Los empresarios vascos plantean una estrategia común frente a bancos y cajas

La sombra de Olarra planeó de manera bastante ostensible sobre las cabezas de los ochocientos pequeños y medianos empresarios de Vizcaya que, en asamblea celebrada hasta última hora de la noche del martes, acordaron -según recogíamos en nuestra última edición de ayer- no pagar los impuestos ni las cuotas de la Seguridad Social como medidas de presión ante la Administración.

La invisible presencia del conocido industrial vasco se hizo especialmente notoria cuando, entre las medidas propuestas para establecer una estrategia común de todos los empresarios, se consideró la posibilidad d...

La sombra de Olarra planeó de manera bastante ostensible sobre las cabezas de los ochocientos pequeños y medianos empresarios de Vizcaya que, en asamblea celebrada hasta última hora de la noche del martes, acordaron -según recogíamos en nuestra última edición de ayer- no pagar los impuestos ni las cuotas de la Seguridad Social como medidas de presión ante la Administración.

La invisible presencia del conocido industrial vasco se hizo especialmente notoria cuando, entre las medidas propuestas para establecer una estrategia común de todos los empresarios, se consideró la posibilidad de boicotear a los bancos y cajas de ahorro «cuyo comportamiento fuera manifiestamente contrario a alguna empresa en crisis, precipitando su caída». Aunque la moción no llegó a ser votada, las insinuaciones implícitas a la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao, acusada por Olarra de ser la causante de la suspensión de pagos de su empresa, han merecido nuevas precisiones de esta institución de ahorro sobre el tema.«La Caja», informaron fuentes de la misma, «no sólo no mantuvo una actitud beligerante con Olarra, sino que intentó por todos los medios encontrar una solución, que, sin perjudicar los intereses de nuestros impositores, a los que nos debemos, causase el menor perjuicio posible a la empresa.» Entre las propuestas sugeridas por la Caja de Ahorros figuró expresamente la de un aplazamiento en el pago, que sería satisfecho entre septiembre de este año y febrero del próximo, a razón de diez millones de pesetas al mes. La única condición puesta por la Caja fue que la operación fuera garantizada por alguna entidad bancaria. Según consta en un escrito que obra en poder de la Caja de Ahorros Municipal, Olarra rechazó esa fórmula por no poder encontrar ningún banco dispuesto a avalar la operación.

Aunque este último dato parece confirmar la opinión de quienes piensan que, con o sin ejecutivo de la Caja, la situación financiera de Olarra conducía directamente a la suspensión de pagos -y de ahí la falta de apoyo de la banca-, Luis Olarra argumentó en la rueda de prensa del martes que «la situación no es tan mala, dadas las buenas perspectivas de la cartera de pedidos para el primer trimestre de 1980».

Estas perspectivas parecen estar relacionadas, según impresiones recogidas por EL PAIS en círculos siderúrgicos, con la próxima eliminación de las restricciones a la importación de aceros por parte de Estados Unidos. Al parecer, Olarra negocia contratos con dicho país por un importe que pudiera superar los 2.000 millones de pesetas. Este dato explicaría, a su vez, la estrategia de Olarra, tendente a paralizar, a toda costa, los posibles ejecutivos por parte de los principales acreedores, en la esperanza de que una flotación a la baja de la peseta y la mencionada apertura de los mercados norteamericanos le permitiera recuperarse a comienzos de 1980. Seguramente, la fórmula de pago aplazado hasta febrero, propuesta por la Caja de Ahorros Municipal, tenía que ver con estas expectativas.

Desmentida la tramitación conjunta de expedientes de crisis

En otro orden de cosas, la Confederación General de Empresarios de Vizcaya (CGEV), que preside el propio Olarra, publica hoy en todos los periódicos de Bilbao un remitido con las conclusiones de la asamblea del martes.En el mismo documento se incluye una primera valoración de la encuesta efectuada entre los ochocientos pequeños y medianos empresarios asistentes a la asamblea. Entre otros datos, de la encuesta se deduce que el 64 % de los empresarios manifiesta que no podrán hacer frente al pago de sus impuestos. Un 62% asegura que tampoco podrá pagar las cuotas de la Seguridad Social. En otro sondeo, el 89% de los empresarios se pronunció en favor de la petición de moratorias a Hacienda y a la Seguridad Social.

Por lo demás, la nota que aparece hoy en la prensa bilbaína incluye la solicitud a la Administración de que se arbitren medidas que faciliten la «flexibilización de las plantillas con criterios de estricta rentabilidad de las empresas». La propuesta precisa que deberá ser el Estado, bien directamente, bien a través de la Seguridad Social, quien pague las indemnizaciones correspondientes, «comprometiéndose las empresas a restituir dichas cantidades una vez superada la crisis y con cargo a beneficios».

Por otra parte, aunque entre las resoluciones adoptadas en la asamblea del martes figura la de «tramitación conjunta de expedientes de crisis para pequeñas y medianas empresas», la Confederación de Empresarios ha desmentido la noticia según la cual ochocientas empresas gestionaban ya la presentación de suspensión de pagos en bloque. Esta noticia, lanzada, sin duda, como parte de las presiones puestas en marcha para llamar la atención de la Administración, ha resultado un arma de doble filo, ya que, según fuentes próximas a la propia Confederación, «ha provocado una actitud de recelo por parte de algunos proveedores».