendía que una enmienda transaccional, o de acercamiento, cuando se acepta, es para retirar la propia, y «que UCD toma buena nota del comportamiento de los socialistas en este debate». Antes de que tuviera lugar todo esto, al inicio de la sesión, y como acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces, se informó que las enmiendas estructurales del PSOE, una de las cuales propone la eliminación de los títulos dos (representación colectiva), tres (convenios colectivos) y cuatro (conflictos colectivos) del texto del proyecto, se discutirían al final del debate. Con esta operación se pospone la discusión de uno de los puntos más conflictivos que enfrentan a las dos minorías mayoritarias. UCD, en los últimos días, se mostró favorable a buscar conjuntamente alguna fórmula para que los mencionados títulos pudieran sacarse del estatuto y transferirse a tratamientos legislativos diferenciados.

En la discusión del artículo 2º, referente a fuentes de relación laboral, los socialistas propusieron una enmienda en la que pedían que se añadiera a la regulación de los derechos y deberes laborales la posibilidad de que las comunidades autónomas pudieran dictar disposiciones legales en tal sentido. Pérez Miyares, el portavoz de se opuso a la enmienda socialista recordando que, en la Constitución, las comunidades autónomas no tienen capacidad para legislar en materia laboral, por lo que la pretensión socialista era claramente anticonstitucional. La ley de los votos UCD-CD volvió a hacer bueno el razonamiento del partido del Gobierno y se rechazó la enmienda.

Se aceptó por unanimidad, por el contrario, una enmienda del Grupo Andalucista que mejoraba por adición el primer apartado del primer punto de este artículo. En este mismo artículo se aceptó asimismo una enmienda de los socialistas que, según explicó Vida Soria, su portavoz, introduce el principio de norma mínima (nada se puede pactar por debajo de ella) y el de norma más favorable para el trabajador.

Otra enmienda socialista importante, referente a los conflictos originados entre una norma legal y un convenio, y que según explicó este grupo tenía por objeto sustituir los criterios de acumulación por los de comparación, fue bien recibida en su filosofía por el grupo de UCD, que añadió, sin embargo, que había diferencias de matiz. Se llegó a un acuerdo de enmienda, transacional, previa petición de seguridades a la mesa de que no volvería a ocurrir lo que había pasado con el artículo 1 bis, que se votara la enmienda socialista y la transacional. El texto aprobado fue el siguiente: «Los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los mínimos de derecho necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador apreciado en su conjunto y en cómputo anual respecto a los conceptos cuantificables.» UCD se limitó a añadir desde «apreciado en su conjunto» y el texto socialista fue aprobado. Camacho, en esta votacíón, explicó que el añadido de UCD les recordaba el concepto de salario-hora que su partido rechaza.