Fallos a administrativos impiden a los Ayuntamientos madrileños cobrar 5.000 millones de pesetas anuales

Los ayuntamientos de la provincia pierden anualmente unos 5.000 millones de pesetas en concepto de impuestos no cobrados, según informan fuentes de la Diputación. El impago se debe a que el Ministerio de Hacienda, por un lado, no tiene actualizadas las señas que permitan localizar al contribuyente, y por otro, a que los respectivos ayuntamientos no se han preocupado hasta ahora ni han tenido demasiados medios para elaborar padrones fiscales que actualicen las listas.A esta cantidad habría que sumar los miles de millones que no se pueden cobrar porque ni siquiera existen los recibos. Es decir, ...

Los ayuntamientos de la provincia pierden anualmente unos 5.000 millones de pesetas en concepto de impuestos no cobrados, según informan fuentes de la Diputación. El impago se debe a que el Ministerio de Hacienda, por un lado, no tiene actualizadas las señas que permitan localizar al contribuyente, y por otro, a que los respectivos ayuntamientos no se han preocupado hasta ahora ni han tenido demasiados medios para elaborar padrones fiscales que actualicen las listas.A esta cantidad habría que sumar los miles de millones que no se pueden cobrar porque ni siquiera existen los recibos. Es decir, en la mayoría de los pueblos de la provincia existen urbanizaciones o pequeñas industrias que se han levantado en terrenos considerados como rústicos, por lo que oficialmente no figuran las nuevas construcciones. En estos casos el problema no es ya que no se puedan cobrar los impuestos porque los recibos no pongan las señas correctamente, sino, simplemente, que no hay recibos.

En una rueda de prensa convocada ayer por José Borrell, presidente de la comisión de Hacienda de la Diputación Provincial, se trató ampliamente este tema, relativamente fácil de solucionar, si se cuenta con la buena voluntad de las partes implicadas, y que supondría un paso efectivo en la autonomía económica de los ayuntamientos. Según explicó el señor Borrel, desde 1943, la Diputación tiene un consorcio con el Ministerio de Hacienda, según el cual el primer organismo se encarga de cobrar seis impuestos: la contribución urbana, la rústica, la seguridad social agraria, algunas modalidades de rentas de capital, el IRTP de actividades profesionales y el ITE y la licencia fiscal de las industrias.

El importe de la recaudación anualmente oscila alrededor de los 4.500 millones de pesetas. El importe que se debería cobrar y no se hace, por la inexactitud de los datos en los recibos que pasa Hacienda, asciende a otros 5.000 millones, de los que casi el 80% corresponde a dos de los impuestos citados: contribución urbana y licencias industriales. Como, según las nuevas normas de Hacienda, estos impuestos pasarán a engrosar en su totalidad las arcas municipales, se corre el serio peligro de dejar de percibir cantidades importantes por simples fallos administrativos.

Al mismo tiempo, y según una orden de Hacienda de julio de este año, se crearán consorcios de gestión entre el Ministerio y cada ayuntamiento para el control de la contribución urbana. La Diputación, que sólo cumple un papel de gestor en la cobranza, no está muy de acuerdo con la existencia de un consorcio por cada ayuntamiento, dado, sobre todo, que las localidades más pequeñas no cuentan con medios técnicos ni humanos para gestionar nada en igualdad de condiciones con el Ministerio. En este sentido, la Diputación actuará en dos sentidos: por una parte, quiere negociar con Hacienda un nuevo convenio que actualice el anterior y en el que figure como representante de los ayuntamientos en su conjunto, y por otra, va a ayudar a cada uno de estos últimos en la confección de un padrón fiscal.

Por último, en la rueda de prensa se anunciaron las pretensiones de socialistas y comunistas en el sentido de que la nueva ley de Régimen Local derogue la necesidad de los dos tercios de votos favorables en la aprobación de presupuestos extraordinarios. Se explicó que la denegación por parte de UCD del crédito de los 42 millones no anula el plan especial de cooperación, por casi mil millones, en el que el anterior estaba incluido. En cualquier caso, la amenaza de la votación pendería siempre sobre cualquier proyecto expansionista de la Diputación.