El asilo político y el terrorismo

EL MINISTRO de Asuntos Exteriores español, Marcelino Oreja, viajó ayer a París, al terminar su viaje por Africa, para plantear el tema del refugio de terroristas de ETA en territorio francés. Es un tema que se planteó ya en tiempos de Franco, y en ellos era de difícil solución por parte de Francia. La más antigua y sostenida doctrina francesa en este tema era la de un respeto considerable -y admirable- por el asilado político de cualquier país y de cualquier régimen que no respetara las libertades democráticas. Francia tiene el honor de haber sido el refugio tanto de los judíos que huían de Hi...

EL MINISTRO de Asuntos Exteriores español, Marcelino Oreja, viajó ayer a París, al terminar su viaje por Africa, para plantear el tema del refugio de terroristas de ETA en territorio francés. Es un tema que se planteó ya en tiempos de Franco, y en ellos era de difícil solución por parte de Francia. La más antigua y sostenida doctrina francesa en este tema era la de un respeto considerable -y admirable- por el asilado político de cualquier país y de cualquier régimen que no respetara las libertades democráticas. Francia tiene el honor de haber sido el refugio tanto de los judíos que huían de Hitler como de los ciudadanos de países comunistas que huían del estalinismo. Las requisitorias que se hacían entonces desde España iban generalmente firmadas por jueces militares, y Francia no reconocía en su jurisdicción a tribunales militares para juzgar civiles en tiempos de paz. La mezcla de casos entre activistas de ETA con los refugiados políticos españoles de la oposición democrática podía, por lo demás, dar origen a confusiones considerables. El advenimiento de la Monarquía parlamentaria en España ha modificado de manera sustancial ese panorama. Las administraciones de la mayor parte de los países donde había asilados españoles, algunos desde la guerra civil -especialmente en Latinoamérica- les han comunicado ya que su estatuto de refugiados había terminado y que a partir de ahora serían considerados como residentes extranjeros ordinarios -lo cual está produciendo algunos conflictos por la existencia de antiguos intereses que ahora se ven en riesgo-. Con la excepción de algún lamentable caso relacionado con la libertad de expresión y en vías ya de solución, ningún español tiene ya que cruzar la frontera para evitar ser perseguido por sus ideas o sus actividades políticas. La Constitución española ampara y protege las libertades y los derechos de los ciudadanos, al menos con la misma extensión y amplitud que en el resto de los países de la Europa democrática. Naturalmente, los crímenes y atentados terroristas, aunque se cometan bajo el disfraz de las motivaciones políticas, nada tienen que ver con el ejercicio de las libertades. Antes por el contrario, son su más feroz e implacable enemigo. El terrorista puede así quedar aislado como delincuente de derecho común; los supuestos motivos políticos que aduce no son dignos de ser tenidos en cuenta en una sociedad defensora de la convivencia pacífica que respeta las libertades de todos; aunque es lógico que cada caso de extradición solicitada lo examine un magistrado, conforme a derecho, y el amenazado tenga todas las oportunidades de ejercer su defensa.

Si la antigua figura del refugiado político español ha desaparecido, la tradicional hospitalidad francesa está sufriendo también algunas variaciones que la hacen parecer en muchos casos arbitraria e incluso aplicada a su propia conveniencia. No sólo se sigue dando amparo a los terroristas vascos, en una interpretación exagerada y abusiva del asilo político. En el extremo opuesto de esa hermenéutica, se ha concedido la extradición de quienes, en teoría, tenían derecho de asilo. Así, no fue por ejemplo demasiado justificada la extradición del abogado de la RFA Croissant, defensor de terroristas en el país que solicitaba su entrega, de no haber mediado conveniencias económicas y políticas entre los dos países. Por otro lado, la tradicional exigencia de que los refugiados no conviertan la nación que les asila en el cuartel general de sus actividades políticas es aplicada a entera conveniencia del Gobierno francés. No parece justificado que en estos momentos el ayatollah Jomeini, desde París, pueda ejercer una actividad política sobre su país, sea cual fuere la fazón y la justicia moral con que se le considere; sin embargo, Francia acaba de prorrogar su permiso de residencia con la anuencia de prácticamente todo el mundo, pero siempre bajo la sospecha de que actúa así para mantener un lazo especial con el futuro régimen iraní y con su petróleo, apostando por el triunfo de la revolución que patrocina el ayatollah. La realidad es que en los últimos años la policía francesa y el Quai d'Orsay se han valido arbitrariamente de la amplitud con que se puede considerar el estatuto del refugiado, poniendo en la frontera o entregando directamente a sus países a personas claramente inocentes de todo lo que no fuera delito político, y en virtud de que podían molestar a la política de gobierno en Francia, y amparando, en cambio, en otros casos a quienes podían ser acusados de delitos comunes.

Es preciso que Francia no siga haciendo oídos sordos a las reiteradas solicitudes españolas -quizá demasiado blandamente expuestas- que piden que, por lo menos, se ponga fin a las actividades en territorio francés de grupos o personas sospechosas de actuar con violencia en territorio español; otra cosa daría estímulo a las sospechas de que existe una especie de pacto tácito entre las autoridades francesas y los terroristas de ETA para que éstos no actúen dentro de Francia en cuestiones que puedan perjudicar la integridad francesa. Estas sospechas están alimentadas por el hecho de que la cuestión de la nacionalidad vasca no se plantee más que académica y esporádicamenie en «Euskadi Norte».

Por lo demás, no tiene por qué ponerse, ni mucho menos, en entredicho el derecho de asilo. El estatuto de refugiado político es una de las grandes conquistas de la civilización contemporánea, pero no ampara bajo él a los terroristas contra la democracia. En Francia, como aquí, hay que conservarlo y, si es posible, ampliarlo. La acusación de terrorismo, por lo demás, no debe en ningún caso esgrimirse contra los inocentes, como parece que puede ocurrir en España con refugiados latinoamericanos que están sufriendo un trato amenazador. Ahora bien, ¿qué diría el Gobierno francés si en Jaca o Fuenterrabía existiera un «Gobierno» corso o bretón en el exilio, y en Aragón o Guipúzcoa se preparasen y recibieran apoyo las acciones terroristas de los nacionalistas de Bretaña o Córcega, que de cuando en cuando actúan contra Francia y hasta también han llegado a causar víctimas humanas?