El ministro de Hacienda reconoce que el impuesto sobre el lujo "es un bodrio"
El ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, cerró el debate sobre el proyecto de ley aprobado ayer que regula el régimen transitorio de la imposición indirecta, con palabras conciliadoras para los enfrentamientos producidos entre socialistas y centristas. Manifestó que, al margen de las diversas opciones mantenidas, las líneas generales de la reforma tributaria, todavía sin terminar, precisaban un apoyo amplio de la Cámara, acorde con la acogida favorable de la sociedad española.
El señor García Añoveros comenzó reconociendo que el impuesto sobre el lujo «es un bodrio que a nadie no...
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El ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, cerró el debate sobre el proyecto de ley aprobado ayer que regula el régimen transitorio de la imposición indirecta, con palabras conciliadoras para los enfrentamientos producidos entre socialistas y centristas. Manifestó que, al margen de las diversas opciones mantenidas, las líneas generales de la reforma tributaria, todavía sin terminar, precisaban un apoyo amplio de la Cámara, acorde con la acogida favorable de la sociedad española.
El señor García Añoveros comenzó reconociendo que el impuesto sobre el lujo «es un bodrio que a nadie nos gusta y que deseamos que desaparezca». Señaló que, mientras tanto, en el proyecto de ley que se acababa de aprobar se habían introducido algunas modificaciones técnicas. Respecto al argumento socialista de que el impuesto sobre el lujo debe ser progresivo -es decir, afectar a los productos según sus precios: no a todos los coches, por ejemplo, sino progresivamente más a los más caros-, el señor García Añoveros manifestó que en un impuesto de este carácter, que se refiere a productos concretos, existe el peligro de que la progresividad cambie de sentido «cuando no se modifica la tarifa al ritmo de la alteración de los precios». De ahí que el ministro de Hacienda se muestre partidario de las tarifas proporcionales, en lugar de las progresivas.Previamente, durante el debate de los últimos textos del proyecto de ley, que entrará en vigor el 1 de octubre de este año, los socialistas y los centristas contrastaron sus distintas filosofias fiscales.
El socialista Luis Solana aludió a la sensibilidad de UCD ante las presiones de los grupos afectados por el impuesto -citó el caso concreto de las cornucopias- y enfrentó la reforma fiscal de Fernández Ordófiez con el giro a la derecha de los actuales proyectos de ley sobre la materia. Su compañero Baldomero Lozano calificó la actual reforma de absurda, falsa y maniquea, incapaz de influir sobre el sistema productivo, que queda al libre juego de la economía de mercado. Puso el ejemplo de la pretendida protección centrista a los artículos deportivos, que viene a desgravar no sólo los artículos deportivos utilizados por el pueblo, sino otros muy caros de uso restringido para deportes y deportistas de élite.
El centrista Santiago Rodríguez Miranda declaró que la filosofía fiscal de su grupo era de tipo ocediental, no tercermundista. José Manuel García-Margallo aseguró que los bienes socialmente necesarios son aquellos que el mercado determina, y que otro sistema económico sería el dirigismo. Justificó la no gravación de algunos productos de precios altos en que su subida podría dejar sin trabajo a quienes los fabrican y, en algunos casos, a los artesanos que lo confeccionan.
La enseñanza de la Constitución no es una asignatura
El Pleno, que continuará hoy por la mañana, se cerró con la aprobación del proyecto de ley por el que se regula el conocimiento del ordenamiento constitucional en bachillerato y formación profesional de primer grado. Socialistas y comunistas defendieron que la enseñanza de la Constitución fuera considerada como una materia o asignatura independiente y no como un «conocimiento» incluido en otras áreas docentes. Francisco Ramos, del PSOE, y Eulalia Vintró, del PCE, afirmaron que, tal y como ha quedado redactada la ley, hubiera bastado con una norma ministerial. La señora Vintró recordó que una memoria elaborada por el anterior ministro de Educación, señor Cavero, preveía incluso la dotación de 956 plazas de profesores para esta materia. «¿Qué ha pasado», preguntó, «que UCD considera que la enseñanza de la Constitución es peligrosa?» Doña Inés Vilariño, de UCD, defendió el derecho de su grupo parlamentario a mejorar los proyectos remitidos por el Gobierno, y afirmó que no quedaba desterrada la posibilidad de que la enseñanza de la Constitución sea una tnateria.
Previamente, el Pleno del Congreso aprobó, sin debate, el proyecto de ley de derechos aero portuarios en los aeropuertos nacionales.
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