Seguridad Social: ni segura ni social

El conflicto laboral que registran los hospitales de la Seguridad Social constituye el más claro testimonio de la ineficacia política si es que tan torpe actuación no responde a inconfesables intereses de un Gobierno entregado a la pugna electoral.Mientras que el empresario privado acepta el juego de la negociación colectivo que, con el apoyo de las centrales, han logrado imponer los trabajadores de sectores tan tradicionalmente duros como el metal y la construcción -el convenio de los metalúrgicos madrileños, primero en los últimos cinco años, constituye todo un ejemplo de responsabilidad neg...

El conflicto laboral que registran los hospitales de la Seguridad Social constituye el más claro testimonio de la ineficacia política si es que tan torpe actuación no responde a inconfesables intereses de un Gobierno entregado a la pugna electoral.Mientras que el empresario privado acepta el juego de la negociación colectivo que, con el apoyo de las centrales, han logrado imponer los trabajadores de sectores tan tradicionalmente duros como el metal y la construcción -el convenio de los metalúrgicos madrileños, primero en los últimos cinco años, constituye todo un ejemplo de responsabilidad negociadora-, la Administración se empeña en ignorar la fuerza de la realidad y trata de imponer sus decisiones, con desprecio absoluto hacia los intereses de los colectivos afectados por las condiciones de trabajo establecidas por decreto.

Desde el pasado 30 de enero, diversos hospitales de la Seguridad Social registran una situación conflictiva, que alcanzó ayer su cota más alta (barricadas y cinco detenidos en La Paz), con la intervención policial para impedir la celebración de asambleas, en medio de un clima de tensión de la que no se vieron excluidos tanto los enfermos que acuden a la consulta externa como los internados en el centro.

Ante esta situación, originada por la negativa del Instituto Nacional de Previsión a negociar las mejoras económicas y sociales reclamadas por los trabajadores sanitarios, la única respuesta del Gobierno se limitó a prohibir la huelga. Para ello, intervino los centros sanitarios, envió la policía a los hospitales y recurrió a los gobiernos civiles para acabar con un conflicto laboral.

La represión gubernamental ha sido inmediatamente contestada por partidos y centrales, quienes reclaman la salvaguarda del derecho constitucional a la huelga. Sin embargo, ni unas ni otras formaciones explican que la Constitución también dice que «la ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad».

Parece fuera de toda duda que la asistencia sanitaria -que ninguna situación límite puede reducirla a los casos urgentes-, con la carga psicológica que comporta el más ligero deterioro de la salud, cae de lleno en la calificación de «servicio esencial de la comunidad». Ello, no obstante, no justifica por sí sólo la medida gubernamental, máxime si su adopción no se trata de flexibilizar al máximo (cosa que no ha ocurrido en este caso) y si no va acompañada de la correspondiente actuación en el origen mismo del conflicto que la ha motivado, la negociación de unas condiciones de trabajo que afectan a un colectivo de 160.000 trabajadores tan sujetos a derecho como el resto de los trabajadores a los que no se les limita el ejercicio de la huelga como medida de presión para la defensa de sus intereses.

En este sentido, la dilación del Ministerio que encabeza el candidato ucedista al Congreso por Badajoz, Enrique Sánchez de León, ha logrado aunar la oposición del escalón más bajo de la plantilla de la Seguridad Social con el corporativismo de la clase médica.

Tan sólo el INP, organismo inexistente de acuerdo con la reforma de la Seguridad Social emprendida por el dimisionario secretario de Estado para la Seguridad Social y candidato al Congreso por Alicante en representación del partido en el Gobierno, Luis Gamir, ha iniciado una farsa negociadora que, ante la imposibilidad de entrar en el tema económico (supeditado a la aprobación de los presupuestos por las futuras Cortes), no logró prosperar.

No basta, pues, meter a la policía en los hospitales para acabar con una huelga cuyas motivaciones «se ignoran», aunque no se desconozcan. Tampoco parece lícito propiciar el deterioro de la situación a los niveles actuales, pues no es solución fomentar una radicahzación del conflicto para justificar unas detenciones con las que negociar el final de la huelga, dejando de lado las causas de ésta.

Tal procedimiento, ya conocido de algunos gobiernos civiles, no puede ser justificado por la propia Administración. Ni siquiera cuando la ineficacia de ésta lo pudiera justificar. La negocíacíón, aunque sea con las centrales que tan experto es en ignorar el señor Sánchez de León, no sólo es posible, sino que, hoy más que nunca, es necesaria para restablecer la normalidad sanitaria.