El estatuto de RTVE satisface a todos los grupos parlamentarios

El estatuto de la radio y la televisión fue aprobado por la Comisión de Cultura en la mañana de ayer, después de poco más de cuatro horas de debate. De ahí que el articulado fuese aprobado casi siempre por unanimidad, que los distintos grupos se perdonasen recíprocamente errores de forma, como mantener y defender enmiendas, a veces, bastante después de haber aprobado los artículos que pretendían enmendar. Al final del debate ningún grupo parlamentario hizo uso del turno para la explicación global de voto, y sucedió que la Comisión aprobó a priori un preámbulo o exposición de motivos antes de s...

El estatuto de la radio y la televisión fue aprobado por la Comisión de Cultura en la mañana de ayer, después de poco más de cuatro horas de debate. De ahí que el articulado fuese aprobado casi siempre por unanimidad, que los distintos grupos se perdonasen recíprocamente errores de forma, como mantener y defender enmiendas, a veces, bastante después de haber aprobado los artículos que pretendían enmendar. Al final del debate ningún grupo parlamentario hizo uso del turno para la explicación global de voto, y sucedió que la Comisión aprobó a priori un preámbulo o exposición de motivos antes de ser redactado.La mayoría del tiempo se había dedicado al artículo primero, que afecta los temas de monopolio; los artículos 6 al 12, sobre los órganos; directivos y de administración, las transferencias y competencias de las comunidades autónomas y los múltiples intentos del Grupo Comunista para introducir mayor representatividad de los trabajadores en los órganos de poder y en todo lo referente a cuestiones laborales.

Joaquín Satrústegui, diputado de UCD, abrió el debate con la defensa de su enmienda al artículo primero, para la que pedía la siguiente redacción: «La radiodifusión y la televisión, cuya titularidad corresponde al Estado, son servicios públicos que se regirán por esta ley.» Es señor Satrústegui argumentó, en su defensa, el derecho a las radios y televisiones libres e invocó el artículo 20 de la Constitución, que reconoce esa libertad, «aunque sé que no es ahora el momento de que empiecen a funcionar» las televisiones privadas y aunque «sé que hay un acuerdo» entre los miembros de esta Comisión. Francisco Soler, diputado de UCD, consumió un turno más «tranquilizador», en contra de su compañero de grupo. El señor Soler expresó «el rechazo claro y terminante a la definición de monopolio estal» y señaló que el estatuto no entraba «en la polémica de fondo sobre televisión pública y televisión privada».

Miguel Roca, por la Minoría Catalana, retiró también su enmienda, que proponía añadir a «cuya titularidad corresponde al Estado» el inciso «y a las distintas entidades en que territorialm ente se organiza», una vez que José Miguel Bravo de Laguna, diputado de UCD, garantizó que la acepción de la palabra Estado se entendía en su sentido más amplio y que se tenían presentes los Estatutos de las autonomías y las aspiraciones de los entes autonómicos.

Pilar Brabo, por el Grupo Comunista, propuso que entre los principios que deben inspirar la ,actividad de los medios de comunicación social del Estado se contemple la lucha contra la discriminación de la mujer. La Comisión, por unanimidad, acordó recogerlo entre los puntos de la exposición de motivos del preámbulo.

De las 31 enmiendas que fueron defendidas, se rechazaron veintitrés y fueron aprobadas ocho, cinco de ellas, meras correcciones de estilo. Entre las aprobadas destacan la propuesta por el señor Bravo de Laguna, por la que se faculta al consejo de administración para dictar normas respecto a la publicidad, el control de la calidad, contenido de los mensajes y porcentajes respecto a la programación; la de Rodolfo Guerra, por Socialistas de Cataluña, para limitar el derecho a voz y voto del director general en las reuniones del consejo de administración cuando se trate de cuestiones que le afecten personalmente, y la enmienda 180 del Grupo Socialista, que se acepta e incorpora como nueva dísposición transitoria quinta, y que dice: «La adscripción de las emisoras de la CES en Radio Cadena Española, prevista en el artículo 15, apartado 1, se entenderá, en todo caso, sin perjuicio de los derechos que en concepto de patrimonio sindical puedan corresponder a las centrales sindicales sobre las citadas emisoras». El Grupo Comunista retiró entonces su enmienda doscientos, por la que se pedía la devolución de las emisoras de la CES a las centrales sindicales.

Opiniones

Al final de la reunión de la Comisión, Luis Apostua, diputado de UCD, manifestó a EL PAÍS: «Está a la vista que en la Comisión no hay controversia, que es un debate muy pacificado, porque en la ponencia se trabajó intensa y minuciosamente durante mes y cuarto. Eso hizo posible este auténtico consenso. Lo más importante es precisamente que exista este estatuto. En segundo lugar, los poderes que se establecen son poderes muy fuertes y muy serios. Ahora bien, son unos poderes reglados. Es decir, el Congreso, a través de su Comisión, los poderes del consejo de administración y los de los consejos asesores también son fuertes y no se invaden unos a otros.

Por su parte, Pedro Bofill, en nombre del Grupo Socialista del Congreso (PSOE) manifestó: «Si hay voluntad de cambio por parte de las fuerzas políticas que elegirán el consejo de administración, este estatuto puede ser un instrumento de transformación profunda en RTVE. Por ejemplo, es muy positivo que el director general, responsable político del ente, quede bajo el control del consejo de administración, que es, desde nuestro punto de vista, el órgano de dirección más importante y que supone un gran avance de cara a la despolitización del medio». Preguntado sobre el futuro de las televisiones privadas y la ambigüedad del texto del proyecto, el señor Bofill, dijo: «Indudablemente lo que no se contempla es el monopolio estatal. La televisión privada es muy difícil que se pueda llevar a cabo, porque no se considera en el estatuto y porque la televisión se contempla como un servicio público .»

Pilar Brabo, diputada del PCE, destacó el hecho de que «prácticamente la privatización de RTVE no va a ser posible de inmediato. Habrá sólo concesiones a los órganos representativos de las comunidades autónomas, qué, a su vez, no podrán hacer concesiones a privados». Pilar Brabo señaló además: «Las competencias del consejo de administración, en el que estarán representados al menos seis grupos parlamentarios, son muy importantes. El consejo está facultado para programar, aprobar presupuestos, etcétera, y controlar al director general. Es muy satisfactoria la concesión de un tercer canal a las comunidades autónomas, aunque hay una serie de deficiencias sobre el modo en que aquéllas van a intervenir en la programación del primer y segundo canal. Por último, es negativo el desguace que se hace de RTVE con las sociedades filiales.»

Antonio de Senillosa, diputado de CD, comentó a EL PAÍS: «El debate ha sido muy correcto. Me parece todo muy bien, menos dos cosas. El estatuto tiene un cierto aire nacionalsindicalista que a mí no me gusta. Creo que el nombramiento del director general debería corresponder al pueblo, es decir, al Parlamento, que es su representación, y no al Gobierno. No vale que se diga oído el consejo de administración, porque, como todo el mundo sabe, oír no es vinculante. Después, me parece mal la ambigiledad en que queda la posibilidad de las televisiones privadas. Las cosas ambiguas se hacen así porque alguien quiere engañar a alguien. Había que ser más claros. Yo, naturalmente, soy partidario de la televisión privada. No veo por qué el Estado tiene que tener el monopolio de la información televisiva.»